El sustituto Carlos Miguel Aysa gasta un monto superior al 14% del total del presupuesto estatal para 2020 en mitigar efectos económicos de la emergencia sanitaria, sin que hasta ahora, los diputados locales asuman su facultad de seguimiento y vigilancia puntual de los recursos públicos.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 26 de junio del 2020.- Hasta ahora, la administración del sustituto Carlos Miguel Aysa González anunció que está gastando o gastará más de tres mil 88 millones de pesos en mitigar los efectos económicos del Covid-19.

Esta cifra representa el 14 por ciento de los 21 mil 982 millones de pesos aprobados en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal del 2020, aprobado por el Congreso del Estado.

Estos recursos “reasignados” sería mayores si se incluyeran los potenciales desvíos millonarios de recursos que significan la “donación” de despensas e insumos médicos de las dependencias, entidades y empresas paraestatales al DIF estatal para ser distribuidos a los afectados por la pandemia.

Ya lo advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el año pasado, “si un gobierno estatal modifica su gasto global en más del 15 por ciento, esta variación significa una mala planeación de las secretarías de Finanzas y una nula supervisión del Congreso local”.

“Del dicho al hecho, los presupuestos son de juguete. Una cosa es lo que los estados originalmente presupuestan y otra lo que posteriormente gastan”, indicó y alertó que “esta práctica permite gastar sin transparentar, sin rendir cuentas a los ciudadanos y sin tener que justificar las prioridades del gasto”.

Mientras todo esto sucede, el Congreso de Campeche, liderado por el priísta Ramón Méndez Lanz, cumplió hoy un mes más de estar totalmente paralizado, por tercera vez, salvo por las reuniones virtuales de preparación del segundo informe legislativo y las conferencias virtuales sobre “fake news”.

La Cámara de Diputados local ha dejado, en más de 100 días de emergencia sanitaria, un vacío “en el uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia”, como advirtieron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil.

Integradas en el mecanismo “Susana Vigilancia”, las agrupaciones civiles recordaron que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. Los Congresos estatales tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos”.

Afirmaron que para atender la emergencia sanitaria, el gobierno estatal ha requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales para la adquisición de bienes.

“Los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, puntualizaron.

El 18 de junio del 2020, la administración del sustituto Carlos Miguel Aysa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), comenzó la “danza de los millones” y anunció un Plan de Contingencia Económica, con inversiones por más de dos mil 913 millones de pesos en apoyos al sector económico, otorgamiento de subsidios a familias y acciones para garantizar el abasto de productos y servicios y de reconversión productiva.

Cuatro días después, el 22 de junio del 2020, ahora a través del sobrino preferido de Alejandro Moreno, Christian Castro, informó de una inversión de 175 millones de pesos para infraestructura social básica y poner en marcha la Estrategia de Atención Social Emergente, a través de subsidios de seguridad alimentaria a mujeres indígenas y microcréditos sin garantía, sin aval y sin intereses para tres mil 500 microempresas, así como otras acciones que fomentarán el empleo temporal y la derrama económica en todos los municipios.

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