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23 marzo, 2021 Comentarios desactivados en Casi 100 periodistas han muerto por Covid-19 en México México

Casi 100 periodistas han muerto por Covid-19 en México

Artículo 19 presenta su informe anual 2020 “Distorsión: El discurso contra la realidad”, en el que señala que además de la violencia material, también se abate la violencia estructural, con la precariedad laboral, que contribuye a la vulnerabilidad de los comunicadores.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo del 2021.- La organización Artículo 19 aseguró que la violencia contra las y los periodistas en México, asediados por múltiples actores públicos y privados para acallarlos, hoy se encuentra desatada, incluso la violencia estructural, a través de la precariedad laboral, en estos tiempos de pandemia del Covid-19.

La agrupación civil reveló, en su informe anual 2020 “Distorsión: El discurso contra la realidad”, que además de las 692 agresiones a la prensa, casi 100 periodistas, 99 para ser exactos, “murieron de CovId-19 hasta el momento de escribir estas líneas”.

“Ello da cuenta de la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. Si la violencia material, que derivó en 692 agresiones contra la prensa, es motivo de suma preocupación en México, las carencias laborales revelan como una circunstancia profunda que contribuye a un mayor estado de vulnerabilidad de los y las periodistas”, expresó.

“En ello, convergen las responsabilidades de Estado y de los dueños de los medios de comunicación”, puntualizó.

Adicional a esto, Artículo 19 afirmó que en 2020, la tasa de impunidad en delitos contra la libre expresión se ubicó en 98 por ciento.

La organización no gubernamental manifestó que “la desigualdad económica y social tan lacerante se cristaliza también en la oclusión de canales de expresión e información para millones de personas en situación de pobreza, pueblos indígenas, periodistas precarizados y mujeres, por mencionar algunos”.

“Se documenta que en 2020 casi cien periodistas murieron a consecuencia de la Covid-19, lo que visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país. Las carencias laborales de los periodistas contribuyen a “un mayor estado de vulnerabilidad”, indicó.

“Aunado a la violencia directa durante la contingencia sanitaria, los y las periodistas se han enfrentado a altos riesgos de contagio por ser quienes se encargan de cubrir conferencias de prensa o de reportear presencialmente en diversas circunstancias, particularmente, en zonas riesgosas, como son los hospitales”, agregó.

“Durante 2020, tuvimos conocimiento de 69 periodistas que fallecieron a causa del virus, mientras que hasta el 29 de febrero de 2021, registramos 30 decesos, muchos de ellos de quienes se contagiaron durante sus coberturas”, abundó.

“La categoría que ostenta México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, entonces, va más allá de sólo las agresiones y/o ataques directos a la integridad y seguridad física, digital, jurídica, entre otros, como represalia por el trabajo de las y los periodistas. Y tiene que ver con la violencia generada a partir de las condiciones económicas, políticas y sociales en las que, día con día, periodistas y comunicadores ejercen el derecho de informar, es decir, que la prensa es silenciada, tanto estructural, como materialmente”, subrayó.

“La violencia estructural, según Johan Galtung, la constituyen aquellos factores sociales que inducen “un deterioro evitable de las necesidades humanas fundamentales” y que dan lugar a un impacto negativo, innecesario y prematuro, dando pie incluso a la muerte”, explicó.

“La violencia estructural es más nebulosa y da cuenta ampliamente de cómo las estructuras sociales causan daño a las personas. Incluye, por ejemplo, altas tasas de diabetes entre quienes viven en comunidades rurales y tienen posibilidades más limitadas de consumir frutas y verduras frescas, pero con altas tasas de acceso a alimentos procesados”, añadió.

“De una forma similar, la precariedad, como establece Judith Butler, “designa una condición inducida políticamente, en la que ciertas poblaciones padecen más que otras por fallas en redes de apoyos económicos y sociales […]”. Esta condición de precariedad establece una percepción sobre “aquellas personas cuyas vidas no son ‘consideradas’ como potencialmente perjudiciales [y], por lo tanto, valiosas, están hechas para soportar la carga de la inanición, el subempleo, la privación de derechos jurídicos, y la exposición diferencial a la violencia y la muerte”, expuso.

Sostuvo que “la precariedad en un sistema, como el capitalismo contemporáneo, celebra a las personas por su flexibilidad e independencia y las culpa de su pobreza o falta de movilidad social”.

