La CNDH emite recomendación por violaciones a derechos humanos de las víctimas, que fueron desaparecidos y asesinados por la Familia Michoacana, y sus familiares.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de diciembre del 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que emitió la Recomendación 66/2017, dirigida al titular suplente de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Arely Gómez González, y al comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por violaciones a los derechos humanos e irregularidades en la asignación de una comisión de agentes de la Policía Federal; en la determinación de responsabilidades administrativas y en la integración de la investigación ministerial sobre la desaparición de siete policías federales.

El organismo nacional manifestó que los hechos que motivaron la emisión de la Recomendación, se hicieron consistir en que derivado de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Michoacán, celebrada en 2009, se acordó que en diversos municipios de esa entidad se nombraría a mandos de la Policía Federal (PF) como titulares de las áreas de seguridad pública municipal, entre ellos el municipio de Ciudad Hidalgo.

“El mando designado en compañía de seis efectivos más, que cumplirían funciones de seguridad pública, se trasladaron en un vehículo prestado por un tercero y conducido por un civil, quien conduciría a dichos servidores públicos a Ciudad Hidalgo, Michoacán. En el trayecto, los policías se comunicaron telefónicamente con sus familiares y posteriormente no se supo más del personal de la PF y del civil, quienes hasta el momento se encuentran desaparecidos”, expresó.

“En el Centro de Mando de la PF, se informó a los familiares que los servidores públicos estaban bien y que al lugar que llegaron no tenía señal telefónica, así como que no habían recibido alerta roja o informe de enfrentamiento alguno”, agregó.

“Ante la escasa información proporcionada, familiares de las víctimas presentaron queja ante este organismo nacional, que solicitó información a las autoridades mencionadas y conoció que se abrieron 12 averiguaciones previas en la PGR, de las cuales en 4 se ejerció acción penal en contra de 14 integrantes del grupo delictivo “La Familia Michoacana” por los ilícitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y homicidio”, puntualizó.

La CNDH precisó que en el documento recomendatorio, los policías federales y un civil se reportan como desaparecidos, sin embargo, miembros del grupo delincuencial declararon ante el ministerio público que privaron ilegalmente de la libertad a los siete policías federales y un civil, y posteriormente los mataron, para ello utilizaron armas de fuego, después los quemaron, recogieron las cenizas y las tiraron en una presa.

“Del análisis lógico-jurídico al conjunto de evidencias del expediente respectivo, la CNDH evidenció violaciones a derechos humanos e irregularidades en la investigación de los hechos, y señala que la protección de la vida, integridad y seguridad de los elementos policiales en las tareas que le son asignadas deben estar respaldadas por estrategias y planes que reduzcan riesgos que pudieran sufrir, además de contar con los recursos materiales que permitan su adecuado equipamiento para salvaguardar su integridad física o evitar sufrir algún daño”, indicó.

“En ese sentido, se acreditó que ciertos mandos superiores incumplieron lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley de la Policía Federal, que rige los deberes que todo policía debe observar; lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y distintos manuales de procedimientos, al omitir el cumplimiento de sus obligaciones en detrimento de sus propios elementos”, detalló.

“También se evidenció la falta de profesionalismo, respeto y sensibilidad de algunas autoridades que trataron en forma inadecuada a los familiares de las víctimas, a quienes se les dijo que los elementos desaparecidos “tomaron sus decisiones, se fueron como quisieron y desobedecieron órdenes; ellos ya no pertenecían a la PF y que ya no era responsabilidad de esa institución lo que pasara” y si querían saber de ellos tendrían que ir a Ciudad Hidalgo, Michoacán”, asentó.

La CNDH mencionó que concluyó que la autoridad encargada de proteger la seguridad de cualquier ciudadano, e incluso de sus propios elementos, violentó no sólo sus principios, sino también los derechos humanos de ese personal y de sus familiares, sin desconocer que en los hechos intervino un civil que trasladó a los servidores públicos y que, de igual forma, se encuentra en calidad de desaparecido.

“Con esas acciones, fueron transgredidos los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, trato digno, integridad y seguridad personal, así como acceso a la justicia, en sus modalidades de procuración de justicia, atención a víctimas del delito y acceso a la verdad de las víctimas y sus familiares”, añadió.

La Comisión Nacional evidenció las violaciones a los derechos humanos por parte de los superiores jerárquicos de los elementos policiales en tres contextos diferentes. El primero, por haber omitido llevar a cabo la planeación, seguimiento y entrega de los recursos materiales indispensables para el cumplimiento de la comisión asignada, lo que derivó en una situación de vulnerabilidad para los siete policías que se encontraban bajo su mando, haber dado un trato indigno y poner en riesgo la seguridad personal de los familiares de las víctimas al trasladarlos innecesariamente a una zona de riesgo donde se llevarían a cabo diligencias ministeriales.

“En el segundo contexto, se acreditaron violaciones atribuibles a un servidor público de la Secretaría de la Función Pública, al haber archivado una Queja Administrativa, en la que se determinó que no existía responsabilidad por parte de los mandos que ordenaron la comisión de los policías hoy desaparecidos, así como por las irregularidades en la integración del Expediente Administrativo iniciado en contra de uno de los policías desaparecidos que fue citado a pesar de que se tenía conocimiento que se encontraba desaparecido”, comentó.

“En el tercer contexto, se acreditó que servidores públicos de la PGR, violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia con motivo de la irregular integración de las averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los 7 policías y un civil, toda vez que el personal ministerial no actuó con la debida diligencia, omitiendo realizar las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la búsqueda de las personas desaparecidas, o las realizó de manera deficiente”, aseveró.

“De igual forma, se determinó que la PGR deberá investigar la actuación de los servidores públicos de la PF y del estado de Michoacán, a fin de determinar si tuvieron participación en la desaparición de las víctimas, toda vez que existen indicios y denuncia directa de parte de familiares de las víctimas por la probable intervención de servidores públicos en la desaparición de los 7 policías y un civil, situación que no ha sido investigada por la autoridad ministerial federal”, especificó.

Por todo lo anterior, la CNDH solicitó a la PGR continuar la integración y perfeccionamiento de las averiguaciones previas para conocer el paradero de las víctimas: colaborar en la queja y denuncia que este organismo nacional formule ante la PGR en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos, además de capacitar a peritos y agentes del Ministerio Público de la Federación sobre derechos humanos y aplicación de diversos protocolos.

Al Comisionado Nacional de Seguridad, le pidió reparar el daño a las víctimas, que incluya compensación y atención psicológica; inscribir a los policías federales desaparecidos en el Registro Nacional de Víctimas; colocar una placa visible al público en sus instalaciones en la que se destaque que dichos servidores estaban en ejercicio de sus funciones; se realice una disculpa pública y establecer un memorial para honrar y recordar a los policías federales que hayan desaparecido en el cumplimiento de sus funciones.

También, sugirió dejar constancia de esta Recomendación en el expediente de las autoridades responsables; capacitar al personal de la PF en materia de derechos humanos, atención victimológica y aplicación de protocolos, así como al personal de la Unidad de Asuntos Internos y de la Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación para que cualquier procedimiento que se tramite sea integrado con inmediatez y respeto, además de revisar, actualizar y publicar diversos manuales.

A la Secretaría de la Función Pública, le pidió capacitar al personal del Órgano Interno de Control en la PF que investiga irregularidades administrativas para que sus resoluciones se apeguen a la legalidad y exacta aplicación de la ley; colaborar con la CNDH en la queja que presente ante SFP contra autoridades responsables y se deje constancia de esta Recomendación en su expediente.

Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx