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27 mayo, 2020 Comentarios desactivados en Cada 15 horas, un periodista es agredido en México México

Cada 15 horas, un periodista es agredido en México

Artículo 19, en su informe anual, señala que la violencia contra comunicadores y medios de comunicación no cesó en 2019, pues se agredió a 609 periodistas y 10 fueron asesinados.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo del 2020.- La organización Artículo 19 señaló que “la violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó en 2019, por el contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde los inicios de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y aseguró que cada 15 horas, hubo una agresión a un comunicador.

“Durante 2019, se agredió a 609 periodistas y diez de ellos fueron asesinados, posiblemente por hacer su trabajo. Esto representa un crecimiento de casi el 100 por ciento respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto”, expresó.

Adicionalmente, agregó, la impunidad sigue permeando más de 99 por ciento de los casos de crímenes contra periodistas y mientras esto no cambie, la violencia a la que se enfrenta la prensa difícilmente cesará.

“Es cierto, la impunidad es uno de los síntomas de un sistema dominante que no permite combatirla. Las procuradurías, ahora fiscalías estatales y federal, así como el poder judicial, siguen estando al servicio de los poderes fácticos y de intereses políticos pasados y presentes, dejando a un lado a la ciudadanía”, reconoció.

En su informe anual “Disonancia: Voces en disputa”, la agrupación civil manifestó que “mientras el presidente escaló el nivel de confrontación hacia la prensa, las agresiones contra periodistas se acumularon en todo el territorio nacional”.

“Del primero de enero al 31 de diciembre de 2019, Artículo 19 documentó 609 agresiones contra la prensa, contrastando con las 544 de 2018. De esta manera, en México, durante 2019, se agredió a un periodista aproximadamente cada 15 horas, mientras que durante el año previo era uno cada 17.14 horas”, comparó.

Expuso que los datos por entidad muestran que la Ciudad de México registró el mayor número de agresiones, con 84 casos; seguido de Quintana Roo, con 57; Guerrero, con 51, y Puebla, en donde hubo 34 agresiones. En Oaxaca y Veracruz se documentaron 33 ataques en cada uno.

“En los casos de la Ciudad de México y Quintana Roo, preocupa que en sólo 12 meses el número de agresiones contra la prensa se duplicó. Por otro lado, los estados donde se documentaron menos ataques fueron Querétaro, con una agresión, seguido de Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas, con tres atentados cada uno. En Chihuahua, se documentó cuatro agresiones”, detalló.

“Debe considerarse que existe un cierto número de agresiones que suceden, pero de las que Artículo 19 no tiene conocimiento debido al temor de denunciarlas, la falta de mecanismos gubernamentales efectivos para procesarlas o, peor aún, la normalización de los ataques en el contexto de la cobertura periodística”, asentó.

Precisó que de las 609 agresiones documentadas, las más recurrentes fueron intimidación y hostigamiento, con 166 casos; amenazas, con 144 casos, y 62 ataques físicos. Los bloqueos, alteración o remoción de contenido en internet ocuparon el cuarto lugar, equivalente a 60 ataques. Si bien todas las agresiones aumentaron, el “uso ilegítimo del poder público” pasó de 22 ocurrencias a 46, duplicándose en sólo 12 meses.

“El 27.42 por ciento de la totalidad de agresiones del año estuvo dirigido contra mujeres periodistas, lo que equivale a 167 casos. Los ataques más recurrentes fueron los actos y comunicaciones intimidatorias, registrándose 18 y 13 agresiones, respectivamente. De cerca siguen los ataques físicos y los bloqueos informativos, con 12 agresiones documentadas de cada tipo”, indicó.

“A pesar de las denuncias sobre las diversas violencias a las que se enfrentan las mujeres periodistas y comunicadoras, las respuestas desde el sector público suelen adoptar enfoques que buscan culpabilizarlas o estigmatizar sus comportamientos”, puntualizó.

Impunidad por encima de 99%

Artículo 19 reiteró que el panorama de la impunidad y la procuración de justicia en los delitos contra la libertad de expresión también es desalentador.

