Diputado federal prepara propuesta y señala que el Instituto utilizó el argumento de retraso en pagos para proceder contra los afectados.
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo del 2019 (Notilegis).- El diputado Lenin Pérez Rivera adelantó que presentará un punto de acuerdo para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infornavit) “a la brevedad” regrese a varios trabajadores su vivienda de la cual fueron despojados, bajo el argumento de retraso en pagos.
Asimismo, el legislador solicitó que se anulen los juicios por los que se les despoja y “se restituya el proceso desde el inicio de notificación y audiencia, al cual tiene derecho todo mexicano”.
Pérez Rivera explicó que desde el 2013 algunos cuentahabientes del Infonavit “que tenían un retraso en sus pagos, sin notificación alguna, se les realizaron procedimientos judiciales fast track, con una red de corrupción del Poder Judicial, donde alrededor de 400 mil trabajadores en este país, sin un juicio, fueron despojados de su vivienda”.
Detalló que a través de despachos, jueces y funcionarios de Infonavit, se perpetuó “este fraude” en Nayarit, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato”.
Pérez Rivera sostuvo que “hay funcionarios que están vinculados a procesos, jueces que han sido destituidos, funcionarios de Infonavit que también están siendo sancionados, pero no es suficiente. Estamos solicitando se castigue a los responsables”.
“Han señalado que esto es un conflicto que no es real y que si eso fuese cierto, ya hubieran salido a la luz las personas que están siendo despojadas de su vivienda. Lo que está sucediendo es que como ya se dio a conocer este fraude, no han seguido el proceso de embargo para quitarles la propiedad a los trabajadores”, abundó.
Denunció que esas viviendas “se adjudicaron, a valor de risa -no pudieron dársela al trabajador a un precio adecuado o darle flexibilidad a un precio cómodo ante el atraso de su pago- pero sí provocaron que inmobiliarias, principalmente, pudieran adquirir estas viviendas hasta en 40 mil pesos”.
“Es un tema que tenemos que atender, es verdaderamente delicado. Es el patrimonio de los trabajadores que con mucho esfuerzo tratan de construir y que, sin las garantías que la Constitución le otorga, fueron convocados a un proceso judicial”, concluyó.
