El informe “La (otra) mafia del poder. Corrupción y desigualdad en México”, de Oxfam México, señala que “las irregularidades más comunes son la falta de comprobante de uso y transferencias de recursos a otras dependencias estatales” y esto afecta a los más pobres, que no cuentan con seguridad social.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de septiembre del 2020.- La organización Oxfam México aseguró que “las secretarías estatales de salud son uno de los casos más extremos de irregularidades”, ya que entre 2000 y 2018, “perdieron” 79 mil 93 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Las secretarías reciben recursos de la Federación para proveer de servicios de salud relacionados con programas de afiliación. Este dinero debería ayudar a los más pobres, pues no cuentan con Seguridad Social. Sin embargo, este potencial se ve mermado: de la totalidad de los recursos que les han sido auditados (un billón de pesos), el ocho por ciento no ha podido comprobarse”, expresó.
“Algunas de las irregularidades más comunes detectadas por la Auditoría Superior de la Federación son la falta de comprobante de uso y transferencias de recursos a otras dependencias estatales”, indicó.
“La evidencia indica que los recursos se transfieren a cuentas distintas al programa, se contrata personal que no cumple con las cualificaciones necesarias, hay aviadores y se compran medicamentos que no están incluidos en el catálogo o con precios superiores al precio de referencia (ASF 2018, 2016, 2015)”, puntualizó.
En su informe “La (otra) mafia del poder. Corrupción y desigualdad en México”, elaborado por Viridiana Ríos, Oxfam México expuso que “en materia de salud, hay irregularidades abismales en los recursos federales transferidos a las entidades, que deberían servir para dar servicios de salud a quienes no cuentan con empleo o trabajan por cuenta propia, pues tienden a ser las personas más vulnerables”.
“Esta cantidad de dinero bastaría para construir un Hospital Regional de Alta Especialidad en cada estado del país”, destacó.
Manifestó que la entrega de los recursos a las entidades federativas tuvo, asimismo, constantes retrasos, por lo que los gobiernos estatales se vieron en la necesidad de financiar el programa con otros del sector salud.
“Aunado a lo anterior, no hay concordancia en las reglas que operan los recursos federales transferidos a gobiernos estatales en el sector salud. En la práctica, los recursos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud se mezclan para atender a la población que no es derechohabiente de alguna institución de seguridad social”, agregó.
Sin embargo, abundó, cada uno cuenta con una normativa de operación distinta. Al momento, ya se inicia un proceso que homologará las distintas fuentes de financiamiento del sector salud, lo que representaría un gran paso para evitar la gestión ineficiente que permea en este sector. No obstante, el riesgo de que las entidades no utilicen adecuadamente los recursos aún sería un tema a resolver”.
“El 77 por ciento del dinero perdido en materia de salud se encuentra concentrado en el 10 por ciento de las partidas de gasto que más contribuyen a disminuir la desigualdad. Si ordenamos todas las partidas de gasto conforme a su progresividad, encontramos que los Recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (REPSS) se encuentran dentro del 10 por ciento con mayor capacidad de reducir la desigualdad”, añadió.
“Se trata de la partida de salud que más incurre en irregularidades. Estos recursos forman parte del financiamiento de la salud en las entidades federativas, como el Seguro Popular, que se transfiere a los estados para dar servicios de salud a quienes no cuentan con empleo o trabajan por cuenta propia. Al beneficiar a la población con menores ingresos, estos recursos ayudan a la reducción de la desigualdad”, comentó.
“Mientras que cerca del 95 por ciento de la población de menores ingresos (decil I) se encuentra afiliada al Seguro Popular, menos del cinco por ciento de la población con mayores ingresos (decil X) lo está (ENIGH 2016)”.
Aseguró que estos recursos transferidos a las entidades federativas tienen irregularidades por 46 mil millones pesos; el 51 por ciento del monto total “perdido” en salud. Más aún, el 42 por ciento de estas irregularidades (20 mil millones) se concentra en los tres estados donde las personas tienen menos acceso a servicios de salud: Michoacán, Veracruz y Jalisco.
“Resalta el caso de Jalisco: en 2012 presentó irregularidades en 98 por ciento del dinero auditado (tres mil millones). Prácticamente la totalidad del dinero transferido se perdió, porque fue transferido a cuentas bancarias externas sin documentos que justificaran el uso del dinero público”, subrayó.
Explicó que la meta redistributiva de los recursos que se transfieren a las entidades federativas está lejos de alcanzarse. Lo anterior sin duda se debe, en cierta medida, a la gran cantidad de irregularidades que existen. El 31 por ciento de la población con menores ingresos (decil I) aún cubre sus servicios de salud en hospitales, consultorios y farmacias privadas.
“Más aún, es en la población con menores ingresos donde vemos el mayor porcentaje de «gasto catastrófico» en salud. Esto es, mientras el cinco por ciento de los hogares con menores ingresos gastan más del 30 por ciento de su ingreso en salud, solo el 0.6 por ciento de los hogares con mayores ingresos lo hace”, comparó.
“De 2014 a 2016 el porcentaje del primero aumentó, mientras que el segundo disminuyó (ENIGH 2016; ENIGH 2014). El dinero “perdido” en esta partida podría tener un gran impacto en la reducción de la desigualdad”, apuntó.
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