Parte 2 y última/El reto es crear un nuevo fondo que garantice su operación

Por Sara Lovera/SemMéxico

CIUDAD DE MEXICO, 10 de noviembre del 2017.- Las ex directoras de institutos o responsables municipales le dan la bienvenida a una Secretaría de Igualdad, aunque, para lograr su creación debe reinar la voluntad política, porque “necesitamos urgentemente una política federalizada que se logra a través de un Ramo o un Fondo que garantice la coordinación entre el gobierno federal, los estatales y los municipales”, afirma Norma Terán ex directora del Instituto de las Mujeres en Oaxaca.

La funcionaria plantea que sin esa política “nos seguirán matando”. Pero esos hechos delictivos podrían revertirse si se creara una instancia que participe activamente en la toma de decisiones; es decir, en los procesos de planeación, hacienda (finanzas) y administración, como lo haría una Secretaría.

Enriqueta Burelo, secretaria de la Mujer en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, afirma que, regularmente, los institutos se encuentran bajo la esfera de otra área, por ejemplo, “cuando éramos instituto se dependía de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, lo que en la práctica nos restaba autonomía. Recuerdo que al inicio del sexenio quisieron pasar el Instituto Nacional de las Mujeres a Sedesol”.

“Luego está el otro tema: la transversalidad, no dejar la responsabilidad del tema sólo en el Instituto o la secretaría. La primera secretaría a nivel estatal fue la de Guerrero, en 1987, hace 30 años, sus responsables se quejaban que todo lo referente al tema de mujeres se los mandaban a ellos, lo que no deja de ser un peligro”, agregó.

Por su parte, la directora del Centro de Apoyo a las Mujeres “Griselda Álvarez” de Colima, Carmen Nava, consideró que la propuesta es irrelevante. Lo importante es que se fortalezcan los organismos actuales. Hay institutos más fuertes que secretarías. La diferencia es la participación ciudadana en la estructura. Además, tendría que denominarse Secretaría para la Igualdad de Género. La experiencia dice que donde existe Secretaría de las Mujeres o de la Mujer se les adjudica todo lo que tenga que ver con mujeres, sobre todo programas asistenciales y los demás se deslindan de la transversalidad.

Concepción Cueto, responsable del área del Centro histórico del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal dijo que, por el momento, Inmujeres evalúa y coordina acciones… Pero no tiene mayores facultades y las otras dependencias aplican su autoridad según les da la gana. En cambio, una Secretaría tiene una jerarquía mayor en sus atribuciones legales.

“La Ciudad de México va bien en lo normativo, pero en la realidad son pocos los que cumplen con el marco legal de esta metrópoli. Con una Secretaría tendríamos mayores posibilidades de avance sin necesidad de portavoz en la Secretaría de Gobierno. Así tendríamos voz y autoridad propia.

La doctora Gilda Salazar, feminista de larga data que trabaja en Sonora afirmó que le parece relevante la propuesta de cambio. Dijo estar convencida que deberá discutirse a fondo. Recordó que en sus inicios la propuesta original, al menos en Sonora, se planteó y se discutió.

Pero nunca ha sido una discusión nacional.

Al manifestarse a favor, reflexionó: “es sencillo, simplemente una secretaría en la estructura gubernamental ya es de otra envergadura, es equidad, la amerita el tema… una secretaría, me parece que sí. Es estar pares, ¿por qué se hizo Instituto y no secretaría?, porque se consideraba tema menor, me pregunto. Ahora bien, tiene ventajas, implicaciones en la estructura de poder. Pienso en los que nos sirven o nos acartonan habría que ver, quizá tendríamos menos formas de incidir, como ahora los institutos, pero tendría más poder y menos democracia…, probablemente, menos participación ciudadana, esa podría ser la desventaja.

Otras voces

La periodista, feminista y consultora de la política de género en Hidalgo señaló que crear una Secretaría de las Mujeres sería un gran avance. Puesto que implica una presencia política mucho mayor, no nada más a nivel federal, sino también en los órdenes estatal y municipal.

Implica también mayor presupuesto y una posición de mayor estrategia en el gabinete. Debe ser una secretaría que, como la de hacienda, tenga injerencia transversal en todas las otras. Y es importante que se llame secretaría de las mujeres, y no secretaría de la igualdad sustantiva (o algo similar) porque de lo contrario se abre la puerta a que incluyan ahí discapacidad, diversidad sexual, adultos mayores, infancia, etcétera.

La consejera de Inmujeres, Guadalupe Almaguer, dijo estar de acuerdo con la iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, por dos simples razones: la primera es de esperar que como secretaría tenga mayor influencia y peso en el tema de la política pública y la agenda de las mujeres. Y la otra es por cuestiones de presupuesto, evidentemente tendría mayores recursos que como instituto.

La directora del Instituto Municipal de Xalapa, Veracruz, Yadira Hidalgo, quien se ha desempeñado también como periodista, dijo que al conocer las dos posturas: piensa que como secretaría se gana fuerza, pero pierde cierta autonomía y sobre todo el carácter ciudadano que, en el caso del instituto veracruzano, apenas conserva ya. “Y es cierto que al mantenernos en ese estatus no tenemos muchos dientes”.

Para la directora del Instituto Municipal del Puerto de Veracruz, Belén Palmero convertir a los institutos en secretarías sí vale la pena, porque suben de nivel, forman parte del gabinete, ya no estaría sectorizado a nada. Y claro, deben aumentar su presupuesto, si no es así, da lo mismo.

