Transparencia Mexicana y Tojil señalan los retos para el acceso a la justicia (y a la justicia digital), tras la pandemia del Covid-19, y revelan que hasta el 14 de septiembre, retomará totalmente sus actividades el Tribunal Superior de Justicia campechano.
CAMPECHE, Cam. 30 de agosto del 2020.- Campeche será el último estado del país que reactive totalmente su Poder Judicial del Estado, el 14 de septiembre próximo, revelaron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil.
Por lo pronto, en línea, sólo puedes hacer la consulta de acuerdos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de manera presencial, aún no reactiva la recepción y trámite de demandas, ni da publicidad a las audiencias penales.
Las agrupaciones civiles manifestaron que luego de 120 días de suspensión de actividades y plazos, 27 de los 33 Poderes Judiciales –incluido el Poder Judicial Federal– han reactivado sus plazos y se encuentran abiertos, es decir, con acceso público a sus instalaciones.
“Pese a esto, el servicio público brindado por los tribunales y juzgados del país está lejos aún de regresar a las condiciones en que se prestaba antes de la pandemia”, indicaron.
“Los poderes judiciales han optado por utilizar distintas modalidades para la apertura de sus instalaciones. Ante la falta de un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, el resultado ha sido un servicio de justicia dispar y, en algunos casos, insuficiente”, puntualizaron.
Afirmaron que el Poder Judicial Federal y 25 Poderes Judiciales estatales ya reactivaron totalmente sus plazos. Entre los poderes judiciales que mantienen suspensión parcial de plazos se encuentran Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.
“En estos estados, persiste la suspensión de plazos, pero se permite la recepción de demandas para algunos asuntos que se catalogan como urgentes y no urgentes. En Campeche, persiste la suspensión de plazos para varias materias y no se habilitó la recepción de demandas iniciales”, agregaron.
En la prestación del servicio de justicia, mencionaron que #SusanaVigilancia, el mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones, políticas y recursos para la atención de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, identificó que los poderes judiciales han optado por las siguientes modalidades de apertura:
“20 poderes judiciales operan de manera presencial (requiere acudir a las instalaciones de poder judicial),
“10 poderes judiciales, incluido el Federal, operan de forma mixta o multimodal (opción de acudir a las instalaciones o tramitar vía virtual),
“Un poder judicial opera de manera virtual, Tamaulipas, donde el ciudadano o ciudadana no puede optar por tramitación presencial a priori y más bien un juez lo autoriza en ciertos casos.
“Dos poderes judiciales –Chiapas y Oaxaca– se encuentran prácticamente cerrados (han suspendido la tramitación presencial -salvo casos de excepción- y no cuentan con la opción de un tribunal digital).
“Entre los 30 estados que ofrecen el servicio de justicia de manera presencial o mixto, 26 establecieron alguna restricción para la atención presencial al público, por ejemplo, la obtención de una cita previa o la limitación a horarios o días específicos”.
Transparencia Mexicana y Tojil señalaron que bajo ninguna circunstancia, debe condicionarse este servicio, mediante requisitos arbitrarios o discriminatorios. Por ello, consideraron una buena práctica la establecida en el Estado de México y Durango, donde la solicitud de una cita es una opción para el usuario y no un requisito previo.
En términos de justicia digital, las organizaciones civiles informaron que a raíz de la pandemia, todos los poderes judiciales del país han incorporado alguna tecnología de la información y comunicación (TIC) al servicio de justicia. No obstante, la oferta de servicios por este medio y su alcance son heterogéneos.
“Nueve poderes judiciales del país —el Poder Judicial Federal y los de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas— cuentan con todos los mecanismos digitales para operar el llamado “juicio en línea”: recepción de escrito inicial y subsecuentes, consulta y notificación de acuerdos, celebración de audiencias y emisión de sentencia por vía digital”, agregaron.
“Siete poderes judiciales del país permiten la recepción de escritos iniciales en línea: Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo”, abundaron.
“Tanto el Poder Judicial de la Federación, como 20 entidades, habilitaron las notificaciones en línea: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”, añadieron.
“28 poderes judiciales, incluido el Federal, permiten consultar acuerdos digitales. Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala no cuentan con esta modalidad”, mencionaron.
“El Poder Judicial Federal y 21 poderes judiciales permiten el desarrollo de audiencias de materias distintas a la penal a través de videoconferencia. Sin embargo, en materia penal, y aunque la Constitución es muy clara al reconocer el principio publicidad como un elemento esencial del proceso, sólo Nuevo León y Coahuila prevén acceso a las audiencias penales de manera remota”, comentaron.
Transparencia Mexicana y Tojil consideraron urgente la definición de características mínimas del servicio de justicia digital, para asegurar que el acceso sea homogéneo en todo el país.
