A través de la SDR, Alejandro Moreno no respetó las reglas de operación, ni la convocatoria para la entrega de apoyos del Programa de Concurrencia y tramposamente se autorizó la compra de un parque de maquinaria pesada para construir caminos saca-cosechas. ASF detecta daño a la Hacienda Pública Federal por 14.4 millones.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 24 de febrero del 2019.- No sólo los recursos del gasto federalizado ejerció con desaseo Alejandro Moreno Cárdenas en el 2017: En el Programa de Concurrencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no respetó las reglas de operación y autorizó apoyos a 311 beneficiarios para la adquisición de 16 tractores, que no deberían estar en manos de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), pero dos no aparecen.
“El gobierno de Campeche (a través de la SDR, a cargo de Armando Toledo Jamit) consideró como comprobados un monto de 14 millones 400 mil pesos autorizados por el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Campeche (Fofaecam) a los beneficiarios de 72 proyectos, los cuales no acreditaron la existencia de dos equipos de maquinaria pesada”, precisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador federal, el estado de Campeche recibió 90 millones 900 mil pesos del Programa de Concurrencia en 2017, específicamente para el componente de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, siendo uno de los seis estados beneficiados, sin justificación legal, con una ampliación de recursos por la Sagarpa, cuyos delegados fueron Lucio Lastra Ortiz y Pedro Armentía López, sobrino político de Moreno Cárdenas.
La Auditoría detalló que el Fofaecam “recibió recursos por parte de la Sagrarpa, con cargo en el presupuesto del ejercicio 2017 para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, mediante dos ministraciones por un monto de 30 millones 900 mil pesos y 60 millones de pesos, efectuadas en julio de 2017 y enero de 2018, respectivamente”.
Del total de recursos, agregó, “89 millones 447.7 mil pesos se destinaron al otorgamiento de apoyos para la ejecución de proyectos correspondiente al Componente de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria y un millón 452.3 mil pesos para gastos de operación del programa”.
Manifestó que el Comité Técnico del Fofaecam emitió en enero de 2017 la convocatoria pública del Programa de Concurrencia 2017 y autorizó la apertura y cierre de ventanillas para la recepción de las solicitudes de apoyo del uno al 31 de marzo del 2017.
“Sin embargo, en dicha convocatoria no se estableció la ponderación estatal de los criterios de selección sobre un total de la base del 100.0 por ciento, la línea telefónica de atención, ni tampoco se señaló que los apoyos se otorgarán por única vez”, indicó.
“El Comité Técnico del Fideicomiso Fofaecam, en su sesión ordinaria celebrada en junio de 2017, autorizó mil 554 solicitudes de un total de mil 669 recibidas, de las cuales a 946 se les asignó, como aportación federal, 29 millones 447.7 mil pesos; asimismo, se identificó que en diciembre de 2017, autorizó 311 solicitudes en el concepto de incentivo “proyectos productivos” a las que, en conjunto, se les asignaron, como aportación federal, 60 millones de pesos”, agregó.
“Al respecto, no evidenciaron si las solicitudes provienen del proceso de registro y selección de la convocatoria emitida en enero de 2017, ya que fueron autorizadas en la cuarta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada en diciembre de 2017; además, no presentaron documentación que demuestre cómo fueron obtenidas, seleccionadas, dictaminadas y autorizadas conforme a lo señalado en las Reglas de Operación del Programa, ni qué parámetros y elementos consideró para determinar la viabilidad de los proyectos; así también, no documentó la revisión que efectuó a los citados proyectos y el cabal cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia y publicidad que otorgaran el acceso equitativo entre la población objetivo del programa”, reveló.
La ASF expuso que “identificó que las 311 solicitudes fueron presentadas por el mismo número de personas físicas para el incentivo “proyectos productivos”, cuyo monto máximo por proyecto sería de 250 mil pesos. Cabe hacer mención que los recursos se destinaron para la ejecución de un mismo proyecto denominado “Construcción y Rehabilitación de Camino Saca Cosecha”, para lo cual se requería adquirir, de manera conjunta, maquinaria y equipo para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos en zonas de producción agrícola de los municipios de Escárcega y Champotón del estado de Campeche, situación que no se encuentra prevista en las Reglas de Operación del Programa, ni tampoco dentro de los conceptos de gasto que atiendan las prioridades estratégicas estatales”.
