Ya suman 32 días de impunidad del Congreso, por órdenes de Alejandro Moreno, al impedir que el partido Morena tenga representación legislativa. Ni el Tribunal Electoral, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la justicia federal resuelven denuncias y quejas.

Por Daniel Sánchez

Hace ya 32 días que el titular del Ejecutivo estatal, Alejandro Moreno Cárdenas, ordenó a su prima política, la presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche, Laura Baqueiro Ramos, dejar sin representación al partido Morena en la LXII Legislatura, a tres meses de concluir su gestión.

Ante la licencia de nueve días, inicialmente, y posteriormente, por ausencia indefinida, del primero en la lista de diputaciones plurinominales del partido morenista en la elección del 2015, la Junta de Gobierno y Administración, la Secretaría General y la mesa directiva del periodo de sesiones decidieron no llamar a un servidor para seguir ocupando la vacante de diputado local, como marcan la Constitución estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Ante este desacato a las leyes vigentes, el 18 de julio del 2018 presenté un escrito ante la Secretaría General, dirigido a la Junta de Gobierno y Administración, para solicitar mi reintegración a las labores legislativas. La solicitud fue remitida a la mesa directiva, sin que en las últimas sesiones del periodo ordinario fuera atendida.

El 19 de julio, acudí de nuevo al Palacio Legislativo para interponer un juicio para la protección de mis derechos político-electorales, el cual fue remitido al Tribunal Electoral del Estado de Campeche el 20 de julio y el 25 de julio. Este último día se acordó la admisión y se le asignó el número TEE/JDC/32/2018. El expediente ya está en manos del magistrado Víctor Rivero Alvarez, quien será el encargado de elaborar una resolución.

El 23 de julio, presenté una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CDHEC), dirigida a su presidente, José Antonio Renedo Dorantes, para que se protegieran mis derechos políticos, ante la negativa del Congreso a reinstalarme en la diputación local, y se emitieran medidas cautelares que permitieran garantizar en forma inmediata el ejercicio de mis derechos, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Una semana después, el 30 de julio, acudí a ver el avance de la queja interpuesta, a la cual se asignó el folio 10622018. Un empleado de la CDHEC me informó que aún no se le había asignado el número de expediente, que aún sería revisado el escrito presentado, ya que habían estado de vacaciones y el personal aún estaba regresando de su asueto.

Tres días después, este 2 de agosto, recibí la llamada de un empleado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que me cuestionó si todavía era necesario que se iniciara el procedimiento de queja, ya que había leído en redes sociales, específicamente en la página de Novedades de Campeche, que ya sería llamado a rendir protesta, junto con otros cuatro sustitutos. Le dije que el Congreso seguía en desacato y que no había nada de eso, que dieran curso al escrito presentado.

El 25 de julio, presenté un juicio de amparo indirecto, ante el Juzgado de Distrito, ante las actitudes ilegales asumidas por el secretario general, Ramón González Flores, y la presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Laura Baqueiro, por órdenes del titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Moreno, para obtener la protección de la justicia federal.

Hasta ahora no se ha iniciado el procedimiento correspondiente por esta vía.

La no respuesta pronta y expedita de la justicia estatal y federal, y del organismo defensor de derechos humanos, ante las evidentes violaciones a la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, nos remiten a los humores de un aprendiz de dictadorzuelo, que busca que no haya críticas a su administración fallida y derrochadora durante su tercer informe de gobierno, el próximo siete de agosto, que rendiría en el salón de sesiones legislativas.

Pareciera que en Campeche nada ha cambiado después de las elecciones del primero de julio del 2018, que Moreno Cárdenas sigue creyéndose “señor de horca y cuchillo”, que no deja que ninguna hoja se mueva en su “mirreynato”, sin su autorización.

Pareciera que sigue manteniendo el control sobre los partidos que se hacen llamar de “oposición”, a través de sus dirigentes más entreguistas y colaboracionistas, que no dudan en reunirse con él “en lo oscurito”, antes, y a la vista de todos, ahora, y ofrecer su escaso capital político ahora que se creen “gobierno”.

Se olvidan de los agravios pasados y presentes, porque ahora comparten supuestamente el poder. Se olvidan de que el poder corrompe, a los cuerdos los vuelve tontos, y a los tontos, los vuelve locos, como repetía en campaña, una y otra vez, el presidente electo.