Redmyh llama a diputadas y diputados, así como a la sociedad campechana, a sumarse a acciones afirmativas contra violencia simbólica, erradicar mensajes misóginos y homologar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 16 de julio del 2022.- La Red de Mujeres y Hombres por una opinión pública con perspectiva de género en Campeche (Redmyh) hizo un llamado a las diputadas y los diputados, así como a la sociedad en general, a sumarse a las acciones afirmativas para la protección de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.

“Desde la Redmyh, señalamos la urgencia de erradicar acciones que a través de mandatos legales, educativos y religiosos, envíen mensajes misóginos violatorios a los derechos humanos de las mujeres, por lo que creemos necesarias estas homologaciones legislativas”, destacó

La organización civil emitió un pronunciamiento “contra todas las acciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las mujeres y niñas en Campeche, y en particular, su derecho a una vida libre de violencia, acorde con principios que permitan identificar con claridad todas las formas de opresión, como lo es la violencia simbólica”.

La Red dio a conocer su postura, ante su preocupación “por posicionamientos públicos derivados de la iniciativa presentada para adicionar la Fracción IV Bis al Artículo 5, el Artículo 10 Bis y el Artículo 10 Ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche”.

Conminó “a recordar que el Estado tiene la obligación derivada de la Constitución, así como de las Convenciones para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem do Pará), a garantizar el derecho a una vida libre de violencia en todas sus formas y modalidades”.

Asimismo, indicó, “el principio de igualdad y no discriminación, contemplado en el artículo 1º. y 4º. Constitucional, establece la obligación del Estado y de cualquier servidor o servidora pública o agente del Estado a “no negociar” derechos humanos de las mujeres, a no establecer acuerdos que menoscaben estos derechos y a armonizar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Campeche, con la Ley General del mismo nombre”.

“De tal forma que de la iniciativa presentada en el Congreso para adicionar la Fracción IV Bis al Artículo 5, el Artículo 10 Bis y el Artículo 10 Ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, responde al cumplimiento del artículo 6b de la Convención de Belém do Pará sobre “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”, así como en cumplimiento a observaciones del Comité de Expertas de la Cedaw al informe noveno, sobre la legislación de todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres”, expresó.

“En materia de derechos humanos, no hay consulta, y el deber del Estado se concentra en realizar acciones que garanticen la protección de las poblaciones históricamente discriminadas por patrones socioculturales, usos y costumbres e incluso dogmas de fe. Por esa razón, el artículo 5 de la CEDAW conmina a los estados parte a “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”, puntualizó.

La agrupación civil afirmó que “someter a debates los derechos humanos perpetúan prácticas que laceran la esfera jurídica de las mujeres, esto a través de la negativa al reconocimiento de la existencia de los diversos tipos de violencia de los que las mujeres y niñas son víctimas”.

Además, agregó, “la iniciativa es armonización legislativa, no se plantean paradigmas legales fuera de lo que a nivel nacional ya se encuentra regulado, y que la naturaleza y finalidad de dicho reconocimiento en la legislación local va encaminada a la ruptura de las situaciones de poder que ejerce un individuo sobre otro, ya que esta práctica es socialmente aceptada”.

“La violencia simbólica se impone gracias al lenguaje que persuade u ordena y así genera una creencia y conductas que pueden ser discriminatorias, prejuiciosas y generadoras de estereotipos, y estas prácticas deben dejarse en el pasado, ya que estamos frente a un nuevo horizonte, el cual tiene como fundamento los Derechos Humanos”, explicó.