Además, abundó, “con la revisión de las solicitudes se identificaron algunas inconsistencias, tales como las siguientes: las solicitudes fueron registradas y recibidas por la Instancia Ejecutora en enero de 2018, como consta en el “acuse de registro”, además de que en 56 casos se señala que el apoyo dependerá del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del ejercicio 2018; sin embargo, los recursos federales otorgados corresponden al ejercicio 2017”.
“Asimismo, la formalización del apoyo con cada uno de los 311 productores se realizó en marzo de 2017, mediante el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo, situación que se contrapone con la fecha de autorización de dichas solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso (diciembre 2017)”, añadió.
Aseveró que al respecto, la SDR “informó que las 311 solicitudes, en su conjunto, corresponden a un proyecto marco productivo para la “Construcción de Infraestructura para la Producción Primaria”, presentado por cinco sociedades de Producción Rural, que agrupan a productores de caña de azúcar, sorgo y arroz, promovido por la Secretaría de Desarrollo Rural, la cual también es la Instancia Ejecutora del Fideicomiso, y avalado por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable de Campeche en su primera sesión ordinaria del 28 de diciembre de 2017”.
“Lo anterior, no obstante, que las Reglas de Operación del programa y el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2015-2018, establecen que la participación de dicho consejo se circunscribe a la planeación estratégica estatal en materia agrícola, pecuaria, de pesca y acuicultura de acuerdo con las prioridades y características regionales, sin que éste defina los proyectos que serán apoyados con los recursos del programa, y establece también que, invariablemente, los apoyos del programa se otorgarán mediante convocatoria abierta y, en ningún caso, sus recursos deberán estar etiquetados o predeterminados de manera específica a determinadas personas físicas o morales, o bien, otórgales a éstas preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo”, precisó.
No localizan a 15 supuestos beneficiarios
Por otra parte, mencionó que “en cuanto a la revisión de la documentación comprobatoria que acredita la aplicación de los recursos asignados mediante las 311 solicitudes, se identificó que se encuentran soportados en los formatos de “Finiquito del Convenio Específico de Adhesión” y 16 facturas expedidas el 30 y 31 de enero y el 1 y 2 de febrero de 2018, emitidas por tres proveedores a favor de las cinco sociedades de Producción Rural y no a favor de los 311 beneficiarios, por concepto de la adquisición de 16 equipos de maquinaria pesada para la construcción de caminos, sin que dichos conceptos de gasto y montos máximos se correspondan con los autorizados por el Comité Técnico en la convocatoria emitida para otorgar los recursos de apoyo del programa en el ejercicio 2017, ni tampoco con los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”.
“Asimismo, en los estados de cuenta del Fideicomiso, se identificó que el pago de dichas facturas se realizó de manera directa a los tres proveedores, toda vez que los productores beneficiarios presentaron al Comité Técnico del Fideicomiso una Carta de Cesión de Derechos, en la que manifestaron que ceden los derechos del apoyo para ser radicado a favor de los proveedores, quienes deberán aplicarlos en la adquisición de los equipos de maquinaria y facturar de manera consolidada a las cinco sociedades de Producción Rural”, asentó.
Comentó que “por las inconsistencias antes señaladas, se determinó realizar verificaciones físicas a 48 de los 311 productores beneficiarios, de los cuales 15 no fueron localizados al momento de realizar la visita física en el domicilio particular del beneficiario; respecto de la verificación de los 33 beneficiarios restantes, éstos manifestaron desconocer el monto y el concepto de los apoyos, toda vez que la gestión de los recursos se realizó por conducto del líder del gremio al que pertenecen, sin acreditar, dichos beneficiarios, a cuál de las cinco sociedades de Producción Rural pertenecen”.
