Fallo de SCJN para que Zacatecas pueda cobrar impuestos medioambientales debe aplicarse en todas las entidades del país y los gobiernos deben asumir el costo político.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero del 2019 (Notilegis).– El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseveró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el gobierno de Zacatecas pueda cobrar impuestos en materia medioambiental, representa una oportunidad para que estados fortalezcan sus haciendas.

“En virtud del crecimiento de las demandas sociales y de unas finanzas debilitadas por la corrupción y despilfarro de anteriores administraciones, la resolución de la SCJN, a partir del proyecto de la ministra Norma Piña Hernández, representa un aliciente para mejorar las finanzas estatales”, externó en un comunicado.

Al externar su reconocimiento a la iniciativa del gobierno zacatecano para cobrar impuestos ecológicos, llamó a los gobiernos locales a reformar su legislación fiscal, a fin de obtener recursos para sanear sus finanzas y brindar a sus ciudadanos, servicios en materia de educación, salud, obras públicas, seguridad, entre otras cosas.

El legislador de Morena exhortó al sector empresarial a sumar esfuerzos para que exista un equilibrio económico-social y de responsabilidad con el medio ambiente en las entidades en dónde operan.

“Hay responsabilidad social y ambiental con la población que los gobiernos locales y el sector empresarial no deben eludir la situación económica que enfrentan las finanzas públicas en las entidades, aunado a los impactos negativos medio ambientales como la contaminación de las aguas por desechos residuales, entre otros, nos debe obligar a fortalecer la recaudación local y vigilar que recursos que se obtengan, repercutan positivamente en la calidad de vida de la población”, dijo.

“Aun cuando falta determinar el proceso, es importante que contemple que las empresas paguen por emisiones de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua, así como depósito y almacenamiento de residuos”, agregó.

Ramírez Cuéllar anunció que este tema será abordado en próximas fechas, en una reunión de legisladores locales.

Refirió que, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), México es el país que percibe la recaudación más baja por este tipo de gravámenes, principalmente por dos razones; un esquema tributario laxo y una deficiente cultura tributaria.

Señaló que en el estudio “Tributación para un crecimiento inclusivo” elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Oxfam, América Latina se distingue por una mala recaudación y por permitir que los que más ingresos perciben menos impuestos paguen; mientras que en Europa los más ricos duplican la recaudación.

“Por citar un ejemplo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, la industria de minera generó valores de producción por alrededor de 417 mil millones de pesos, de los cuales tributó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuatro mil 973 millones de pesos, lo que representa sólo el 1.0 por ciento”, comentó.

Urge avalar cobro de impuestos ecológicos

Ramírez Cuéllar se congratuló porque seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron en pro de avalar que las entidades federativas puedan aplicar impuestos ecológicos por el impacto ambiental generado, debido a las operaciones del sector empresarial en sus territorios.

“Es urgente implementar este tipo de gravámenes, asumiendo el costo político y tomando en cuenta lo que le conviene al país, “por ello me congratulo con la postura responsable de los ministros de la Corte”, señaló en un comunicado.

El legislador reconoció el esfuerzo del gobierno de Zacatecas, por impulsar que se establezca el cobro de impuestos a las empresas por el impacto ambiental que generen en las entidades.

“Los impuestos creados al inicio de la administración local son: remediación ambiental en la extracción de materiales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos. De acuerdo con los cálculos realizados en 2017, se estimó la recaudación en mil 230 millones de pesos”, precisó.