“La conceptualización de Butler explica por qué con mayor frecuencia, por ejemplo, el trabajo es cada vez más contingente y ocasional, mientras que el Estado retira las redes de seguridad social, como la educación, la atención sanitaria y la jubilación, a las personas se nos asigna cada vez más responsabilidad en la gestión de aquellos aspectos de la vida que antes fueron o deberían ser gestionados por las instituciones estatales”, argumentó.

Violencia y precariedad contra periodismo crítico

Artículo 19 dijo que “si bien la pandemia está presente alrededor de todo el mundo, las condiciones de precariedad afectan de manera diferenciada. Por ejemplo, en México, antes de la contingencia sanitaria, la prensa ya enfrentaba, tanto violencia, como precariedad”.

“Un estudio de la Universidad de Miami y la Universidad Iberoamericana arrojó que, en 2017, los salarios en la prensa mexicana fluctuaban, en promedio, entre cinco mil y 15̻mil pesos mensuales, siendo las y los reporteros quienes en su mayoría tienen menores percepciones (cinco mil pesos al mes): “casi uno de cada cinco reporteros (18.9 por cientoʅ) ganaba menos de cinco mil pesos (justo el salario mínimo mensual para reportero) y 43.8 por cientoʅ percibía entre cinco y 10̻ mil pesos, lo que significa que aproximadamente dos tercios de los reporteros está por debajo del nivel salarial de los 10̻ mil pesos mensuales”, detalló.

“De noviembre de 2020 a enero de 2021, Artículo 19 llevó a cabo una encuesta dirigida a las y los periodistas que sufrieron ataques vinculados a la cobertura de la pandemia. Los resultados muestran que, a consecuencia de la contingencia sanitaria, 62.7 por ciento de las y los periodistas entrevistados sufrieron una reducción de su salario o ingresos económicos vinculados al periodismo. Mientras que el 49.3 por ciento percibe entre cinco mil y 10 mil pesos al mes, el 28.3 por ciento gana entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales y el 20.9 por ciento, menos de cinco mil pesos al mes. Menos del dos por ciento tiene ingresos de más de 30 mil pesos mensuales”, mencionó.

Aseveró que “durante la pandemia, gobierno y empresas periodísticas han fallado en otorgar garantías a las y los periodistas que arriesgan su salud. De los encuestados, el 79.1 por ciento indicó que tuvo que cubrir los gastos de materiales y equipo de protección durante las coberturas”.

“Además, durante la pandemia, muchas personas propietarias de medios de comunicación han optado por reducir los salarios del gremio periodístico en vez de recortar otro tipo de gastos. La reducción de salarios tiene un mayor impacto, si comparamos los posibles gastos médicos con los ingresos económicos reducidos. Por ejemplo, los costos de una prueba de Covid-19 oscilan entre los 900 y los cuatro mil pesos, mientras que un tanque de oxígeno portátil varía entre los dos mil 500 y los 11̻ mil pesos, al momento de la redacción de este informe”, especificó.

“Es decir, una sola prueba de Covid-19 podría significar casi el salario mensual de un periodista y un tanque de oxígeno equivaldría a dos veces esa cantidad. Ahora, agreguemos que el 62.7 por ciento de los y las periodistas encuestados por Artículo 19 afirmó no tener ningún tipo de seguro social”, comentó.

“La mayor parte de las y los comunicadores en México sufren de precariedad en cuanto a sus sistemas de protección social. Son pocas las y los periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos que tienen el presupuesto para adquirir y mantener equipo de trabajo de buena calidad. Esto explica, entonces, por qué dentro de sus mayores preocupaciones, además de contagiarse, está la incertidumbre de no saber a dónde acudirán o cómo solventarán los gastos en caso de enfermarse”, señaló.

“La precariedad laboral que afecta a las y los comunicadores debe ser atendida por el Estado, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, prevenir incidentes y proveer de protección a las y los periodistas durante las coberturas es responsabilidad no sólo individual y de los Estados, sino también de las empresas”, citó.

“El incumplimiento de la tarea de las personas propietarias de los medios de comunicación de dar protección a los y las periodistas se refleja en que en casi el 34 por ciento de las entrevistas se declaró no contar con el equipo preventivo necesario para reportear durante la contingencia sanitaria. Esta carencia tiene un impacto claro en los contagios de periodistas: 49.3 por ciento afirmó que integrantes de su medio se habían contagiado, mientras que casi el 16.4 por ciento dijo haberse ya contagiado de Covid-19”, estableció.

