Comprobado: Se construye fuera de la ley “megaobra” de...

Que Semarnat y Profepa sancionen a violadores de ley...

17 diciembre, 2017 Comentarios desactivados en “Megaobra” de “Alito” no tiene autorización: Semarnat Campeche

“Megaobra” de “Alito” no tiene autorización: Semarnat

La dependencia federal revela que el constructor Jorge Manuel Gordillo, de Construcciones y Conservaciones Calakmul, una de las empresas contratadas por la SCT para la ampliación de la avenida Costera, inició el trámite de exención de MIA, pero fue rechazado por incompleto.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 17 de diciembre del 2017.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también confirmó que la ampliación de la avenida Costera no cuenta con autorización ambiental y que solo recibió una solicitud del constructor Jorge Manuel Gordillo Coral, de Construcciones y Conservaciones Calakmul, una de las empresas contratadas para el trabajo en los primeros dos mil 900 metros de la obra, pero la rechazó por incompleta.

Página 66 recibió copia del oficio SGPA/DGIRA/DG/08510 -como respuesta a una solicitud de información-, en el que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat se declaró “imposibilitada para determinar la competencia federal para la evaluación del proyecto en materia ambiental, en virtud que la promovente no evidenció que éste se constituye como una vía general de comunicación”.

En el escrito fechado el 14 de noviembre del 2017, se revela que el trámite ante la dependencia federal la inició el representante de la compañía constructora cinco días después de que inició los trabajos en la obra para la que fue contratada, el 23 de octubre, con lo que se confirma lo publicado oportunamente por este reportero, que la “megaobra” anunciada por Alejandro Moreno Cárdenas en su segundo informe, no contaba con permiso ambiental.

El constructor Gordillo Coral inició el trámite de exención de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto denominado “Modernización y ampliación de la carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche”, ante la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente en Campeche, con un oficio fechado el 18 de octubre.

De acuerdo con la DGIRA, el Administrador Unico de Construcciones y Conservaciones Calakmul no probó que la obra se desarrolle en vías generales de comunicación y solo entregó los contratos firmados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que prácticamente desechó el trámite iniciado para evadir la presentación de un estudio ambiental para la ampliación de la avenida Costera.

Mientras las dependencias federales terminan de ponerse de acuerdo, las empresas constructoras avanzan, impunemente, en la “modernización” de la vía que comunica con la carretera federal Campeche-Mérida, sin contar con la respectiva autorización, como lo mandata la legislación ambiental.

Las compañías ya comenzaron a ampliar los drenajes en la avenida Costera, lo que está alterando el flujo hidrológico existente entre los manglares de uno y otro lado de la vía, violando también lo estipulado por la Ley General de Vida Silvestre respecto a los humedales y las obras y actividades que pueden desarrollarse en dentro y en sus alrededores.

El “mea culpa” de la SCT

Este diario electrónico publicó ayer que la SCT confirmó que no cuenta con autorización ambiental para la ampliación de la avenida Costera y reveló que busca darle la vuelta a la legislación ambiental para no presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a través de un trámite de exención.

En un oficio del Centro SCT Campeche, fechado el 24 de noviembre del 2017, un día después de la reunión de su director, Eliasib Polanco Saldívar, con el secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa, para tratar el tema, se informó a Página 66 que la Residencia General de Carreteras Federales “se encuentra en gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del trámite de exención de presentación de MIA”, de manera extemporánea.

El funcionario entregó también copia del contrato para la modernización y ampliación de la carretera costera del Golfo en los primeros 2,900 metros, como se conoce oficialmente la obra, asignado a las empresas Construcciones y Conservaciones Calakmul, de Jorge Manuel Gordillo Coral, Construcciones y Conservaciones Xpujil, de Deysi del Carmen León Hernández, y Concretos Asfálticos de Campeche, de Manuel de Jesús Gordillo Zepeda, por un monto de 54.5 millones de pesos.

El segundo tramo, entre el kilómetro 2+900 y el 5+800, lo harán, según el contrato, el Grupo Constructor Patterson, de Jaime Patterson Cifrián; el contratista Jorge Armando Iriarte Simón, el Grupo Constructor de Desarrollo Mexicano, de Jorge Armando Iriarte Simón, y Zitrokava, de Juan Francisco Velueta Méndez, por un monto de 73.2 millones de pesos.

La impune construcción

El 24 de noviembre, este reportero dio cuenta de que, un día antes, la administración de Moreno Cárdenas, a través del secretario Aysa González, dictó línea a los delegados federales involucrados para salir del embrollo de la construcción, sin autorización ambiental, de la ampliación de la avenida Costera.

La Semarnat había advertido que “la legislación ambiental vigente establece que ninguna obra o actividad podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización en materia de Impacto Ambiental que emite esta DGIRA”, mucho menos dentro de un área natural protegida, como “Los Petenes”.

Antes, el 17 de noviembre, se publicó que a un mes de iniciadas las obras de ampliación de la avenida Costera, la Semarnat no ha actuado contra los responsables, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiented (Profepa), pese a que no cuentan con autorización de impacto ambiental.

La SCT o la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SDUOPI) -que hizo el primer trámite para su autorización ambiental-, no han vuelto a ingresar el estudio ambiental del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Semarnat, luego de que fuera rechazado el pasado mes de junio.

El proyecto de “Modernización y ampliación de dos cuerpos, aprovechando los ya existente, de 9.5 metros de corona del kilómetro 0 al kilómetro 5+800 de la carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida”, se encuentra dentro y en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera “Los Petenes”.

Las dependencias federal y estatal estarían violando impunemente, ante la inacción de la Profepa, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la LGEEPA para la Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), que señalan claramente cuáles proyectos deben ser evaluados en su impacto ambiental.

En este caso, se trata de obras o actividades de vías generales de comunicación, que incluirá el cambio de uso de suelo de manglar y selva en un humedal, como lo reveló en su primer estudio ambiental entregado a la DGIRA, y están dentro y aledañas a un área natural protegida, en específico “Los Petenes”.

El artículo 5 del Reglamento específica que entre las obras y actividades que requieren previamente autorización en materia de impacto ambiental, están “las vías generales de comunicación, como las carreteras…, que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, selvas…, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales”.

Quedando solo exentas las de “carreteras que se construyan sobre caminos ya existente, para un tránsito promedio diario de hasta un máximo de 500 vehículos, en las cuales la velocidad no exceda de 70 kilómetros por hora, el ancho de calzada y de corona no exceda los seis metros…”. En este caso no es así, porque el promedio diario es de más de 500 vehículos, la velocidad es para más de 70 kilómetros por hora y el ancho de corona alcanza los 9.5 metros.

También hay excepciones si la obra no incluye “la eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables”. En la avenida Costera, se prevé, según el primer estudio ambiental, la destrucción de manglar y selva.

Igualmente, se tiene que presentar manifestación de impacto ambiental en el caso de “cualquier tipo de obra civil en humedales, manglares”.

 

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