La Ley de Seguridad Interior carece de sustento constitucional y otorga a las fuerzas armadas funciones en materia de seguridad pública, que no le corresponden. También da facultades discrecionales al presidente para ordenar acciones militares, sin Declaratoria de Protección.

CIUDAD DE MEXICO, 30 de noviembre del 2017.- Los legisladores federales de Morena votaron hoy en contra de la nueva Ley de Seguridad Interior, porque carece de sustento constitucional, militarizará a nuestro país, y otorga al Ejército funciones en materia de seguridad pública que no le corresponden.

Los diputados morenistas también argumentaron que la nueva ley legaliza la actuación militar en tareas de orden civil y da facultades discrecionales al presidente de la República para ordenar acciones de las fuerzas armadas, sin que previamente haya existido una Declaratoria de Protección.

Fueron Ernestina Godoy, Maricela Contreras, Virgilio Caballero y Alejandro Ojeda a quienes les tocó presentar la postura de Morena ante el pleno de la Cámara de Diputados sobre el dictamen que expide dicha ley, y que apenas este mismo jueves fue discutido en la Comisión de Gobernación para luego ser turnado a la mesa directiva.

Todos coincidieron en que la Ley de Seguridad Interior, además, permitirá encubrir las acciones de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico sin observar las disposiciones para la protección de los derechos humanos, así como de rendición de cuentas y transparencia.

Al dar el posicionamiento de su partido, Godoy Ramos expuso que mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior son cuestiones del ámbito de la seguridad pública, cuya función se encuentra a cargo de la Federación, los estados y municipios.

“Esta ley no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal. Por el contrario, se está legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el estado de excepción en el que nos encontramos desde hace más de diez años”, aseveró.

Resaltó que la nueva ley dota de atribuciones a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de investigación y persecución de delitos, lo que es contrario a la Carta Magna, y que ello podría derivarse en el debilitamiento del nuevo sistema de justicia penal, tanto por las garantías del debido proceso como el supuesto de la presunción de inocencia.

“Se otorgan facultades discrecionales al presidente para ordenar acciones que impliquen el uso de las fuerzas armadas, sin que previamente haya existido la declaratoria de protección. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, es responsable directo de las acciones que realice el Ejército”.

La diputada manifestó que el nuevo ordenamiento significa la repetición de los mismos errores de una guerra iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón; normaliza el estado de excepción; mantiene al Ejército en las calles con funciones distintas a su naturaleza, y muestra la incapacidad para profesionalizar a las corporaciones policíacas federal, estatales y municipales.

Antes, la diputada Maricela Contreras Julián presentó una moción suspensiva al dictamen, con el argumento de que se pretende denostar el papel de las Fuerzas Armadas imponiéndoles obligaciones que no les corresponden.

Aseveró que al Ejército y Marina se les quiere endilgar la responsabilidad de la seguridad pública ante la incapacidad, corrupción, falta de profesionalismo y la complicidad de los propios cuerpos policíacos con la delincuencia.

“La guerra contra el narcotráfico ha salpicado de sangre a las Fuerzas Armadas y eso no tiene ninguna justificación. Y no es responsabilidad del Ejército. Es claramente un señalamiento a los Comandantes Supremos de las Fuerzas Armadas en estos diez años que tienen nombre y apellido: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

En la máxima tribuna del país, insistió que no es responsabilidad del Ejército realizar tareas de investigación, prevención y contención del delito. Además, subrayó, la propuesta de ley no contiene los mínimos estándares para preservar los derechos humanos, ni contempla las bases para atacar el problema estructural de la grave crisis inseguridad que atraviesa el país.

“Que quede muy claro: reconocemos el trabajo que el Ejército realiza en esta noble labor en la sociedad mexicana, auxiliándola en los desastres nacionales y atentos a la defensa de la soberanía nacional. Estamos en contra de la manera en que quieren perpetuar un error histórico que ha dejado muerte y terror en la sociedad”, puntualizó.

Por su parte, durante la discusión en lo general del dictamen, el diputado Virgilio Caballero advirtió que la impunidad es ya una gran bola de nieve que crece a diario y con la ley que se propone, ello se convertirá en una verdadera avalancha que podrá sepultar a las instituciones públicas, a la incipiente democracia mexicana y a la viabilidad de la nación.

“Es una Ley caracterizada por la ambigüedad, el secretismo, la opacidad, el sigilo, que genera impunidad y la posibilidad de incrementar las violaciones a los derechos humanos sin contrapeso alguno”, afirmó el vicecoordinador de la bancada de Morena.

También hizo notar que, hoy por hoy, la seguridad pública es el tema más sensible en nuestra sociedad y los legisladores del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, así como sus aliados, no le están haciendo un favor a la sociedad al dejar el asunto en manos de los militares.

A su vez, el diputado Alejandro Ojeda Anguiano criticó que la Cámara de Diputados legisle por presión de los grupos parlamentarios de mayoría en materia de seguridad interior, una figura que no existe en la Constitución Mexicana, y que ignore la regulación de la Guardia Nacional. “No entiendo cómo es que se presenta una propuesta para crear una ley que no tiene respaldo constitucional”.

Asimismo, cuestionó que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada vía fast-track e impulsada por el partido en el poder con la intención de generar escenarios poco confiables en materia política y electoral.

Morena en contra de dictamen en Comisión de Gobernación

El grupo parlamentario de Morena se pronunció esta mañana en contra del dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, porque sus integrantes no están de acuerdo en que el Ejército y la Marina hagan trabajos de seguridad pública, porque su labor fundamental es proteger la soberanía nacional.

“Espero que los partidos que tienen contemplado votar a favor, hagan un análisis porque van a meter al Ejército, a una institución que tenemos de cuidar, a un desgaste; la van a meter a una confrontación con los ciudadanos. Y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque así ha pasado en todos los países del mundo”, advirtió la diputada Rocío Nahle García.

En el marco de la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación, donde se discutió el dictamen, la coordinadora de la bancada de Morena recordó que cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico, las Fuerzas Armadas fueron sacadas a las calles, por lo que ahora es necesario dotarlas de respaldo legal.

“La violencia en las calles está desatada. Ahí está la Marina, está el Ejército afuera y esta propuesta de ley, pues el Ejército dice: ‘oye, estoy afuera y no tengo elementos jurídicos’”, recalcó la también secretaria de dicha Comisión.

Al respecto, subrayó que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior es contrario a lo que dictan los tratados internacionales suscritos por el gobierno federal y a las recomendaciones de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque se militarizan las calles, al darle apertura a las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Nahle García sostuvo que si bien el Ejército y la Marina están desesperados porque legalmente no tienen las herramientas para ejercer dicha labor, se ha demostrado que una vez que éstos salen a las calles siempre hay problemas. Con este dictamen, agregó, sin duda los derechos humanos serán trastocados.

“Este colectivo (Seguridad Sin Guerra) está dando una cifra muy importante: de 190 quejas por año que se tenían en la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes del 2006, hoy llegamos a mil 75 quejas por año de desapariciones, torturas, violaciones a derechos humanos, etcétera”, enfatizó en compañía de los diputados Sandra Luz Falcón y Alejandro Ojeda, también de Morena.