Asimismo, especificó, “no se acreditó la existencia de los 16 equipos adquiridos, por los cuales la Instancia Ejecutora presentó cinco escrituras públicas suscritas en el mes de abril de 2018, en las que se formaliza un contrato de usufructo de los 16 bienes a título gratuito por un periodo de seis años, celebrado entre las cinco sociedades de Producción Rural, como propietarias de los bienes, y por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Campeche, como usufructuaria, situación que se contrapone con lo señalado en el proyecto presentado por los beneficiarios, así como en las sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable de Campeche y del Comité Técnico del Fideicomiso en las que se validó y autorizó el proyecto, y en las que se indicó que los 311 productores contarían y administrarían los equipos adquiridos con los recursos del programa”.
“Por lo anterior, con la finalidad de constatar la existencia de los 16 bienes, en el mes de diciembre de 2018, este órgano de fiscalización superior realizó la verificación física en los municipios de Calkiní, Champotón, Ciudad del Carmen, Candelaria, y en la Central de Maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Campeche, en la cual se constató la existencia de 14 bienes, por un importe total de 45 millones 600 mil pesos, los cuales se corresponden con las características y números de serie descritos en las facturas presentadas por los beneficiarios para la comprobación de los recursos federales; sin embargo, no se encontraron dos bienes (tractores) por un importe total de 14 millones 400 mil pesos”, detalló.
“Asimismo, en la revisión de los expedientes de los 48 beneficiarios visitados, se identificó que no cuentan con la documentación que acredite que cumplieron con todos requisitos de elegibilidad y selección, tales como acta de nacimiento; CURP; RFC; comprobante de domicilio, identificación oficial, notificación de número de cuenta CLABE y último estado de cuenta, en la cual se depositarían los recursos autorizados para la ejecución del proyecto; y el escrito en el cual el beneficiario declara no haber recibido o estar recibiendo incentivos para los mismos conceptos de otros programas federales, estatales o municipales, por lo cual, al no contar con dichos documentos, no se debió emitir la dictaminación, aprobación y autorización de los proyectos por parte de la Unidad Técnica Estatal y el Comité Técnico del fideicomiso”, afirmó.
“También, se verificó que cuatro expedientes carecen del documento de opinión positiva del SAT, Formato 32-D “Cumplimiento de obligaciones fiscales”, y nueve de ellos, del documento en el cual se evidencia estar cubiertas las obligaciones en materia de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, documentos que debieron presentarse por el beneficiario para proceder a la formalización del correspondiente Convenio Específico de Adhesión, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa”, puntualizó.
Recomendación e investigación a funcionarios
Ante estas anomalías, el órgano fiscalizador emitió una recomendación “para que el gobierno del estado de Campeche, por conducto de la SDR, implemente los mecanismos de control y acciones necesarias para que los recursos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas en sus tres componentes, se otorguen a proyectos productivos o estratégicos y se destinen en bienes y servicios directamente vinculados con las actividades primarias (agrícola, pecuaria, pesca y acuícola) y para uso exclusivo de las unidades de producción, de acuerdo al objeto, conceptos y montos establecidos en las Reglas de Operación del programa, con la finalidad de evitar que se agrupen varias solicitudes de apoyo para un mismo proyecto, y con ello se superen los montos máximos establecidos por incentivo”.
Igualmente, se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria “para que la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado de Campeche o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión como Instancia Ejecutora y responsables del fideicomiso denominado Fofaecam, autorizaron apoyos a 311 beneficiarios para la adquisición de 16 equipos de maquinaria pesada, sin que dichos conceptos de gasto y montos máximos se correspondan con los autorizados por el Comité Técnico en la convocatoria emitida para otorgar los recursos de apoyo del programa en el ejercicio 2017, ni con los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, aunado a que no se demostró que la asignación de los 311 apoyos derivó del proceso de registro y selección de la convocatoria emitida en enero de 2017, ni tampoco cumplieron con todos los requisitos de elegibilidad y selección, y sin que en la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso en la que autorizó dichas solicitudes, se indicara que fueron obtenidas, seleccionadas, dictaminadas y autorizadas mediante el proceso señalado en las Reglas de Operación del Programa, y bajo los criterios de objetividad, equidad, transparencia y publicidad que otorgaran el acceso equitativo entre la población objetivo del programa”.
