La Universidad Tecnológica de Campeche, a cargo de rectores nombrados por Alejandro Moreno, no ha devuelto 90 millones desviados en 2016 y en 2017, pagó indebidamente 78.5 millones a 4 empresas por un servicio no prestado a la Sedatu y se quedó con una comisión de 6.8 millones de pesos.
Por Daniel Sánchez
SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN, Cam. 22 de febrero del 2019.- Al más puro estilo de La Estafa Maestra, la Universidad Tecnológica de Campeche (Utcam) desapareció 85.3 millones de pesos de un convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2017, al subcontratar cuatro empresas para realizar el servicio administrados de voz, datos, y videoconferencia.
Estos recursos se suman a los 90 millones que dejó sin aclarar en 2016 del mismo convenio la institución educativa, cuyos rectores fueron designados por Alejandro Moreno Cárdenas -Javier Zamora Hernández e Hilda Eugenia Velázquez Rodríguez, actualmente secretaria general del PRI-, sumando 175.3 millones de pesos el monto por aclarar o recuperar.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el convenio de colaboración sin número, suscrito el primero de julio de 2016 con la Sedatu, por un importe de 268 millones 137.2 mil pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cuyo objeto fue la prestación de los servicios administrados de voz, datos y videoconferencia de la Sedatu, con una vigencia del primero de julio al 31 de diciembre de 2016”.
“Para proporcionar los servicios solicitados en este convenio de colaboración, se definieron las siguientes etapas: Etapa I – Aprovisionamiento: Abarca el aprovisionamiento de la infraestructura necesaria que integra la solución ofertada, por parte del proveedor en las instalaciones de la Sedatu; Etapa II – Instalación, Configuración y Puesta a Punto: Contempla la configuración y puesta en operación de la infraestructura necesaria para la prestación de los siguientes servicios: de cableado estructurado; de datos (red lan); de telefonía ip; de tarificación de llamadas; de seguridad perimetral; de red inalámbrica; de videoconferencia; de soporte en sitio, y de mesa de ayuda, y Etapa III – Servicios de Administración, Operación, Soporte y Mantenimiento Recurrentes: Incluye todas las actividades de operación de los servicios de voz, datos y videoconferencia”, detalló.
“De la revisión del convenio antes citado, se conoció que el régimen de contratación establecido por el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP fue utilizado como vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos, dado que, no se sujetó a las reglas de contratación establecidas por dicha ley, que condiciona a las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad técnica, material y humana para entregar el bien o prestar el servicio requerido; situación que, en la especie no ocurrió”, expresó.
“Destaca el hecho de que la Utcam manifestó, en el apartado de declaraciones del convenio, contar con dicha experiencia, sin embargo, se comprobó que, de manera directa, no llevó a cabo las actividades contratadas”, asentó.
Descubrió que la Utcam, para poder cumplir con el objeto del convenio, “según lo informó a la Dirección General de Auditoría Forense de la ASF, mediante el oficio número UTC/REC.395/2016, de fecha cinco de diciembre de 2016, que subcontrató los trabajos con una empresa, a la que durante 2016, le pagó 92 millones 801.1 mil pesos, monto que representó el 50.8 por ciento del total de los recursos depositados en 2016 por la Sedatu a la Utcam”.
Además, abundó, “la Universidad realizó pagos por 79 millones 49.7 mil pesos a 11 empresas que se presume intervinieron en el cumplimiento del convenio de colaboración suscrito con la Sedatu, sin presentar documentación alguna que acreditara estos pagos, lo que representa un total de recursos pagados por la Utcam por 171,850.8 miles de pesos, que equivalen al 94 por ciento del total que le transfirió la Sedatu en el año de 2016”.
“La Utcam, durante el ejercicio de 2016, emitió los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) números D 13397 y D 13544, correspondientes a las Etapas I y II, por un importe total de 182 millones 816 mil pesos, en favor de la Sedatu, la cual realizó los pagos en el mismo año, con cargo a la partida presupuestal 43101 “Subsidios a la Producción”, según consta en las Cuentas por Liquidar Certificadas (en lo sucesivo CLC´s) emitidas para su pago”, añadió.
“Asimismo, durante el ejercicio de 2016, y como resultado de los trabajos correspondientes a la Etapa III, del citado convenio, la Utcam presentó los CFDI números D13701, D-13763, D-13917 y D-13918, por un importe de 21 millones 330.3 mil pesos cada uno, lo cual representó un total de 85 millones 321.2 mil pesos, emitidas el seis de octubre de 2016 en favor de la Sedatu, las cuales fueron pagados por la Sedatu con cargo en su presupuesto correspondiente al ejercicio 2017, y afectaron la partida presupuestal 33903 “Servicios Integrales”, mediante dos depósitos realizados el ocho de junio y 17 de julio de 2017; por lo anterior, se incluyó en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017”, afirmó.
