Las Cuentas Públicas del 2015 y 2017 presentaron múltiples fallas, incumplimientos y actos de corrupción, señalados por la Auditoría Superior de la Federación.

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre del 2019.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, los dictámenes con proyecto de decreto, en los que se determina que no existen elementos suficientes para aprobar las Cuentas de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2015 y 2017, por lo que se rechazan.

El documento relativo a la Cuenta Pública 2015 se avaló con 334 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones. En tanto, el referente a la Cuenta Pública 2017, recibió una votación de 330 a favor, 35 en contra y 10 abstenciones.

Se instruyó remitirlas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales correspondientes, y se pidió publicarlas en el Diario Oficial de la Federación.

El proyecto de decreto sobre la Cuenta Pública 2015, precisa que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en el ejercicio fiscal 2015 establecida en 3.7 por ciento, alcanzado solamente el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los ramos generales 23 y 33, siendo la falta más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicables.

En el ejercicio 2015, no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios.

Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto. Los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública objeto del decreto, destaca el dictamen.

Se instruyó a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2015 y, en su caso, sancione las faltas administrativas que le competen, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establece que las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Presupuesto y Cuenta Pública, coordinarán una Mesa de Trabajo en la que se atenderá y dará seguimiento a las observaciones de la ASF a la Cámara de Diputados, relativa a las áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, con la finalidad de priorizar áreas de mejora normativa.

El proyecto de decreto sobre la Cuenta Pública 2017 señala que el mayor número de irregularidades se concentró en el rubro de Gasto Federalizado, destacando, por el número de observaciones, las entidades de Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas, con fallas reiteradas en los ramos 23, 28 y 33, especialmente en la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable.

Considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. El Gasto Neto Total ejercido por el Sector Público ascendió a cinco billones 255 mil 867.6 millones, superior en 7.5 por ciento al presupuesto aprobado, e inferior en 7.9 por ciento real comparado con 2016. Además, destaca la caída en inversión física, en 27.7 por ciento en términos reales.

Por ello, menciona no se cumplieron a cabalidad los objetivos de política de gasto, y los avances en el cumplimiento de las metas de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en cuanto a beneficio de la sociedad, “por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2017”.

El dictamen estima pertinente retomar las recomendaciones realizadas por la ASF a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al manejo de la Deuda Pública, en especial la correspondiente a transparentar y rendir cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, la inflación y demás variables macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda del Sector Público Federal, para ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos para definir de manera adecuada la política fiscal de corto y mediano plazos.

Se instruyó a la ASF a que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2017, así como a remitir a la Cámara de Diputados, en un término de 60 días a partir de la aprobación del presente dictamen, la información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.

La Comisión de Vigilancia de la ASF y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública coordinarán una Mesa de Trabajo en la que se atenderán y darán seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, sobre diversas modificaciones legales para incorporar disposiciones que mejoren los procesos de los entes auditados y otras que esta Comisión considera de particular importancia.

Tales como las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la aprobación del Dictamen en materia de Registros Públicos y Catastros; de Asociaciones Público Privadas; General de Contabilidad Gubernamental; de Coordinación Fiscal; General de Desarrollo Social; y la creación, mediante Reforma Constitucional en su artículo número 79, de una Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para asegurar la reforma integral a la función de fiscalización del Estado Mexicano y la lucha contra la corrupción.

Fundamentación

Al fundamentar los dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (Morena), expresó que la fiscalización es un mecanismo esencial de la rendición de cuentas y, como tal, resulta indispensable en el combate a la corrupción analizar el desempeño de los entes públicos, el cumplimiento de sus metas y la gestión financiera durante el ejercicio presupuestal.

Indicó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las dependencias federales tuvieron como marca distintiva de esa administración diversas malas prácticas reiteradas, relacionadas con pagos improcedentes o en exceso, falta de evidencia de la recepción de trabajos, desvío de recursos financieros, humanos y materiales, para fines no previstos en la normatividad aplicable.

También, incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas; sobrecosto de obras, falta de amortización del anticipo otorgado. Inexistencia de documentos que acreditan el servicio, errores en la gestión administrativa del ente auditado. Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. Falta de documentación justificada y comprobatoria del gasto.

Asimismo, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Transferencias inadecuadas de recursos a cuentas bancarias, y recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo del programa.

Santiago Marcos mencionó que específicamente para 2015 la ASF identificó áreas claves con riesgo, que son vulnerables a presentar fallas o problemas o debilidades. Gasto en infraestructura, obra pública, contrataciones públicas, padrones de beneficiarios, sistemas de evaluación del desempeño.

Relató que se realizaron mil 128 auditorías practicadas al rubro de gasto federalizado, con un monto total observado de 65 mil 193 punto millones de pesos. De los cuales 33 mil 449 punto millones de pesos corresponde a observaciones por el subejercicio registrado y 31 mil 744.7 millones de pesos, a observaciones con impacto económico. El monto observado respecto de la muestra auditada es de 9.5 por ciento.

La ASF determinó numerosas revisiones y señaló cuantiosas y recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el incumplimiento de la normatividad y la deficiencia de control interno de los ejecutores de gasto, particularmente en el gasto federalizado que ejercen los estados y municipios. El de infraestructura estatal y municipal, se ejecuta sin contar con una cartera de proyectos de inversión jerarquizados, con base en las necesidades de la población y su rentabilidad social.

La diputada expuso que para el 2017 se determinaron 7 mil 96 observaciones, que dieron lugar a 9 mil 578 acciones, estas se dividen en 2 mil 415 recomendaciones, 2 mil 31 recomendaciones de desempeño y 2 mil 789 promociones de responsabilidad administrativa, mil 932 de observaciones y 204 solicitudes de aclaraciones.

De las recuperaciones derivadas de la fiscalización de la cuenta 2017, 695.2 millones de pesos están aclaradas; 9 mil 583.8 millones de pesos son operadas y por recuperar, a aclarar, suman 80 mil 577 millones de pesos al mes de mayo de 2019.

Subrayó que tanto en el 2015 como en el 2017, un tema muy delicado es la gestión presupuestal realizada por los gobiernos estatales, así es el caso federalizado en donde se concentra el mayor número de observaciones, especialmente en Michoacán, estado de México, Veracruz y Chiapas.