La CNDH y la FMOPDH les piden también reconocer legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos, al que calificaron de alto riesgo, y exigen garantías para su seguridad y que se intensifiquen las investigaciones del asesinato del ombudsman de Baja California Sur.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) demandaron la apertura de los gobernadores de las entidades federativas, así como del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la crítica, el reconocimiento en la práctica de la legitimidad de los defensores de los derechos fundamentales y el establecimiento de una agenda común en la materia.

Asimismo, calificaron de alto riesgo su actividad y exigieron al gobernador de Baja California Sur intensificar las investigaciones del homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, Silvestre de la Toba Camacho, para dar con los responsables y se les castigue conforme a la ley.

Demandaron garantías para resguardar su seguridad y la de su personal, así como presupuesto suficiente para hacer realidad su encomienda de defender y promover los derechos humanos de la población.

En reunión de trabajo en el Museo de la Ciudad de México, los defensores de derechos humanos, 13 gobernadores, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como 18 representantes de mandatarios de entidades federativas, acordaron impulsar conjuntamente el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas; establecer una agenda de temas a desarrollar y crear mecanismos para atender casos específicos, como el reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos.

Presidentas y presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos expresaron que “la negación, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos por algunas autoridades o servidores públicos, han originado actos que deshonran nuestra condición. Lograr el pleno respeto y reconocimiento al trabajo que venimos realizando es una asignatura pendiente en México”.

En este encuentro, en el que también estuvieron el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Arturo Núñez Jiménez, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que “la voluntad política que se traduce en hechos es el mejor camino para ver los avances que vayamos teniendo”.

Reprobó el artero homicidio del ombudsman de la Toba Camacho, quien se convirtió en la primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por nuestra Constitución, caso que continúa en la impunidad.

“No se debe confundir a la sociedad –dijo a los gobernadores— con afirmaciones falaces, como el señalamiento de que los defensores de derechos humanos defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello las violaciones de los derechos fundamentales”.

Acompañado por el presidente de la FMOPDH y ombudsman de Puebla, Adolfo López Badillo, González Pérez les recordó, asimismo, la importancia de cumplir con las Recomendaciones Generales 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” y 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, donde se destaca el contexto de riesgo que enfrentan y la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen acciones de política pública que abonen en la prevención de las agresiones que reciben.

Además, les solicitó realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, así como para respetar sus derechos en el ejercicio de sus actividades, para sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos.

Les pidió también tomar conciencia que las políticas públicas con enfoque de derechos humanos requieren de presupuestos públicos a la altura del principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles. De ahí la importancia de que se elaboren colocando en el centro del valor público a los derechos humanos y sean éstos los que definan las directrices para los objetivos del gobierno.

Por su parte, López Badillo señaló que los OPDH son órganos del Estado y defensores de la sociedad, y que cada resolución que emiten es en beneficio de las personas y la población, y la hacen con estricto apego a la ley, coadyuvando con el ejercicio de la función pública.

Expresó que debe resolverse la crisis de seguridad pública, que ha cobrado la vida de un Ombudsman estatal, ya que están inermes ante el ataque de la delincuencia organizada, y dijo que la defensa y la promoción de los derechos humanos necesita continuidad, ya que no sólo beneficia a la ciudadanía sino a las mismas autoridades.