“La impunidad se mantiene por encima del 99 por ciento y crecen las dudas sobre la autonomía, frente al Ejecutivo federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), que a la fecha no cuenta con un Plan de Persecución General”, abundó.

“La FGR reproduce algunas de las peores prácticas en la investigación de crímenes, como son el no contar con planes de trabajo idóneos, el retardar diligencias sin justificación alguna y el dar un trato revictimizante a quienes han sufrido delitos. Mientras todo esto sucede, hasta noviembre de 2019, no se había creado el Consejo Ciudadano”, apuntó.

Destacó que en 2019, más que en ningún otro momento, la información siguió siendo el objeto de la guerra, el valor de la disputa.

“Este año, las prácticas para controlarla desde los polos o las élites se reflejaron en el incremento de las agresiones contra periodistas, con el mayor número en la historia, 609 en un año; en el discurso que estigmatiza y busca despojar a la prensa de sus lectores y sus audiencias; en las redes que vomitan el odio y la discriminación con desinformación hacia los más vulnerables o en las conferencias mañaneras que se han convertido en la palestra, el púlpito o la tribuna del gobernante en turno para corromper la agenda y fijar los términos del debate público”, añadió.

“Es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia. Las expresiones se repelen, chocan y se rechazan entre sí. Los pensamientos de unos y otros son incompatibles y existe una tensión constante entre las ideas, las creencias y las emociones. No hay lugar para el disenso, ni para la crítica. La diferencia, en este sexenio, radica en que esto no sólo sucede entre el gobierno y la ciudadanía, sino en la misma sociedad, que se confronta”, expuso.

“Cada voz habla desde su propio mundo y se aparta, poco a poco, de los otros. Nos polarizamos, creyendo que los que nos escuchan son los que existen. Así, omitimos a aquellos a los que, decididamente, hemos dejado de escuchar”, mencionó.

Afirmó que el discurso estigmatizante hacia la prensa también ha logrado expandirse y reproducirse en diversos lugares del país e impactar en el reconocimiento social del periodismo. “Históricamente, Artículo 19 había documentado que entre 49 y 53 por ciento de las agresiones en contra de periodistas venían de agentes del Estado, sin embargo, las amenazas de particulares y actores no identificados han aumentado de manera vertiginosa”, reveló.

“En el caso de la violencia contra la prensa, se mantiene su ascenso constante de los últimos 12 años. En 2013, Artículo 19 documentó 330 agresiones en contra de periodistas; para 2019, el número aumentó a 609, lo que representa un incremento de 85 por ciento. También, las fiscalías siguen siendo cómplices de la violencia contra la prensa y no dan signos de que los niveles de impunidad vayan a revertirse”, insistió.

La 4T aún puede corregir el rumbo

Finalmente, la organización civil aseveró que “el 2019 fue un año perdido por López Obrador para robustecer las garantías de los derechos a informar y a informarse de manera plena. Aún quedan cinco años de gobierno en los que se puede corregir el rumbo para impulsar una verdadera política de Estado que garantice la libertad de expresión y articule los esfuerzos de distintas instituciones públicas para prevenir agresiones, proteger a periodistas, procurar justicia y reparar el daño causado a cientos de comunicadores”.

“Ya se dio el primer paso al reconocerse públicamente que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del gobierno federal, necesitaba reestructurarse, ya que fue señalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como “insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales de protección” en el país”, citó.

“Algo similar sucede con el sistema de procuración de justicia. Actualmente, la FGR sólo llega a algún tipo de sentencia en el 7.6 por ciento de los casos. Y es aún más desalentador el estado de las investigaciones de crímenes contra periodistas, cuyo índice de impunidad está por encima de 99 por ciento, de acuerdo con las cifras que publica la FEADLE, las cuales evidencian que de mil 614 casos en trámite desde su creación (2010), sólo se han logrado 14 sentencias”, comentó.

“Este panorama indica que es urgente dar atención a tres necesidades urgentes: reestructurar el Mecanismo, diseñar y ejecutar un plan para reducir la impunidad en crímenes contra periodistas y ajustar el discurso oficial para no acentuar las vulnerabilidades de los periodistas”, concluyó.

 

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