“Así también, por considerar como procedente la aplicación de los recursos con la documentación comprobatoria, consistente en 16 facturas con fecha del 30 y 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2018, emitidas por tres proveedores a favor de cinco sociedades de Producción Rural por la adquisición de los 16 equipos de maquinaria pesada y no a favor de los 311 beneficiarios, situación que se contrapone con lo señalado en el proyecto presentado por los beneficiarios, así como en las sesiones del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable de Campeche y del Comité Técnico del Fideicomiso en las que se validó y autorizó el proyecto, y en las que se indicó que los 311 productores contarían y administrarían los equipos adquiridos con los recursos del programa, toda vez que se suscribieron cinco escrituras públicas en el mes abril de 2018 en las que se formalizó el contrato de usufructo de los 16 bienes muebles a título gratuito por un periodo de seis años, celebrado entre las cinco sociedades de Producción Rural, como propietarias de los bienes, y la SDR, como usufructuaria”.
Daño a la Hacienda Pública Federal por 14.4 millones
La Auditoría inició un pliego de observaciones, en el que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 14 millones 400 mil pesos por concepto de los recursos federales otorgados por el gobierno del estado de Campeche en el ejercicio 2017 a 72 beneficiarios, correspondientes a los apoyos autorizados para la adquisición de maquinaria pesada para la ejecución del proyecto denominado “Construcción y rehabilitación de camino saca cosecha”, con cargo en los recursos del fideicomiso denominado Fofaecam del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, sin que los beneficiarios, ni el gobierno del estado acreditaran la existencia de dos equipos de maquinaria pesada (tractores).
Autorizan cámara de conservación pesquera que no funciona
La Auditoría Superior de la Federación emitió otra Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, autorizaron el proyecto con número de folio 17-PCEF-INEQM-000065-L020-CC5 para la adquisición de una cámara de conservación prefabricada panelar de la Planta de Procesos Pesqueros, sin considerar que dicho proyecto era complemento de una obra, la cual, al mes de junio de 2018, no se encuentran en uso, aun cuando en el Convenio Específico de Adhesión se estableció, como fecha límite de la ejecución del proyecto el 20 de septiembre de 2017, y se cuenta con el “Finiquito de Convenio Específico de Adhesión” de fecha 14 de septiembre de 2017.
Ampliación presupuestal distribuida inequitativamente
La ASF también encontró que la Sagarpa “distribuyó y ministró recursos (de una ampliación presupuestal para el Programa de Concurrencia) a los estados de Campeche, Guerrero, México, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, sin acreditar y justificar los criterios que consideró para determinar a cuáles entidades federativas beneficiar y qué montos transferir, con la finalidad de garantizar que su distribución se realizara de manera equitativa y objetiva”.
Por esto, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión como Unidad Responsable del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ministraron 259 millones 500 mil pesos, correspondientes a una ampliación al presupuesto del programa, a los estados de Campeche, Guerrero, México, Querétaro, Yucatán y Zacatecas”.
A destiempo, ministraron los recursos estatales
Además, se inició una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria “para que la Secretaría de la Contraloría realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión como Instancia Ejecutora y responsables del fideicomiso denominado Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Campeche, ministraron la aportación estatal al fideicomiso después de las fechas programadas en el calendario de ministración de los recursos establecidos en el Anexo Técnico de Ejecución, lo que ocasionó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizara la aportación de los recursos federales fuera de los plazos establecidos y, en razón de ello, se desfasó la distribución de los recursos a la población objetivo, situación que no garantizó la ejecución oportuna de los proyectos autorizados por el Comité Técnico del fideicomiso, toda vez que al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018, en la cuenta bancaria del fideicomiso se contaba con recursos pendientes de distribuir a la población objetivo, así como con apoyos otorgados para ejecución de proyectos pendientes de cierre finiquito acompañados de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos autorizados y recibidos por los beneficiarios”.
En conclusión, la Auditoría Superior de la Federación “específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance”, concluyó que, en términos generales, la Sagarpa, así como los gobiernos de los estados de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Consulta aquí el informe completo de la ASF:
