La Profepa inicia procedimiento administrativo contra la compañía, que sería Construcciones y Conservaciones Calakmul, cuyo representante legal, Jorge Manuel Gordillo, hizo trámite tardío de exención de MIA para ampliación de avenida Costera, pero fue rechazado. La clausura se mantiene.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 25 de enero del 2018.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que inició un procedimiento administrativo contra la empresa responsable, que sería Construcciones y Conservaciones Calakmul, una de las contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la ampliación de la avenida Costera, por iniciar la obra sin autorización ambiental.
El 17 de diciembre del 2017, Página 66 publicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló que el constructor Jorge Manuel Gordillo, de Construcciones y Conservaciones Calakmul, inició el trámite de exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya iniciada la “megaobra”, anunciada por Alejandro Moreno Cárdenas en su segundo informe, pero fue rechazado por incompleto.
En un comunicado, la Profepa manifestó que “instauró procedimiento administrativo a la persona moral responsable de las obras del proyecto denominado “Modernización y Ampliación de la Carretera Costera del Golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche”, al carecer de autorización de Impacto Ambiental que expide la Semarnat”.
“Al determinarse el inicio del procedimiento administrativo, se confirmó a la empresa la medida de seguridad decretada a finales del año pasado, consistente en la Clausura Total Temporal de las obras, hasta en tanto sea presentada la correspondiente Autorización en Materia de Impacto Ambiental, la cual es necesaria para continuar con las obras”, expresó.
En ese sentido, precisó que únicamente se llevan a cabo las acciones necesarias para la protección de las líneas de conducción eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad del proyecto, así como las medidas de prevención y mitigación a instrumentar, cuyo plazo de realización vence el próximo día 27 de enero.
La dependencia federal señaló que “a la fecha, se prepara el proyecto de Resolución correspondiente, en el que se valorarán pruebas presentadas por la empresa para determinar las sanciones a las que se hizo acreedora, así como las medidas correctivas a realizar y que concluyen el 27 de enero”.