En “fast track”, la Semarnat aprobó 7 programas de mitigación y compensación ambientales, pero la SCT y las compañías contratadas tenían prisa y reiniciaron la ampliación de la avenida Costera antes de la aprobación, para cumplir el capricho de Alejandro Moreno.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 15 de agosto del 2018.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó “fast track” las condicionantes del proyecto de ampliación de la avenida Costera –“megaobra” anunciada por Alejandro Moreno Cárdenas en su segundo y tercer informes- y autorizó el 26 de abril del 2018, apenas 23 días después y no los tres meses que le requirió en su dictamen, el reinicio de las obras.
La dependencia federal, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGRIA), permitió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo del empleado de Moreno Cárdenas, Eliasib Polanco Saldívar, derrumbara 333 árboles de mangle y otras especies propia de la selva, para la “terminación y operación de la modernización de la carretera Costera del Golfo”.
Sin embargo, la Dirección del Centro SCT Campeche y las empresas que contrató reiniciaron la obra, en los primeros días de abril, luego de purgar una clausura de más de cuatro meses, antes de recibir la aprobación a los siete programas de mitigación y compensación ambientales, como exigía el resolutivo emitido por la DGIRA el tres de abril del 2018.
El tres de abril, la Semarnat autorizó, de manera condicionada, la conclusión de la avenida Costera, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá que esperar al menos tres meses para reiniciar los trabajos, pues antes tiene que presentar siete programas de mitigación y compensación ambiental, para su validación.
La Secretaría de Medio Ambiente emitió el permiso para “la ejecución de las obras pendientes de construcción y la operación de la modernización de una vía general de comunicación, la cual se ubica en ecosistema costero y tres mil 677 metros inciden dentro de la poligonal de la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat publicó el sentido de su dictamen en la gaceta ecológica DGIRA-012-18, fechada el cinco de abril pasado, en la que indica que el proyecto, con clave 04CA2018V0004, presentado por el Centro SCT Campeche, fue autorizado con fecha tres de abril del 2018.
Entre la condicionantes impuestas por la DGIRA, resaltan “la adquisición de un instrumento de garantía debidamente justificado, para su análisis y validación de manera previa al inicio de las obras y actividades del proyecto. El tipo y monto de la garantía se soportará en el Estudio Técnico Económico (ETE) que respalde los costos de la realización de las estrategias de control, mitigación y compensación ambiental, establecidas para el proyecto”. Esto, al 26 abril, aún estaba pendiente por cumplirse.
Recientemente, el siete de agosto, Alejandro Moreno manifestó que esta “es una obra que tenía más de 20 años que no podía realizarse por trabas, por permisos ambientales no otorgados. Muchos no la creían posible y decían que no se realizaría. Pero hoy lo digo y lo reafirmo, para nosotros no hay imposibles. Con carácter, con decisión, con profesionalismo y trabajando en equipo, superamos dos años de trámites y logramos echar a andar la obra que se convertirá en la entrada más moderna a la ciudad de Campeche y en las próximas semanas, con ustedes, la vamos a inaugurar”.
Ejemplo de corrupción
El 25 de julio del 2018, Página 66 publicó que el más claro ejemplo de corrupción en Campeche es la modernización de la avenida Costera: No contó con proyecto ejecutivo completo, ni con autorización ambiental previa, los contratos se otorgaron a las empresas con las propuestas más caras, se inflaron los costos y se pagó por trabajos no ejecutados, no justificados, ni comprobados.
En su dictamen sobre una auditoría de inversiones físicas a la SCT, que forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que recuperó nueve millones 473 mil pesos en el transcurso de la revisión, con motivo de su intervención y que quedaron pendientes de aclaración 51.6 millones de pesos.
“El presente dictamen se emite el 14 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, la SCT no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, dictaminó.
Entre los “aspectos observados destacan los siguientes: Se inició la ejecución del proyecto sin haber obtenido previamente la autorización en materia de impacto ambiental y sin contar con el proyecto ejecutivo completo; en el proceso de licitación se desecharon propuestas más bajas, sin haberlas valorado por el mecanismo de puntos y porcentajes como se estableció en la convocatoria, lo que redundó en una valoración inequitativa de las propuestas técnicas, y en consecuencia, que se descalificaran dichas proposiciones más bajas que las ganadoras, vulnerando así el principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles”, indicó.
También encontró que hubo “incumplimiento de las supervisiones externas, ya que permitieron pagos por trabajos, tanto no ejecutados, como no justificados ni comprobados; no registraron en dos bitácoras electrónicas los avances y aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución de los trabajos”.
Más información en:
