La ASF revela que Alejandro Moreno no fue capaz de hacer un buen manejo del endeudamiento estatal y pagó en demasía 245,036 pesos, y revela también que calculó balances presupuestarios deficitarios y no informó al Congreso cómo los corregiría.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 21 de febrero del 2019.- Además de triplicar la deuda pública estatal, Alejandro Moreno Cárdenas no ha sido capaz de hacer un buen manejo del financiamiento y pagó en demasía intereses por 245 mil pesos en el año 2017, descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador federal determinó por ello, que se tienen que recuperar estos recursos e hizo tres observaciones, con tres recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones, al analizar el financiamiento público local que, a diciembre del 2017, alcanzaba los mil 316 millones 955.6 pesos.
En su dictamen, emitido el primero de febrero del 2019, la ASF manifestó que el gobierno del estado de Campeche “presentó balances Presupuestario y Presupuestario de Recursos Disponibles superavitarios en 615.2 millones y en 133.6 millones de pesos, respectivamente, cuando, de acuerdo con cálculos de la ASF, éstos debieron ser deficitarios en 56.5 millones y 104.4 millones, respectivamente”.
“Las diferencias resultaron de excluir el gasto realizado mediante los Remanentes del Ejercicio Anterior de los egresos totales (para el cálculo del Balance Presupuestario) y los Remanentes del Ejercicio Anterior de los Ingresos de Libre Disposición (para el cálculo del Balance Presupuestario de Recursos Disponible)”, explicó.
“El déficit en el Balance Presupuestario de Recursos Disponible implicó que el gobierno del estado debiera informar al Congreso Local 1) las razones que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo, 2) las fuentes y el monto de recursos necesarios para cubrir el déficit, y 3) el número de ejercicios fiscales y las acciones necesarias para tener un Balance Presupuestario de Recursos Disponible mayor o igual a cero, en los términos del artículo 6 de la LDFEFM (Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios), asimismo, no se implementaron acciones o medidas de ajuste de finanzas públicas en los proyectos de Presupuesto de Egresos 2018, para la corrección de los déficits del balance presupuestario de recursos disponibles”, reveló.
Afirmó que “la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, durante 2017, no llevó un control adecuado y no vigiló el pago de los intereses ordinarios de la deuda pública del gobierno, debido a que pagaron en demasía 0.2 millones de pesos, correspondientes a tres créditos a largo plazo suscritos con la institución financiera Banamex, contratados en el ejercicio 2014”.
“En relación a los estados financieros de la cuenta pública 2017, el gobierno del estado no reveló las reservas estimadas en el estudio actuarial, para el pago de Pensiones y Jubilaciones, así como de las obligaciones por terminación laboral”, puntualizó.
Hay que disminuir dependencia de recursos federales
En la auditoría de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño, se tuvo como objetivo “fiscalizar, con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y refinanciamiento, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los convenios al respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria y financiera”.
“El universo por mil 316 millones 955.6 mil pesos se integró por mil 28 millones 195.3 mil del saldo insoluto de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública y por 288 millones 760.3 mil, del saldo de las obligaciones con proveedores y contratistas, de acuerdo con lo reportado al 31 de diciembre de 2017 en la Cuenta Pública del gobierno del estado de Campeche, cuya revisión fue el 85 por ciento del universo”, detalló.
Con base en la revisión practicada, la Auditoría opinó que es necesario que la entidad fiscalizada fortalezca la recaudación fiscal en el ámbito local, a efecto de disminuir la dependencia presupuestaria de los recursos federales y reducir el impacto de una caída en los ingresos federales transferidos a los gobiernos locales, en caso contrario, tendrá presiones en sus finanzas públicas que restringirá la capacidad financiera local para cumplir con el principio de sostenibilidad al obtener resultados superavitarios.
“El gobierno del estado tendrá que atender los principios de transparencia y máxima publicidad de la información financiera, al revelar en la Cuenta Pública la totalidad de sus obligaciones e incluir las estimaciones de la pensiones presentes y futuras; constituir e incrementar las reservas financieras, estimadas mediante estudios actuariales en los términos previstos en la LDFEFM, para contar con los elementos que les permitan realizar una planeación financiera que otorgue suficiencia para el pago de la totalidad de sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazos”, indicó.
“La entidad fiscalizada tendrá que fortalecer los controles adecuados y vigilar la gestión administrativa de la deuda pública, a efecto de evitar daños a las haciendas públicas con el pago de intereses en demasía o moratorios, toda vez que, al no vigilar los cálculos realizados por las instituciones financieras, ni cumplir con los requerimientos de pago, se vieron afectados, pagando intereses ordinarios en exceso”, agregó.
“Las acciones formuladas tienen el propósito de que el ente auditado cumpla con las disposiciones establecidas en la LDFEFM, y/o en su caso, se inicien las investigaciones ante las instancias competentes para sancionar a los servidores públicos que no cumplieron con las disposiciones aplicables. Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores”, apuntó.
100 millones costó contrato para Puente de la Unidad
Como resultados, la ASF reportó también que “el gobierno del estado no contrató deuda a corto plazo, de acuerdo con la información reflejada en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF de la Cuenta Pública 2017; la deuda pública por mil 28.1 millones de pesos correspondió al saldo insoluto de las obligaciones financieras, con un incremento anual de 229.4 millones”.
