Ciudadanos, redes, colectivos y organizaciones civiles expresaron su “enorme preocupación” por la estigmatización de la labor de activistas y medios de comunicación por acompañar a comunidades indígenas ante violaciones a sus derechos por el megaproyecto Tren Maya, y solicitan al gobierno de México que rectifique.
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de agosto del 2020.- Ciudadanos, redes, colectivos y organizaciones de la sociedad civil manifestaron que el gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y expresaron su “enorme preocupación” por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que le demandaron una disculpa pública.
Los firmantes de un pronunciamiento al respecto, reprocharon los señalamientos emitidos en la conferencia matutina del 28 de agosto de 2020, que deslegitiman y estigmatizan públicamente el trabajo que realizan activistas y comunicadores, difamándolos y hostigándolos.
“En dicho espacio, el gobierno federal presentó una investigación que señala que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”, indicaron.
“A lo largo de la presentación, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones y a las fuentes de financiamiento. Estos calificativos criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y la labor de defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión son ilegítimas”, puntualizaron.
Afirmaron que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., entre otras, están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya” en el sureste del país, que viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas.
“El medio Animal Político también fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de “benefactores y opositores”, buscando generar un nexo causal entre el corte crítico del medio y los recursos que recibe”, agregaron.
“Calificar a dichas organizaciones y al medio como “opositores”, cuestionando la legitimidad de su labor, por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto de criminalización de la labor de defensa y de la libertad de expresión”, apuntaron.
Recordaron que en el gobierno federal que, tal como lo ha establecido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan.
En este tenor, abundaron, el Ejecutivo Federal debe cuidar que sus declaraciones no estigmaticen el derecho a defender y el ejercicio periodístico.
Expusieron que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados.
Además, añadieron, Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente.
Bajo este contexto, enfatizaron que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo federal generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en México.
Por lo anterior, las personas, colectivos y organizaciones firmantes solicitaron al gobierno federal y gobiernos locales:
“Cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, realizando una disculpa pública, rectificando las declaraciones estigmatizantes efectuadas en la conferencia de prensa del viernes 28 de agosto.
“Generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos, quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación de megaproyectos.
“Posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica en los medios de comunicación, acciones que favorecen la libertad de expresión y que contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo.
PERSONAS, REDES, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES FIRMANTES
ESPACIO OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan;Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
