La detención se da en medio de un fuerte ambiente de hostigamiento y criminalización contra miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil.
CANDELARIA, Cam. 12 de noviembre de 2017.- El nueve de noviembre de 2017, siendo las 14:30 horas aproximadamente, elementos policiales entraron al establecimiento propiedad de José Alberto Villafuerte García, quien fue llevado detenido por dichos elementos, quienes al parecer, no mostraron ningún documento u orden de aprehensión, pues decían que se lo llevaban para “hacerle unas preguntas a un juzgado”.
José Alberto se encontraba trabajando y su familia se encontraba al interior de su domicilio, lugar donde se ubica su establecimiento, el cual es una tienda de abarrotes. Es a consecuencia de esto que sus familiares no se percataron de inmediato de lo sucedido, sino hasta que ya se lo estaban llevando.
José Alberto Villafuerte García, defensor del Derecho Humanos a la Energía Eléctrica y a la Vivienda Digna y Adecuada, quien forma parte de la organización social llamada Resistencia Civil Candelaria, fue acusado de haber cometido el delito de “Robo de Energía Eléctrica” en 2015 (Causa Penal 6/2016 – Juzgado Segundo de Distrito en Campeche) y por tal delito se le exige un pago de 150,000 pesos).
José Alberto, padece de tumores cerebrales, enfermedad que vulnera considerablemente su salud y que requiere de cuidados especiales. Su familia teme por su salud y por su integridad física y psicológica.
En lo referente a su defensa legal, se han ingresado una serie de amparos para que sea retirada la imputación apelando a sus Derechos Humanos y a elementos legales internacionales sobre DDHH que dan respaldo a las acciones que realiza el señor José Alberto Villafuerte García como miembro de la organización social antes señalada, tales como el artículo 11º del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. donde se especifica que la Vivienda Digan forma parte de los Derechos Humanos y cuyos elementos incluyen el suministro de energía eléctrica; además de la Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).
Sin embargo, los amparos han sido rechazados por los diversos jueces que han llevado el caso y ningún otro se ha pronunciado al respecto, a pesar de que en el artículo 1º Constitucional se reconoce que el estatus de los DDHH es superior a cualquier otra ley nacional. Por otro lado, su defensa legal aún cuenta con diversos recursos que no han sido agotados y a los cuales tiene derecho el C. José Alberto, antes de ser llevado detenido, por lo cual se considera que su detención es ilegal.
Cabe señalarse que la Resistencia Civil Candelaria ubicada en Candelaria, Campeche, es miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil, en la que participan diversas comunidades y organizaciones sociales que defienden el Derecho Humano a la energía eléctrica, así como los DDHHs a la vivienda digna, medio ambiente, agua, salud, entre otros. Debido a su actividad de defensa, muchos de los miembros de la Red Nacional de Resistencia Civil han sido víctimas de hostigamiento y criminalización, por lo que se considera que esta acción podría estar obedeciendo a este mecanismo de amedrentamiento ejercido por parte de las autoridades y de la empresa productiva del Estado “Comisión Federal de Electricidad”, para que desista en su participación en esta organización.
Los Centros de Derechos Humanos “Beti Cariño”, “Digna Ochoa” y “Zeferino Ladrillero” manifestamos nuestra preocupación ante estos hechos y responsabilizamos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la empresa productiva del Estado “Comisión Federal de Electricidad”, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Gobierno Federal de cualquier amenaza y represión en contra de José Alberto Villafuerte García.
“Ante lo expuesto anteriormente, exigimos su inmediata presentación y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos en Campeche (CODHECAM) para que se libere de manera inmediata al defensor. Además, con base en los artículos 1, 2, 6, 7, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, exigimos que el Estado mexicano brinde la más alta protección y se garantice la vida, seguridad e integridad física de y en general de todas las personas defensoras del territorio y de los derechos humanos de la comunidad de Candelaria, Campeche”, puntualizaron.