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6 agosto, 2019 Comentarios Desactivados en Aysa arrecia persecución contra medios críticos en Facebook Campeche

Aysa arrecia persecución contra medios críticos en Facebook

Desde el 13 de junio del 2019, cuando tomó posesión, Carlos Miguel Aysa ordenó a la SSP, sus bots y sus trolles que intensificaran el reporte de medios electrónicos, como Página 66, para bloquear funciones de la red social y minimizar la difusión de noticias críticas, en una especie de censura inducida.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 6 de agosto del 2019.- Desde el 13 de junio del 2019, cuando rindió protesta en el salón de sesiones del Congreso del Estado, el sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas, Carlos Miguel Aysa González, arreció la persecución, el acoso y el hostigamiento hacia los medios de comunicación críticos e independientes, como Página 66, en una especie de censura inducida desde el poder.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Jorge Alberto Argáez Uribe; sus bots y sus trolles, Aysa González intensificó las presiones hacia los medios electrónicos, entre ellos Paginabierta y Bestiómetro, con reportes constantes a la red social Facebook, bajo el pretexto de que violan las normas comunitarias.

En el caso de este diario electrónico, los bloqueos inducidos a funciones de Facebook comenzaron a ser cada 24 horas, pero al revelarse el “negociazo” que pretendía el titular del Poder Ejecutivo estatal con la contratación plurianual del arrendamiento de patrullas y las afectaciones a los derechos de los trabajadores estatales y municipales, con la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales, pasaron a ser cada seis horas, inmovilizando casi por completo la página web.

El modus operandi es el mismo utilizado durante el año 2018 por la Secretaría de Seguridad Pública campechana -como dio a conocer la organización Artículo 19 en su Informe Anual, en abril pasado-, la cual hizo 610 solicitudes a la red social para la restricción de contenidos, sin orden judicial, principalmente por difamación, fraude, falsedad de perfil y noticias falsas.

Aquella vez, Página 66 informó que Alejandro Moreno había extendido el control policiaco que mantiene en el estado de Campeche a las redes sociales, en específico a Facebook, a la que en 11 meses del 2018 solicitó, sin mediar orden judicial, 610 veces la remoción de información, por considerarla, principalmente, difamatoria, fraudulenta y falsa.

La corporación policiaca, al mando de Argáez Uribe, entre enero y noviembre del 2018, pidió a Facebook retirar 284 contenidos por difamación, 122 por fraude, 112 por ser de carácter sexual, 76 por perfil falso, siete por “fakenews”, cuatro por “bullying”, dos por amenazas a menores, dos por suplantación de identidad y uno por fallecimiento.

Las páginas informativas de Facebook, críticas de la administración de Moreno Cárdenas, han sido las más perjudicadas por el actuar oficial, con bloqueos de contenidos, restricciones para compartirlos y ataques de su horda de “Alitobots”, mientras que las páginas afines al gobierno estatal actúan libremente en sus labores de desacreditar el trabajo de los periodistas críticos y el ataque a enemigos políticos.

Remoción de contenidos es mecanismo de censura

En su Informe Anual 2018: Ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva, en el apartado denominado “La remoción de contenidos como mecanismo de censura”, la organización civil Artículo 19 identificó que la entidad campechana es la que hizo el mayor número de requerimientos de restricción de información, con 610.

Los estados de Chihuahua (4), Colima (1), Durango (6), Michoacán (1), Sinaloa (70), San Luis Potosí (45), Puebla (1), Oaxaca (1), Querétaro (1) y Zacatecas (1) fueron los otros 10 que admitieron haber hecho estas solicitudes en 2018.

A través de una solicitud de información, con el folio 0100786118, la SSPCAM, por medio de su Unidad de Policía Cibernética, el 13 de diciembre del 2018, respondió sobre las solicitudes de remoción de información a Artículo 19, y reveló que en un 46.5 por ciento fue por ser presuntamente difamatoria.

La agrupación civil señaló que “la opacidad y la falta de controles de las autoridades relacionadas con sus actos para eliminar contenidos en internet hacen de la remoción de contenidos una práctica de censura, particularmente en función del deber del Estado de prohibir la restricción, obstrucción o impedimento por medios directos o indirectos la circulación de información, sin controles judiciales que garanticen la legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad de esta información”.

Manifestó que “un aspecto particularmente alarmante es la utilización de la figura de difamación, cuya instrumentalización en materia penal ha sido históricamente empleada para censurar información, libros, ediciones y opiniones de medios y periodistas críticos en México”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha sostenido que las leyes de difamación pueden dar lugar a abusos por parte de funcionarios, resultantes en una restricción del derecho a la libertad de expresión, en tanto son utilizadas para acallar la crítica”, expresó.

Artículo 19 reiteró que “una expresión que choca, ofende, critica o incomoda no basta para justificar una solicitud de remoción de contenidos que alegue difamación, daño moral por afectaciones al honor o a la reputación por parte de autoridades o funcionarios públicos, sin antes agotar el estándar de malicia efectiva enmendado bajo el sistema de protección dual del derecho a la libertad de expresión”.

“Las solicitudes que las autoridades y el Estado en su conjunto realicen a las plataformas para eliminar u obstaculizar el acceso a información que circula en internet deben regirse bajo el principio relativo a que el flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos”, puntualizó.

La organización civil aseveró que “los motivos de las solicitudes más destacables por su incompatibilidad con la protección a la libertad de expresión son: difamación, críticas al gobierno, noticias falsas, errores ortográficos, palabras inapropiadas en cuentas oficiales, ataques al honor en carpeta de investigación, ley electoral y marca comercial”, y concluyó que “la mayoría de las solicitudes se hacen sin controles judiciales”.

Consulta aquí el Informe Anual de Artículo 19:

https://articulo19.org/niborronnicuentanueva/

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2019/04/Ante-el-silencio-Informe-A19-2018_PUB.pdf

Más información en:

https://articulo19.org/poderes-publicos-de-campeche-reviven-la-ola-de-represalias-contra-periodistas-criticos-en-la-entidad/

https://www.pagina66.mx/alito-ejerce-censura-policiaca-en-facebook/

 

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