Personas defensoras de derechos humanos, representantes legales y observación civil realizan visita de seguimiento el 29 de septiembre/Urgen atención del Estado de Guatemala e instituciones.

FRONTERA CAMPECHE-GUATEMALA, 1 de octubre del 2021.- Debido a la grave crisis humanitaria que viven desde el dos de junio de 2017, 111 familias que fueron desalojadas y desplazadas de la comunidad Laguna Larga, del Departamento del Petén, en Guatemala, un grupo de expertos, abogados y organizaciones de derechos humanos realizaron una visita de verificación el miércoles 29 de septiembre para documentar la situación actual en que se encuentran estas familias.

En ese sentido. integrantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, el Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, Aldo Iván Dávila (Diputado de la República de Guatemala), Voces Mesoamericanas y la Red Nacional de Organismos civiles “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT) dieron a conocer que a cuatro años de haberse otorgado medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Guatemala sigue sin cumplir con sus obligaciones legales.

“Entre los datos documentados en la reciente visita, se confirmó que a la fecha van 14 personas fallecidas durante y después del desalojo, que no hay condiciones básicas de sobrevivencia y no tienen ningún servicio elemental para una vida digna”, indicaron.

“Las niñas y niños de esa comunidad no están registrados ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los espacios para la instrucción escolar están en condiciones inaceptables”, apuntaron.

Durante su intervención, Rubén Domingo, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH), que acompaña el caso, denunció que es responsabilidad del gobierno de Alejandro Giammattei, atender la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias desplazadas que están sobreviviendo en condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad.

Por su parte, Enrique Maldonado, consultor externo, confirmó que no existe censo de las niñas y niños que están en la línea fronteriza y que también tienen una dieta limitada. Los adultos se alimentan menos de tres veces al día. Los desplazados están expuestos a enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, ya que no ha habido renovación de los filtros ecológicos.

Aldo Dávila, diputado de la República de Guatemala, denunció que la comunidad fue desalojada y despojada de su tierra y territorio por el gobierno de Guatemala y no ha dado atención a las recomendaciones de la CIDH.

El legislador advirtió que eso vulnera la vida de familias y evidencia el nulo interés por atender esta situación frente a la pandemia por el Covid-19, y pidió que no cese la presión al gobierno para atender está situación y que las familias sean retornadas a su comunidad.

En su turno, Aldo Ledón, de Voces Mesoamericanas, mencionó que este desplazamiento es el reflejo de una política de despojo de territorios que se está llevando a cabo en Guatemala con el pretexto de la conservación de las áreas protegidas. El caso de Laguna Larga es uno de los primeros desplazamientos del Petén, Guatemala. Advierte que otras comunidades corren el mismo riesgo, y que si se complementará la orden de desalojo para más de 60 comunidades esto causaría un éxodo que nos recordaría el conflicto armado guatemalteco.

Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano, recordó que la población ha estado asentada en la comunidad de Laguna Larga antes del Decreto número 4 de la Ley de Áreas Protegidas de 1989, y que además varias instituciones del Estado reconocen que está comunidad son posesionarios históricos de ese territorio.

“Las violaciones han sido no reconocer donde poder vivir, que son originarios de ese territorio y donde poder sembrar”, agregó y denunció que el gobierno de Guatemala desplazo a las familias y ahora pretende endeudarlos con fincas que se encuentran en área protegida. Hay una intención de engañarlos, endeudarlos y retornarlos a la misma problemática.

José Chic, del Comité Campesino del Altiplano, señaló que el gobierno pretende reparar el daño del caso de Laguna Larga, endeudándolos con fincas que no llenan las condiciones necesarias, advirtiendo que esas fincas no tienen la misma cantidad y calidad de tierra de donde fueron desalojados, y que resulta irónico que, a particulares y supuestos propietarios, se les respete su condición aun estando en áreas protegidas, pero que a los desplazados no se les respeto sus derechos de posesión histórica.

Finalmente, Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, que acompañó la visita a la comunidad de desplazados, constató que el camino inaccesible dificulta el acceso a servicios públicos básicos, lo cual agrava las condiciones de vulnerabilidad de la población asentada, a la vez de señalar que seguirán acompañando a representantes legales, organizaciones y familias desplazadas de Laguna Larga ante las instancias correspondientes, ya que es urgente dar respuestas a las familias.

Consulta aquí la información completa:

https://redtdt.org.mx/visita-de-verificacion-a-familias-desplazadas-en-comunidad-laguna-larga/