La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, señala que la Ley de Seguridad Interior propone un modelo contrario a una Política de Seguridad Ciudadana y expresa la preocupación de los defensores de derechos humanos del país por incluir medidas irrazonables y desproporcionadas.

BOGOTÁ, Colombia. 2 de marzo de 2018.- En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior es la muestra de la construcción no democrática de las políticas de seguridad en México, que representan un retroceso.

En el marco del 167 Periodo de Sesiones de la CIDH, que se celebra en Bogotá, Colombia, la Ombudspersoncapitalina presentó la postura de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), conformada por 33 Comisiones y Defensorías públicas del país.

Ramírez Hernández enfatizó que dicha Ley propone un modelo contrario a una política de seguridad ciudadana. Por ello, dijo, a la FMOPDH preocupa el establecimiento de medidas irrazonables y desproporcionadas, propias de un Estado autoritario.

La presidenta de la CDHDF subrayó la afectación que esta Ley tiene a la autonomía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, porque las fuerzas armadas mexicanas pueden exigirles información, incluida la relativa a datos de víctimas de violaciones a derechos humanos protegidas por la legislación de datos personales.

Nashieli Ramírez indicó que la negativa a proporcionar dicha información puede ser motivo de solicitar la destitución de los/as presidentes/as de la Comisiones y Defensorías Públicas de Derechos Humanos, contrario a lo que establecen los Principios de París en esta materia.

Por este motivo, pidió a la CIDH que solicite una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se analice si esta Ley de Seguridad Interior es compatible con las obligaciones en derechos humanos del Estado mexicano.

La audiencia “Derechos Humanos y Ley de Seguridad Interior de México” fue promovida ante la CIDH por 29 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y nueve personas interesadas en el tema.