La ASF detecta que la Universidad, cuyo rector es Gerardo Montero Pérez, retuvo más de un año el presupuesto de 67.8 millones para la construcción del Laboratorio de Investigación de la Facultad de Ingeniería y no lo devolvió a la Tesofe, entre otras irregularidades.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 25 de febrero del 2018.- La Universidad Autónoma de Campeche (UAC), cuyo rector es Gerardo Montero Pérez, primo de Alejandro Moreno Cárdenas, recibió 67 millones 766 mil pesos por concepto de Proyectos de Desarrollo Regional, pero lo retuvo durante más de un año y no inició la construcción del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Ingeniería.
La Auditoría Superior de la Federación hizo una revisión financiera y de cumplimiento “a los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Proyectos de Desarrollo Regional a la Universidad Autónoma de Campeche, que fueron por 67 millones 766.3 mil pesos, de los cuales se revisó el 100 por ciento”.
El organismo fiscalizador federal concluyó que “la UAC no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
Determinó recuperaciones probables por 177.6 mil pesos y constató que “durante el transcurso de la revisión, se observó un subejercicio por 65 millones 663.3 mil pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer”.
“Se determinaron cinco observaciones, de las cuales dos fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe, y las tres restantes generaron tres pliegos de observaciones”, expresó en el informe individual del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
Así, la ASF dictaminó que “al 31 de diciembre de 2016 y 31 de agosto de 2017 no se habían devengado 67 millones 766.3 mil pesos y 65 millones 663.3 mil pesos, que representaron el 100 y 96.9 por ciento de los recursos asignados, respectivamente”.
“En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Campeche registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177.6 mil pesos, los cuales representan el 0.3 por ciento de los recursos asignados”, detalló.
“Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
“1. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 13.
“2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 46 bis, párrafo último.
“3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:
“Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional para el ejercicio fiscal 2016: numerales 4, fracción IX, 5, 14 y 17.
“Contrato de obra número INIFEEC-OP-089-2016: cláusulas quinta, párrafo tercero y décimo
séptima.
Reveló que “en atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número CG/0388/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 8 y 9 se consideran como no atendidos”.
UAC no aplicó retención por atraso en obra
Sobre el destino de los recursos, la Auditoría manifestó que “a la UAC le fueron asignados recursos del PDR 2016 por 67 millones 766.3 mil pesos del PDR 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, se reportaron como devengados 0.0 miles de pesos y dos millones 103 mil pesos, que representaron el 0.0 y 3.1 por ciento de los recursos asignados, y quedó pendiente de devengar un monto de 67 millones 766.3 mil pesos y 65 mil 663.3 mil pesos, que representaron el 100 y 96.9 por ciento del total de los recursos asignados, respectivamente”.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 65 millones 663 mil 330.09 pesos, más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por concepto de recursos que no habían sido devengados al 31 de agosto de 2017, y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación”, indicó.
También detectó que “la UAC no acreditó la bitácora electrónica ni la autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública para el uso de bitácora convencional, la cual carece de lo siguiente: nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, el horario en el que se podrán consultar y asentar notas, no presentan numeración en forma seriada y fechadas consecutivamente, no se cancelaron espacios sobrantes y no se identificó la nota de autorización de estimación uno normal”.
“La UAC inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número UAC/CG/PRAS/003/PDR2016/AUD600-DS-GF, con lo que se promovió lo observado”, agregó.
Aseguró que “la UAC destinó recursos de PDR 2016 para el pago de un proyecto que presentó un atraso de acuerdo con el calendario de ejecución de la obra, por lo que la entidad no aplicó la retención del 3.0 por ciento por atraso en la ejecución de los trabajos por un importe de 62.7 mil de pesos”.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 62 mil 692.33 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 para el pago de un proyecto que presentó un atraso de acuerdo con el calendario de ejecución de la obra, por lo que la entidad no aplicó la retención del 3.0 por ciento por atraso en la ejecución de los trabajos; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente”, asentó.
Gastos indirectos no acreditados
El organismo fiscalizador encontró que “la UAC destinó recursos del PDR 2016 por 114.9 mil pesos para realizar pagos por concepto de gastos indirectos y no se acreditó con la inspección, supervisión, control y vigilancia del proyecto autorizado”.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 114 mil 943.16 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 para realizar el pago de gastos indirectos sin acreditar la vinculación con la inspección, supervisión, control y vigilancia del proyecto autorizado; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos de Proyectos de Desarrollo Regional 2016 de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente”, expuso.
Sobre la transparencia del ejercicio de los recursos, “la UAC no acreditó haber publicado en medio accesible para el ciudadano sobre el ejercicio y destino de los recursos del PDR 2016; asimismo, no presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones, ni que éstas se realizaron”.
“Por otra parte, en la visita de la obra se comprobó que no se incluyó la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, añadió.
“La UAC inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales, efectos integró los expedientes números UAC/CG/PRAS/005/PDR2016/AUD600-DS-GF y UAC/CG/PRAS/006/PDR2016/AUD600-DSGF, con los que se promovió lo observado”, concluyó.
Aquí puedes consultar el informe completo de la UAC:
http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_0600_a.pdf