Sin el recurso federal las instancias municipales para las mujeres prácticamente desaparecen. Al igual que los centros de atención. Y si así persisten las desigualdades y la violencia, sin esas instancias aumentarán. El escaso avance logrado es porque se ha destinado recurso federal a ello, reducir el presupuesto es quitar la atención a un problema tan grave como la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres.

Hay una cuestión que muy pocas personas advierten en el gobierno, incluidas las OSC pro género en la mayoría de los estados. No son las instancias de las mujeres las encargadas de la política de prevención y atención de la violencia. Lo son las Secretarías Generales de Gobierno.

Al existir esa confusión por falta de análisis de los marcos legales, le aumentan la carga a las instancias ya sean Institutos o Secretarías de la Mujer, que tienen que lidiar con el doble paquete de igualdad y de violencia. Y si va a ser de esa manera, la Federación tiene que dotar de mayor recurso a las instancias, porque lo que destina es irrisorio si tenemos que encargarnos de ese paquete también.

El Fondo: Norma Reyes Terán

Norma Terán, actual coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) de Oaxaca recordó que la mayoría de los Institutos de las Mujeres fueron creados bajo el esquema jurídico de organismo público descentralizado, para posibilitar la construcción de políticas públicas desde la Perspectiva de Género.

La descentralización se basa en una consideración técnica para el manejo de una actividad determinada: la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, la investigación científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

La funcionaria opinó que este tipo de organismos tienen una competencia limitada a fines específicos y especializada para atender determinadas actividades de interés general. Al otorgársele a los Institutos de la Mujer la naturaleza jurídica de organismo público descentralizado, se les posibilitó legalmente para realizar actividades de investigación científica tendientes a detectar la desigualdad de las mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural, así como las posibles propuestas de solución, pero no se consideraron los inconvenientes de dicha figura jurídico-administrativa para hacer efectivo el cumplimiento de erradicar la desigualdad de género y la discriminación.

Por un lado, facultan a los institutos para integrar la categoría de análisis (Perspectiva de Género) a las políticas públicas de las dependencias de las Administraciones Públicas y por otro, limitan esta actividad a la celebración de convenios en los que se especifiquen los programas y acciones coordinadas y conjuntas. Los convenios requieren de la voluntad de las partes. Es decir, si no hay voluntad de las dependencias, no podrá llegarse a la celebración de un convenio y, consecuentemente, no podrá llegarse al establecimiento de la transversalidad de la política pública con igualdad de género en el país.

A pesar de los inconvenientes, en la práctica se han alcanzado algunos logros, sustentados en la voluntad de quienes en su momento han intervenido en los procesos y no en la participación de los institutos en los espacios de decisión gubernamental, ni en la obligación legal de los actores.

Además, la relación entre la administración pública centralizada y los organismos públicos descentralizados es de subordinación de los segundos respecto de la primera, lo que es incompatible con la finalidad de incorporar la perspectiva de género a la totalidad de las políticas públicas de manera horizontal y en toda la administración pública de forma vertical (transversalizar), aun cuando en la práctica, se haya evitado circunscribirlo a alguna dependencia del poder central en particular.

Desde su perspectiva, existe una contraposición al sistema paraestatal, la centralización administrativa es el régimen que establece la subordinación unitaria, coordinada y directa de los órganos administrativos al poder central, bajo los diferentes puntos de vista de nombramiento, ejercicio de sus funciones y la tutela jurídica para satisfacer las necesidades públicas.

Por ello, finalizó, se requiere de una acción uniforme, inmediata y obligatoria de la totalidad del poder público federal, estatal y municipal; se necesita establecer criterios generales de carácter legal que faciliten el cumplimiento de dicho objetivo. Eso será posible sólo mediante la creación de una instancia que participe activamente en la toma de decisiones; es decir, en los procesos de planeación, finanzas y administración. Resuelto con la creación de una Secretaría de Igualdad, cuya atribución principal será sentar las bases para hacer efectiva la plena igualdad, mediante la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Como indica el acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), porque además, la desigualdad de género constituye una de las piedras angulares de la desigualdad social y agranda los márgenes generales del subdesarrollo.

Por ello, una Secretaría de Igualdad tendría atribuciones para coordinar sectorialmente la incorporación transversal de la perspectiva de género en los procesos de planeación, gasto- financiamiento y administración. Además de dotarla de poder, posicionarla al interior del gobierno federal para hacer realidad la igualdad de género, haciendo obligatoria la incorporación de la Perspectiva de Género en todas las Reglas de Operación de todos los ramos y fondos federales que integran el presupuesto federal (PEF) cuyas reglas de operación deberán ser diseñadas de manera conjunta entre la Secretaría de Igualdad y las instancias estatales orientadas a la erradicación de la Violencia de Género y al ejercicio de la igualdad material o sustantiva.

Un acto de justicia

La creación de una Secretaría de Igualdad será exitosa si se termina con la incongruencia de nuestro país, que se tomen medidas para que las mujeres puedan acceder al ejercicio del poder político y a la formulación y ejecución de la política en todos los niveles. Que la instancia encargada de velar por el cumplimiento de esta premisa ocupe un lugar subordinado dentro de los espacios de poder; en otras palabras, un acto de justicia para las mujeres de México.

La iniciativa de la Senadora de la Peña Gómez señala la importancia de que el INMujeres se transforme en una Secretaría que consolide las acciones legislativas y gubernamentales implementadas en el país para lograr la igualdad de las mujeres, a través de una entidad que cuente con las facultades necesarias para formular las políticas públicas gubernamentales para el desarrollo pleno de las mujeres durante todo su ciclo de vida.