La auditoría realizada por 2017
En el 2017, la Auditoría determinó un daño a la Hacienda Pública Federal por 85 millones 321 mil 255.08 pesos, 78 millones 485 mil que fueron pagados a las compañías y seis millones 836 mil que cobró de “comisión” la Utcam, e hizo una observación, la cual generó una recomendación, una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y dos Pliegos de Observaciones.
En su dictamen, emitido el 24 de enero de 2019, el órgano fiscalizador federal hizo una auditoría forense de un convenio con la Sedatu y concluyó que “en términos generales, la Universidad Tecnológica de Campeche no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; asimismo, pagó el importe de 78 millones 484.9 mil pesos, que representó el 92 por ciento del importe de 85 millones 321.2 mil pesos, por supuestos servicios prestados en el ejercicio de 2016, a cuatro personas morales”.
La Utcam “no acreditó la realización de ningún tipo de servicio para cumplir con el objeto del Convenio suscrito entre la Utcam y la Sedatu, no obstante, les efectuó los pagos con recursos federales recibidos de la Sedatu”, indicó.
“En los entregables presentados por la universidad, no se evidencia la participación de las cuatro personas morales en la integración de los mismos, aunado a que un proveedor manifestó que todo el trabajo lo había realizado él con su propio personal. Además, la Utcam no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación del importe de seis millones 836.3 mil pesos, por los recursos recibidos en el ejercicio de 2017”, puntualizó.
Sólo 1 empresa cumplió con el servicio
La ASF precisó que “el universo seleccionado para la auditoría fue de 86 millones 716 mil pesos, que corresponde al monto de los contratos y/o convenios suscritos por la Universidad Tecnológica de Campeche con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Recordó que “en los últimos años, reiteradamente, la Auditoría Superior de la Federación ha fiscalizado a las Universidades y Organismos Públicos estatales, en las cuales ha persistido un ambiente de opacidad e irregularidades en las operaciones realizadas al amparo de contratos y convenios celebrados con entidades federales, bajo el esquema que permite el Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo LAASSP)”.
“Asimismo, se ha detectado que, aunque manifiestan contar con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo los servicios encomendados, en realidad se ha comprobado que carecen de dichas características, por lo que subcontratan servicios con proveedores que, en la mayoría de los casos, no presentan la justificación y materialización de los servicios prestados”, expresó.
Fraude amparado en artículo 1 de la LAASSP
El órgano fiscalizador mencionó que “por medio de los resultados de las auditorías, se ha documentado que aunque existen comprobantes fiscales que cumplen con todos los requisitos legales, no obstante, avala una operación, en la mayoría de los casos irregulares e inexistente, en el que se aprecia un esquema de triangulación de recursos públicos para dispersar los recursos federales recibidos por medio de empresas vinculadas, las cuales en lo general no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios convenidos, incluso algunos de esos proveedores no fueron localizados en sus domicilios fiscales, posiblemente inexistentes, y algunos casos se comprobaron nexos entre las empresas, toda vez que comparten los mismos domicilios, y tienen los mismos apoderados y representantes legales, y algunos de ellos se encuentran sancionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)”.
“Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de convicción, que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia, derivados de las revisiones por parte de la ASF, muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para dispersar los recursos públicos”, expuso.
“La fiscalización practicada por la ASF ha revelado que se incrementaron considerablemente las contrataciones entre entidades públicas realizadas al amparo del Artículo 1 de la LAASSP, para que, a través de la triangulación de recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, situación que se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes (SAT, Procuraduría Fiscal y Unidad de Inteligencia Financiera), quienes actuarán en consecuencia en el ámbito de sus atribuciones”, agregó.
Asimismo, citó que “en la auditoría número 1792-DE, practicada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Cuenta Pública 2016, se observaron diversas irregularidades, entre las que destacan, que no justificó la contratación con diversas universidades y dependencias estatales, no verificaron que dichos entes contaran con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo los servicios, entre otras”.
“Derivado de lo anterior, se determinó llevar a cabo la presente auditoría forense para verificar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos para el objeto al que son destinados y en su caso, detectar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en los convenios suscritos entre la universidad y la Sedatu, así como de los pagos recibidos en el ejercicio 2017”, concluyó.
Consulta aquí el informe de la ASF:
http://informepdf.asf.gob.mx/Informe.aspx
