La CNDH refrenda la solidaridad con víctimas y familiares de los 43 normalistas desaparecidos y anuncia que al concluir la integración de su expediente de investigación, emitirá su resolución final, al que tiene previsto efectuar un estricto, riguroso y destallado seguimiento.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrendó su solidaridad con las víctimas y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, así como su compromiso de mantener cercanía con ellos en su exigencia de que se haga justicia y no exista impunidad.

“Esta salvajada visibilizó la aparente normalidad que existía; visibilizó esa geografía del horror que significan las desapariciones en este país”, puntualizó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

El ombudsman nacional extendió la solidaridad a las víctimas de eventos paralelos y del colectivo “Avispones de Chilpancingo”, y subrayó que la colusión, de por lo menos, de autoridades políticas y policiales de Iguala, y policiales de Cocula y Huitzuco, Guerrero, con la delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas y al secuestro propició los hechos que se tradujeron en violación grave a derechos humanos que tuvieron como resultado la privación de vida de seis personas, lesiones a otras 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

González Pérez señaló que al concluir la integración de su expediente de investigación de violaciones graves a derechos humanos, la CNDH, conforme lo establece la Constitución General, emitirá su pronunciamiento final, al que tiene previsto efectuar un estricto, riguroso y destallado seguimiento con la manifiesta intención de verificar que se cumpla puntualmente y en forma cabal, con todos y cada uno de los puntos recomendatorios que se formulen.

En acto efectuado en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, enfatizó el compromiso de la CNDH de continuar la atención de estos hechos con base en cuatro ejes fundamentales: derecho la justicia; reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y garantías de no repetición.

Al participar en el Encuentro con Madres y Padres de los 43 Estudiantes desaparecidos de la localidad de Ayotzinapa, en que la Relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arozemena, entregó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos un informe preliminar sobre esos hechos trágicos, Luis Raúl González hizo un recuento de las acciones emprendidas por la CNDH y de los cuatro reportes que ha presentado al respecto, que contienen en total 57 Observaciones y Propuestas formuladas a distintas autoridades, de las cuales nueve únicamente pueden considerarse totalmente atendidas; 36 están en vías de atención y 12 tienen estatus de no atendidas.

Tras señalar que el organismo nacional ha tendido líneas de comunicación abierta y permanente sobre los avances de las investigaciones con la premisa de coadyuvar en el esclarecimiento de esos hechos y determinar violaciones graves a derechos humanos, expresó la disposición de la CNDH para coadyuvar con todo lo que permita conocer la verdad de lo acontecido en la noche de iguala, “en la inteligencia de que su actuación debe tener un anclaje constitucional y convencional, en términos de actuación institucional, conforme a su ámbito de atribuciones, dentro del bloque de constitucionalidad que incluye el Derecho Internacional y en ejercicio pleno de su autonomía”.

De manera especial, hizo énfasis en el caso del profesor Érick Uriel Sandoval Rodríguez, de quien ha demostrado a las autoridades que no es “La Rana” o “El Güereke” a quien los autores materiales de la desaparición de los 43 normalistas señalaron como su cómplice y que, pese a ello, desde hace 171 días permanece en prisión por una equivocada acusación de la PGR.

Refirió que el organismo nacional presentó escritos “Amicus Curiae” ante los Tribunales Federales que conocen del caso, para que se haga justicia y la situación legal de esta persona se resuelva conforme a derecho, así como también dio vista a la Secretaría de la Función Pública y a la Visitaduría General de la PGR.

Calificó como lamentable que habiendo hecho del conocimiento de la PGR este caso y de haber solicitado medidas cautelares para la salvaguarda del detenido, de sus familiares y testigos, la instancia ministerial haya contestado en forma negativa hasta 15 días después en contravención a lo dispuesto por la Constitución General que obliga a las autoridades a proteger y a garantizar los derechos humanos y siendo desleales al principio de “buena fe” inherente a la Institución del Ministerio Público.

“En este caso, dijo, señalamos emblemáticamente como en la actual gestión de la Procuraduría General de la República se está institucionalizando la impunidad, porque hay un presunto responsable fuera de las investigaciones, fuera de la cárcel, y un inocente dentro de ella”.