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29 marzo, 2022 Comentarios desactivados en Más violencia contra defensores ambientales en 2021 Ciudadania

Más violencia contra defensores ambientales en 2021

Cemda contabiliza 238 agresiones contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente, entre ellas 25 asesinatos, por lo que el año pasado es el más violento desde 2014. En Campeche, se registraron dos eventos de agresión, perpetrados por el gobierno federal.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo del 2022.- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) afirmó que durante 2021, continuó en ascenso la violencia contra las personas y comunidades defensoras del medio ambiente.

La organización civil informó que “el número total de agresiones de diversos tipos fue de 238, casi 165 por ciento más que durante el año 2020” y que “el número de personas defensoras asesinadas durante 2021 fue de 25, siete más que en el año 2020”.

Identificó a Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos como las entidades con el mayor número de agresiones letales en contra de personas defensoras.

El Cemda dio a conocer la edición 2021 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, que anualmente elabora, y manifestó que “en el periodo que abarca del primero de enero al 31 de diciembre de 2021, ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales”.

“Cabe señalar que en un evento de agresión, se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, por lo cual, el número total de éstas fue de 238.  Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15 por ciento y las agresiones aumentaron 164.44 por ciento respecto al año 2020”, detalló.

Destacó también que “el 2021 se convierte en el más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que Cemda elaboró su primer informe”.

Agresiones por categoría

En esta edición, se documentó como la agresión más común a la intimidación con 65 registros (27.31 por ciento del total); seguida por el hostigamiento, con 36 registros (15.13 por ciento); las amenazas, con 31 registros (13.03 por ciento); las agresiones físicas, con 24 registros (10.08 por ciento), y los homicidios, con 22 registros (9.24 por ciento), entre otros.

En cuanto a los homicidios, por tercer año consecutivo, se registró un aumento en el número de personas defensoras ambientales asesinadas. Durante 2021, el Cemda documentó, al menos, 25 casos de personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio, víctimas de agresión letal. Esto significa siete personas más asesinadas en comparación con el año 2020, cuando se registraron 18 casos.

De esta manera, el año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del Cemda (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017. Es así que, al menos, 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal.

Agresión por entidad federativa

Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de ocho personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales dos se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales. Se observa un incremento considerable de las agresiones en dicha entidad, pues en 2020 se registraron 2 víctimas de homicidio en este estado.

El caso que destaca por la violencia que lo rodea es el de Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que, desde hace décadas, resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde.

Durante 2021, en dicha comunidad fueron asesinados en el marco de dicho conflicto Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jiménez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.

Guerrero, Sonora y Morelos son las entidades con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero, se documentaron cuatro asesinatos (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia); por su parte, Sonora registró también cuatro asesinatos (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia), los dos últimos pertenecientes a la nación Yaqui;  y en Morelos, se registraron tres homicidios (José de Jesús Sánchez García, Rodrígo Moralez Vázquez y Alejandro García Zagal).

En cuanto a otro tipo de eventos de agresión, los estados que encabezan la lista son Oaxaca con 24, Yucatán y Sonora, con 10 respectivamente, así como Guerrero y Morelos, con ocho eventos de agresión cada uno.

Agresiones por tipo de víctima

El 46.3 por ciento de las agresiones fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas, seguido de un 27.8 por ciento dirigido hacia integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercer lugar, un 17.6 por ciento orientado hacia personas defensoras independientes.

Los eventos de agresión cometidos en contra de mujeres defensoras ambientales ascendieron a cinco, correspondiente al 4.63 por ciento; mientras que aquellos realizados contra hombres defensores alcanzaron una cifra de 55, correspondiente al 50.9 por ciento. Cabe mencionar que en 2021, se registró la comisión de una probable desaparición forzada en contra de una mujer defensora.

Agresiones por sector

En el 2021, el sector con mayor número de agresiones fue el minero, con 19 eventos (17.6 por ciento del total documentado). En segundo lugar, se identificó al sector hídrico, con 18 (16.7 por ciento); seguido del sector de energía eléctrica, con 17 (15.7 por ciento); en cuarto lugar, el sector de vías de comunicación, con 14 (13 por ciento) y en quinta posición, se identificó al sector forestal, con 12 eventos de agresión (11.1 por ciento del total).

Es importante destacar que, en cuanto a la letalidad de los ataques, se identificó al sector de energía eléctrica en primer lugar, con un total de ocho asesinatos. Le sigue el sector forestal, con cinco agresiones letales, de las cuales dos corresponden a probables ejecuciones extrajudiciales.

Agresiones por tipo de agente perpetrador

En 42 eventos de agresión registrados. no fue posible identificar al agente perpetrador de ésta. En 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas, en 10 eventos a gobiernos estatales, en nueve a la delincuencia organizada, en seis a empresas privadas y en cinco a gobiernos municipales.

El gobierno, en los tres órdenes y su actuar en conjunto con otro agente de la agresión, constituye el primer agente agresor con mayor incidencia al participar en 45 de los 108 eventos de agresiones documentados durante 2021 (41.7 por ciento del total). Esto lo convierte, por segundo año consecutivo, en el agente agresor con mayor concurrencia en la perpetración de las agresiones contra las personas y comunidades defensoras ambientales.

Como resultado del ejercicio realizado por Cemda en los últimos ocho años, ha sido posible identificar algunos factores que explican la grave situación de violencia contra personas y comunidades defensoras.

En primer término, se pueden mencionar procesos en materia ambiental que no se realizan de manera legal, que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía y que, en general, no se apegan al estándar de protección constitucionalmente instaurado en el actual bloque de constitucionalidad mexicano.

Ejemplo de ello es el Acuerdo presidencial de 22 de noviembre de 2021 por el cual se considera a proyectos y obras del gobierno de México como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional, el cual, al generar un estado de excepción,  trae consigo importantes consecuencias que ponen en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos.

En segundo lugar, destaca la lentitud y omisión del poder judicial para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Además, en algunos casos, contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras. En tercer lugar, persisten fiscalías omisas en su obligación de investigar hechos de violencia; finalmente, destaca la ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras para desarrollar su labor.

 

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