Está señalado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido “moches” para aprobar la Reforma Energética, a través de su secretario, Rafael Caraveo, junto con otros seis exlegisladores.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 6 de enero del 2020.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la próxima semana, podría judicializar la denuncia por delitos federales en contra del exsenador panista campechano, Jorge Luis Lavalle Azar, y su secretario en el Senado de la República, Rafael Caraveo Opengo, entre otros señalados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

En un comunicado, la FGR informó que Emilio “L” (Emilio Lozoya), en razón de su petición de obtener los criterios de oportunidad señalados por la ley, presentó el día 11 de agosto de 2020 denuncia de hechos en contra de Luis “V”, Francisco “G”, Francisco “D”, Jorge Luis “L”, Ricardo “A”, David “P”, José Antonio “M”, José Antonio “G”, Ernesto “C”, Carlos “T”, entre otros.

El exdirectivo petrolero los señala de ser responsables “por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa, etc.”, detalló la Fiscalía federal.

“La indagatoria correspondiente se ha diligenciado en los términos de ley; y la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados”, puntualizó.

El exlegislador Lavalle Maury fue señalado ante la FGR como uno de los siete legisladores que recibieron millonarios sobornos para aprobar la Reforma Energética. El mensajero habría sido su asesor, Rafael Caraveo, quien fue exhibido en video con fajos de billetes de 500 y 200.

El exsenador Jorge Luis Lavalle es el mismo que se acercó al partido Morena en Campeche en la elección del 2018 y dejó como “avanzada” al ahora funcionario de la delegación de Programas Federales para el Bienestar, el exdiputado local panista, José Antonio Cardozo Rivero, y al asesor de la fracción parlamentaria morenista en el Congreso del Estado, Arturo Aguilar Ramírez, su abogado cuando peleó legalmente la dirigencia estatal panista.

Lozoya y las acusaciones en su contra

En el boletín, la FGR recordó que “con base en denuncias presentadas por Pemex, en fechas 27 de enero de 2017 (Odebrecht) y el siete de marzo de 2019 (Agronitrogenados), se iniciaron las carpetas de investigación respectivas, en las que se obtuvo orden de aprehensión; con la ficha roja de Interpol y el apoyo de la Policía Nacional Española, se logró la captura en España de Emilio “L”.

La Fiscalía General de la República mencionó que “llevó a cabo el procedimiento de extradición, logrando el acuerdo favorable, en todas sus instancias, por parte de las autoridades judiciales españolas. Ante esas circunstancias, el propio Emilio “L” se avino al procedimiento de extradición, solicitando un criterio de oportunidad en el procedimiento penal correspondiente”.

“Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte sujetó a proceso al imputado, señalándole como medidas cautelares, la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte. Dicho Juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial”, indicó.

“Dicho procedimiento penal se ha llevado en los términos señalados por la autoridad judicial; y la audiencia intermedia será fijada por el Juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaría (siete de marzo de 2021), la cual quedará pendiente de señalarse, según las normas de emergencia establecidas por el Poder Judicial Federal”, asentó.

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https://www.pagina66.mx/emilio-lozoya-miente-es-persecucion-politica-lavalle-maury/

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