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28 marzo, 2023 Comentarios desactivados en Más agresiones a la prensa en 2022, documenta Artículo 19 Ciudadania

Más agresiones a la prensa en 2022, documenta Artículo 19

La organización señala que México sigue posicionado como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente y afirma que aquí hay una “endeble condición” de la libertad de expresión.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de marzo del 2023.- La organización Artículo 19 señaló que “el 2022 rompió el récord de agresiones contra la prensa, con un ataque documentado cada 13 horas”, afirmó que “con 12 periodistas asesinados, México se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra”, y aseguró que en el país hay una “endeble condición” de la libertad de expresión.

En su informe anual 2022, denominado Voces contra la indiferencia, sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, la agrupación civil también destacó, en forma contrastante, que el año pasado, sólo 10 medios de comunicación recibieron el 54.8 por ciento del gasto en publicidad oficial.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, compartió que el informe busca hacer un homenaje a las voces de periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos y comunidades indígenas, que hoy confrontan su discurso con otras voces hegemónicas y la monopolización del debate sobre lo público.

Manifestó que en los últimos cuatro años del gobierno que se erigió como “transformador”, el panorama de la libertad de expresión continúa con una marcada tendencia de deterioro, que se remonta a la primera alternancia partidista en el poder, en el año 2000, y que ha reducido el derecho a la información y promueve una expresión inofensiva y poco crítica del poder.

Como ejemplo, refirió que el 2022 representó un hito inimaginable en lo que a violaciones de derechos humanos se refiere. En mayo del año pasado, el país llegó a la cifra de 100 mil personas desaparecidas. Según cifras oficiales, entre 2019 y 2022, se han registrado más de 30 mil de estos casos y se estima que, debido al alza y continuidad de la violencia, al finalizar el sexenio podrían ser de más de 60 mil.

Maldonado recordó también el casi nulo avance institucional en temas de seguridad y justicia, donde el informe revela un déficit importante en la respuesta en defensa de víctimas. Como ejemplo, compartió que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se registraron mil 504 personas en el padrón local de víctimas de la Ciudad de México, de las cuales solamente 186 han recibido apoyo con recursos económicos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral capitalino.

Violencia que no cesa

Como la parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Artículo 19 expuso que en 2022, registró 696 ataques contra la prensa, convirtiéndose así, en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007. Los 12 asesinatos registrados el año pasado también sellaron el año más letal para la prensa junto con 2017.

La organización también expuso que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53 por ciento) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.

“En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden”, detalló.

En este mismo sentido, el informe reveló que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.

Asimismo, Artículo 19 registró que, en el último año, en al menos 176 ocasiones, el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.

De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insistió en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.

“En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social. Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8 por ciento del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6 por ciento se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca”, precisó.

Militarización y espionaje

El informe también dio cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.

De acuerdo con Artículo 19, estas filtraciones confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos que investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria; y lo que es más, se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales, con la finalidad de “desmentir” el uso de malware.

También mencionó que el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido utilizado como pretexto para reactivar discusiones al interior del Legislativo e impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.

Asimismo, refirió que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271 por ciento menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.

Instituciones sin rumbo

El reporte también resaltó que la creciente militarización del país se ha dado a costa de un nulo avance institucional, donde destaca que la procuración de justicia tampoco avanza a los niveles y al ritmo esperados.

Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de mil 592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias (contando las cuatro logradas el año pasado).

Adicionalmente, durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos, de cara a este año, existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En este mismo sentido, expuso la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En lo que va de la administración de Rosario Piedra, 17 de las 28 recomendaciones dirigidas a la Sedena, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) se refieren a hechos ocurridos antes del uno de diciembre de 2018.

Asimismo, asentó que la CNDH ha demostrado una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual. La Comisión se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad frente a las reformas que convirtieron a la Guardia Nacional en un cuerpo castrense y respaldó las propuestas para reformar el INE en línea con el discurso oficial.

Descarga el informe en este enlace.

https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/

 

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