Mencionó que “a efecto de examinar el riesgo de subestimación de la deuda pública, y en cumplimiento de la ISSAI 1505, se solicitaron a las instituciones financieras las confirmaciones de los saldos de los créditos a cargo del gobierno del estado de Campeche, en donde no se determinaron diferencias como resultado de la prueba”.
“Los tres créditos de Banamex contratados en 2014 por 821.9 millones de pesos, se destinaron 630.6 millones para inversión pública productiva y 191.3 millones para refinanciamientos; en cuanto a los créditos contratados en 2017, en el caso de Santander, se destinó a inversiones públicas productivas en la construcción del “Nuevo Puente de la Unidad, Eugenio Echeverría Castellot”, más gastos y costos relacionados con la contratación del crédito por 100.0 millones, y al cierre del ejercicio quedó un monto por disponer de 700.0 millones, y en cuanto al crédito de Bancomer por 806.2 millones, sólo se destinó a proyectos de inversión pública productiva, de conformidad con lo establecido en los cuatro Convenios de Coordinación en Materia de Transferencia y Aplicación de los Recursos Estatales con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del estado de Campeche y la Secretaría de Finanzas, por la cantidad de 142.6 millones, y al cierre del ejercicio, quedó un monto por disponer de 663.6 millones”, detalló.
Expuso que se constituyeron tres fideicomisos irrevocables para administrar la fuente y garantía de pago de los financiamientos vigentes en 2017 “con Banco Invex, Evercore Casa de Bolsa y Protego Casa de Bolsa, como mecanismos para garantizar el pago del servicio de la deuda pública de largo plazo, dichos fideicomisos recibieron el 12.8 por ciento del uno de enero al 11 de agosto y del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2017 se incrementó en un 4.0 por ciento, de los ingresos del Fondo General de Participaciones que el gobierno del estado recibió en 2017 por tres mil 927.9 millones de pesos”.
“Se validó que el gobierno del estado llevó el control de los rendimientos obtenidos por las inversiones de los patrimonios y de los fondos de reserva, de conformidad con lo establecido en las cláusulas de los contratos; por el servicio de la deuda, el gobierno del estado pagó 79.7 millones de pesos a las instituciones financieras: 13.1 millones por concepto de amortización de capital y 66.6 millones por intereses (sin incluir bonos cupón cero); de igual forma, el gobierno del estado pagó 0.3 millones al fiduciario Evercore Casa de Bolsa, por concepto de administración de los fideicomisos y 0.4 millones al fiduciario Banco Invex, S.A. de C.V. por concepto de honorarios fiduciarios”, añadió.
Carencia de registro de proveedores y contratistas
Sobre el pago del servicio de la deuda pública del gobierno del estado de Campeche en 2017, el órgano fiscalizador encontró que el gobierno estatal “pagó 95.1 millones de pesos por el servicio de la deuda pública 2017, de los cuales 13.1 millones correspondieron a las amortizaciones de capital, 66.6 millones a los intereses (sin incluir bonos cupón cero) y 15.4 millones a los gastos asociados con la deuda”.
“Del análisis efectuado, se conoció que el gobierno del estado reveló correctamente el monto total de las amortizaciones realizadas en el Informe Analítico de Deuda y otros Pasivos, de acuerdo con lo previsto en la LGCG”, comentó.
Sin embargo, destacó que “con base en los contratos de financiamiento, se calcularon los intereses que el gobierno del Estado debió pagar por los mismos, lo cual contrastó con lo determinado por la ASF, ya que del análisis efectuado, se identificaron diferencias de pagos en exceso por 0.2 millones de pesos (245 mil 36.63 pesos), correspondientes a tres créditos a largo plazo suscritos con Banamex durante 2017, por lo cual, la entidad no llevó un control adecuado y no vigiló el pago correcto de los intereses ordinarios de la deuda pública del gobierno del estado”.
Asimismo, se detectó que “la entidad no cuenta con un control de registros de proveedores y contratistas por antigüedad de los saldos de las cuentas por pagar, por lo cual no fue posible constatar que los saldos no presentaran registros con plazos superiores de antigüedad respecto de los autorizados en sus políticas de pago, y se observó que el gobierno del estado no reveló en los estados financieros ninguna reserva para el pago de Pensiones y Jubilaciones, así como de las obligaciones por terminación laboral, toda vez que de la valuación actuarial, el gobierno del estado debió reconocer al 31 de diciembre de 2016, un pasivo laboral de 902.5 millones de pesos”.
Más información en:
https://www.pagina66.mx/el-prian-mor-autoriza-a-alito-a-endeudar-mas-a-campeche/
https://www.pagina66.mx/triplicada-la-deuda-estatal-directa-con-alejandro-moreno/
https://www.pagina66.mx/con-alito-excedentes-derroche-y-mas-deuda-en-2017/
https://www.pagina66.mx/con-chicanada-legislativa-alito-legaliza-deuda-de-332-4-millones/
https://www.pagina66.mx/manejo-tramposo-de-la-megadeuda-publica-estatal/
