El secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa, instruye a Eliasib Polanco, Rocío Abreu y Luis Mena, de SCT, Semarnat y Profepa, sobre los pasos a seguir para legalizar la ampliación de la avenida Costera, que se construye sin autorización ambiental en la Reserva de “Los Petenes”.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 24 de noviembre del 2017.- La administración de Alejandro Moreno Cárdenas, a través del secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, dictó línea a los delegados federales involucrados para salir del embrollo de la construcción, sin autorización ambiental, de la ampliación de la avenida Costera, una de las “megaobras” anunciadas en el segundo informe de gobierno.
La Semarnat había advertido que “la legislación ambiental vigente establece que ninguna obra o actividad podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización en materia de Impacto Ambiental que emite esta DGIRA”, mucho menos dentro de un área natural protegida, como “Los Petenes”.
En Palacio de Gobierno, Aysa González se reunió con los delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) -responsable de la obra-, Eliasib Polanco Saldívar; y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rocío Abreu Artiñano, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Luis Mena Calderón -autoridades que debieron actuar contra esta ilegalidad-.
En su cuenta de Facebook, el funcionario estatal reportó el 22 de noviembre: “Hoy encabecé una reunión con delegados federales para abordar temas relacionados con la preservación y cuidado del medio ambiente. En la reunión participó también el titular de la Semarnatcam, Roberto Alcalá Ferráez”.
En las fotografías de la junta, se observa en el escritorio planos del proyecto carretero que se realiza en la Reserva de la Biósfera “Los Petenes”, en cuyo interior y en la zona de influencia se llevan a cabo los trabajos de remodelación y ampliación de la carretera costera del Golfo, como llamó la SCT a la obra para poder destinarle recursos.
Página 66 publicó el 17 de noviembre que a un mes de iniciadas las obras de ampliación de la avenida Costera, la Semarnat no ha actuado contra los responsables, a través de la Profepa, pese a que no cuentan con autorización de impacto ambiental.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SDUOPI) -que hizo el primer trámite para obtener el permiso ambiental-, no han vuelto a ingresar la manifestación de impacto del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Semarnat, luego de que fuera rechazado el pasado mes de junio.
El proyecto de “Modernización y ampliación de dos cuerpos, aprovechando los ya existente, de 9.5 metros de corona del kilómetro 0 al kilómetro 5+800 de la carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida”, que tramposamente dividió en dos la SCT, se encuentra dentro y en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera “Los Petenes”.
Las dependencias federal y estatal estarían violando impunemente, ante la inacción de la Profepa, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la LGEEPA para la Evaluación de Impacto Ambiental (REIA), que señalan claramente cuáles proyectos deben ser evaluados en su impacto ambiental.
En este caso, se trata de obras o actividades de vías generales de comunicación, que incluirá el cambio de uso de suelo de manglar y selva en un humedal, como lo reveló la SDUOPI en su primer estudio entregado a la Semarnat, y están dentro y aledañas a un área natural protegida, en específico “Los Petenes”. Como muestra, están las decenas de árboles que han sido eliminados por maquinaria pesada en los primeros trabajos.
El 19 de agosto, se informó del rechazo de la Semarnat al proyecto de la SDUOPI, con clave 04CA2016V0022, y se publicó que de acuerdo con el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04145, dirigido a Edilberto Buenfil Montalvo, titular de la Secretaría estatal, se negó la autorización al proyecto ingresado a la DGIRA el ocho de noviembre del 2016.
En el oficio de rechazo, la dependencia federal advirtió a la Secretaría estatal que “la legislación ambiental vigente establece que ninguna obra o actividad podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización en materia de Impacto Ambiental que emite esta DGIRA (Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental)”, mucho menos dentro de un área natural protegida, como “Los Petenes”.
