En un estado donde se usa la radio y la televisión públicas para promover la imagen de Alejandro Moreno y atacar a los “enemigos de Campeche”, la CNDH señala que estos medios deben trabajar con autonomía e independencia del poder público y en favor de la democracia y los derechos humanos.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 10 de noviembre del 2017.- En un estado donde el sistema de radio y televisión se utiliza eminentemente para promover la imagen pública del titular del Poder Ejecutivo estatal y atacar a quienes considera Alejandro Moreno Cárdenas los “enemigos de Campeche”, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que en los fines de los medios de comunicación públicos y universitarios de todo el país está proporcionar un servicio de interés general, eminentemente social, en favor de la promoción de los derechos humanos, ya que no se trata de instrumentos al servicio del poder público.

El ombudsman nacional subrayó que ante el complejo entorno por el que México atraviesa, en que se requiere contar con información objetiva, oportuna y suficiente para la toma de decisiones informadas y libres para superar los problemas que nos afectan, los medios de comunicación tienen innegable responsabilidad ante la sociedad, al ser el recurso básico al que acude gran número de personas en busca de información para formarse una opinión sobre un tema o asunto.

González Pérez destacó que para cimentar una cultura en materia de derechos humanos, los medios masivos de comunicación públicos y privados, por su alcance e influencia en la formación y transmisión del conocimiento, están en posibilidades reales de contribuir a lograrlo.

Al impartir la conferencia magistral “La importancia de los medios públicos en la promoción de los derechos humanos”, en el marco de la XXV Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que agrupa a más de 60 medios de comunicación públicos y universitarios en todo el país, destacó que lo anterior contribuirá a que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y puedan hacerlos valer, y para que las autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno cumplan con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

“Los medios públicos –explicó— pueden generar reflexión, análisis, debate y participación colectiva en diversos temas, entre ellos sobre derechos humanos, que permitan el intercambio de conocimientos y experiencias que deriven en tomas de decisiones públicas. En este sentido, son un foro importante en que las ideas se expresen libremente y en donde la información, la opinión y la crítica circulen, mostrándose como una radio y televisión autónoma e independiente del poder público”.

Amenaza a libertad de expresión, impunidad de crímenes contra periodistas

El titular de la CNDH puso en relieve que los medios, los periodistas y los comunicadores, mediante el ejercicio responsable del derecho de la libertad de expresión, tienen la oportunidad de hacer una aportación muy relevante sobre la defensa y promoción de los derechos fundamentales al coadyuvar al enriquecimiento de la vida cívica de la sociedad y al contribuir a la democracia.

También enfatizó que los medios públicos pueden ayudar a sensibilizar a los gobiernos sobre la importancia de la libertad de expresión y la amenaza que constituye para ésta la impunidad de los crímenes contra los profesionales de la prensa, de manera que los gobernantes respeten y fomenten la seguridad de los periodistas para que realicen su labor con libertad e independencia.

Tras señalar que los agravios a periodistas fueron 96 en 2014; 80 en 2015; 98 en 2016, y 70 en lo que va del presente año, refirió que, a partir del año 2000, han ocurrido 130 homicidios de periodistas, 20 desaparecidos a partir de 2005 y 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación a partir de 2006. Además, existe un indicador que resulta preocupante: en los últimos años, las mujeres periodistas han pasado a ser blanco de amenazas y agresiones de manera creciente a partir de 2010.

Luis Raúl González manifestó que, en razón de los anterior, las procuradurías de justicia deben, en los casos de agravios a periodistas, poner en el centro de la violación a la libertad de expresión; investigar con perspectiva de género, además, debe llevar a cabo una estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación y mejora en los servicios periciales, para que se investiguen adecuadamente las agresiones a periodistas cuando ello ocurra y se sancione a los responsables. Es importante que la política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, tome en consideración, cuando ello sea pertinente, la opinión de los propios periodistas, aseguró.

El ombudsman nacional detalló la Recomendación General 24/2016 Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México y la importancia de la labor de los medios de comunicación en la difusión de temas relacionados con la pobreza, salud, discriminación, vulnerabilidad, racismo, xenofobia y migración, así como servir de canal para que las voces de los pobres y marginados sean escuchadas.

Reconoció que gran parte del éxito del trabajo del ombudsman radica en la difusión de sus acciones y resultados, teniendo a la publicidad de actuación como principio sin el cual toda su actividad no tendría efectos, subrayó que una sólida relación con los medios masivos de comunicación es condición indispensable para difundir lo que realiza y llegue esa información a la sociedad, y expresó su deseo porque los medios públicos continúen su trabajo en favor de nuestra democracia y de los derechos humanos de todas las personas.