El impacto psicoemocional de la precariedad

La agrupación civil dio a conocer que “la ausencia de protección, la falta de acceso a la seguridad social y, en general, las condiciones de precariedad también tienen un impacto psicoemocional. Del total de encuestados, sólo 7.5 por ciento dijo no haber experimentado ningún tipo de impacto, mientras que la mayoría (93.2 por ciento) testimonió padecer estrés, miedo y ansiedad”.

“La precariedad también deriva en un estado de exposición mayor a riesgos por el deterioro evitable de necesidades humanas fundamentales. Denota una situación en la que, por ejemplo, una persona tiene varios empleos porque no está segura de recibir suficientes ingresos de uno solo.

“Nuestra encuesta arrojó que sólo 50.7 por ciento de las y los comunicadores cuentan con un contrato de tiempo completo. Esto se correlaciona conque 32.8 por ciento de las personas entrevistadas reportaron tener un trabajo adicional al periodismo. Debido a que muchas y muchos periodistas no disfrutan un trabajo de tiempo completo, son más vulnerables a ser atacados y estigmatizados.

“La precariedad laboral amplifica las posibilidades de ser estigmatizados o atacados. En 2020, uno de cada ocho agresiones contra periodistas, aproximadamente, fue en el contexto de la cobertura de la pandemia. Sin embargo, los efectos de los ataques directos se potencian por las condiciones de precariedad en las que ejercen su labor. Los contagios que crecen, las defunciones de decenas de periodistas, el aumento en la precarización laboral y un Estado que niega la violencia estructural y material constituyen formas indirectas de censura.

“La precariedad afianza la inacción de las autoridades, pues tal como señala Butler, hay cuerpos precarios que, al justificarse su precariedad, se invisibilizan. Es así que preguntamos a las autoridades, cuando dicen: “el gobierno de México no censura a ningún medio ni a periodistas”, a qué periodistas hacen referencia. De entrada, en 2020, en 113 ocasiones se agredió a comunicadores mientras reporteaban sobre la pandemia y, hasta el último día de ese mismo año, hubo 69 defunciones a causa del virus. Al momento de cierre del presente informe, ascendían ya a 99 las muertes de periodistas por CoŶId-19 acumuladas en 2020 y parte de 2021.

“Las y los periodistas se encuentran en la primera línea frente a la pandemia, pues su rol informativo no sólo es esencial para conocer las medidas gubernamentales para hacer frente al Covid-19, sino también para robustecer el debate público sobre la idoneidad de dichas medidas. La precariedad y la violencia directa contra periodistas tienen como responsable principal a las autoridades (por acción y omisión), sin dejar de lado que las deficientes condiciones laborales son una falla de las empresas mediáticas.

“En este sentido, pareciera que gobierno y empresas de medios de comunicación tienen un arreglo tácito para no garantizar los derechos de miles de periodistas. Hasta que no se reconozca la realidad que viven cientos de ellos y el rol del Estado en la perpetración y perpetuación de la violencia, poco se podrá hacer para prevenir ataques y mejorar las condiciones en la que se ejerce el periodismo en México.

“Para el Estado y las empresas, al menos, queda el deber de desarrollar estrictos protocolos sanitarios para prevenir contagios en las salas de redacción y para apoyar a las y los periodistas que puedan resultar contagiados. A un año de que la pandemia llegó a México, la deuda del Estado y de las empresas aumenta. La violencia material y la estructural se conjugan en una dinámica que limita las posibilidades de un periodismo plural, crítico e independiente. La prensa sigue informando, arriesgando su vida y la de sus familiares, no sólo por el compromiso que tienen de informar, sino porque las condiciones de precariedad los orillan a no dejar de trabajar.

“A un año de la pandemia y a más de dos años de que se inició el actual gobierno, la negación de que existe violencia contra la prensa y, por tanto, las justificaciones por las que no se combate son ya inadmisibles. Existe la urgente necesidad de que poderes y niveles de gobierno se coordinen para tomar las medidas necesarias que garanticen la prevención de contagios y la mejora de las condiciones en las que se ejerce el periodismo”.

Consulta aquí el informe completo de Artículo 19:

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2021/03/Book-1_ARTICLE-19_2021_V02_en-baja_.pdf

 

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