La Coparmex llama a realizar la Convención Nacional Hacendaria para que haya un Convenio de Coordinación Fiscal más equitativo, porque el actual ya no responde a las necesidades actuales de los estados y municipios.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero del 2020.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que el Convenio de Coordinación Fiscal, al día de hoy, es obsoleto, y planteó que el gobierno federal pugne por un nuevo pacto fiscal y no se postergue más la Convención Nacional Hacendaria, para fortalecer a los estados y los municipios con equidad.

“Es un hecho que el Convenio de Coordinación Fiscal, creado en 1947 durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, ya no responde a las necesidades actuales de los estados y municipios”, expresó.

“El México actual requiere de un nuevo pacto fiscal que revise el esquema para la distribución del gasto federalizado, que mantenga su sentido solidario, sí, pero que también reconozca los esfuerzos que en materia recaudatoria realizan los gobernadores y alcaldes”, indicó.

“No se trata de abrir una caja de pandora, sino de que, de una vez por todas, modifiquemos un Convenio que, al día de hoy, es obsoleto”, puntualizó.

La Coparmex señaló que “aunque el gobierno federal ha mantenido su propuesta de no crear nuevos impuestos o aumentarlos, lo cierto es que un gasto federalizado estático no alcanzará para que los gobiernos estatales y municipales cubran las crecientes necesidades de su población; esto los obligará a recurrir a la creación de nuevos impuestos locales asumiendo, por sí solos, el costo político que esto implica”.

“Además, al no haber incentivos para recaudar, la regla de distribución actual genera una mayor dependencia de los recursos. Como resultado, los estados que más recursos reciben mediante transferencias federales son también los que menos recursos propios generan”, agregó.

“Este es el caso de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, cuyos ingresos propios por recaudación representan menos del 2 por ciento de sus ingresos totales. En contraparte, la CDMX y Nuevo León representan el 25 por ciento y el 11 por ciento, respectivamente”, abundó.

“Otra problemática reside en la pobre fiscalización que tenemos a nivel estatal y municipal. En este sentido, las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación sobre el ejercicio de los recursos que se transfieren a estados y municipios son preocupantes”, detalló.

“Auditoría tras auditoría, se destaca la ausencia de controles eficientes que permitan monitorear y vigilar, con profundidad y oportunidad, que los gobiernos locales apliquen los recursos para los propósitos a los que les fueron destinados”, añadió.

“Tan sólo en la Cuenta Pública 2018, se encontraron 38 mil millones de pesos que fueron gastados por los gobiernos estatales y municipales que, al día de hoy, no han aclarado o comprobado cómo fueron utilizados”, asentó.

El organismo empresarial manifestó que en este 2020, como resultado del Pacto Fiscal, un billón 972 mil millones de pesos han sido destinados a la distribución del gasto federalizado, con la finalidad de que los gobiernos de las 32 entidades cuenten con recursos para infraestructura, educación, salud, entre otros.

“La disparidad en la carga recaudatoria que se deriva del actual Pacto Fiscal es un reto pendiente que tenemos como país. Mientras que en el norte se logra la mayor recaudación en estados con baja densidad población; al sur encontramos entidades que aún cuando tienen un mayor número de habitantes, son los que menos recursos aportan a la Federación”, mencionó.

“El 65 por ciento del total de los ingresos tributarios de todo el país se concentran en Ciudad de México (46.2 por ciento), Nuevo León (8.5 por ciento), Tamaulipas (7.7 por ciento) y Veracruz (7.5 por ciento). Contrario a ellos, encontramos a estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, cuyas aportaciones tributarias representan apenas el 10 por ciento del total de los recursos federales que perciben”, comparó.

Hay, resaltó, “un reparto inequitativo entre los estados que no atiende criterios justos, la fórmula actual sólo considera como variables el número de habitantes y la recaudación generada por cada entidad, pero no premia a los estados que más esfuerzos hacen por recaudar y que cuentan con sistemas de recaudación más modernos.

“Dado que actualmente los estados que menos aportan son también los que más recursos reciben, el esquema actual de distribución de recursos ha ocasionado una mayor dependencia presupuestal, al no promover el fortalecimiento hacendario ni estimular las responsabilidades tributarias locales”, advirtió.

“Aunque la solidaridad es uno de los principios del pacto federal, la inequidad no puede llegar al extremo de minar las capacidades financieras básicas de las entidades que más ingresos aportan a las arcas públicas de nuestro país”, comentó.

“Cabe mencionar que el actual esquema de distribución genera además riesgos financieros al traducirse, en algunos casos, en la contratación inmoderada de deuda pública. Ejemplo de ello son, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, que obtienen hoy más recursos por la vía del financiamiento que por parte de las contribuciones fiscales”, asentó.