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23 febrero, 2020 Comentarios desactivados en Gobierno de Peña simuló protección a periodistas Ciudadania

Gobierno de Peña simuló protección a periodistas

La ASF detectó que no hubo voluntad política en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que la Segob, la CNDH, la CEAV y la PGR realizaron, de manera desarticulada, deficiente y fallida, las acciones para prevenir, proteger, atender y procurar justicia a los periodistas agredidos.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero del 2020.- La Auditoría Superior de la Federación detectó que en 2018, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) realizaron de manera desarticulada, deficiente y fallida sus acciones orientadas a prevenir, proteger, atender y procurar justicia de los periodistas agredidos.

En una auditoría de desempeño sobre la Protección de Periodistas, el organismo fiscalizador federal señaló que fue por falta de voluntad política y porque “la Ley en la materia no prevé una protección integral que asegure la ejecución coordinada de dichas acciones; así como la deficiente actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que pone en riesgo el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de los periodistas, así como a la libertad de expresión de los 119.9 millones de mexicanos”.

En su dictamen, emitido el 21 de enero del 2020, la ASF definió, inicialmente, que “la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, cuyo objetivo es manifestar libremente los pensamientos, opiniones, ideologías e información, con el fin de desarrollar el razonamiento”.

“Los agravios a los periodistas constituyen un delito especialmente grave, porque atentan contra la vida y dignidad de los comunicadores, así como el mandato constitucional del derecho humano a la libre expresión, fundamental e indispensable para la consolidación de un Estado democrático de derecho”, expresó.

Destacó que “de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México es uno de los países más peligrosos del mundo para realizar labores periodísticas, ya que ocupa el tercer lugar de los 11 peores países para ejercer el periodismo a nivel mundial, con 82 homicidios, el 11.2 por ciento de los 734 ocurridos, y el primer lugar en América Latina, con el 47.7 por ciento de las 172 muertes registradas de 2000 a 2018”.

“Para su atención, en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho humano a la libre expresión, la vida y la dignidad, la Segob, la CNDH, la CEAV y la PGR, ahora FGR, son responsables de participar de manera coordinada en la instrumentación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo de Protección), creado el 25 de junio de 2012, así como de prevenir ese delito y proteger a los periodistas agraviados; la CNDH y la CEAV, de atender las quejas y a las víctimas, y la PGR, de procurarles justicia”, detalló.

En este contexto, agregó, “la auditoría tuvo por objeto fiscalizar los resultados de la instrumentación del Mecanismo de Protección”, pero “reveló que, en cuanto a la instrumentación, el marco normativo no establece como mandato constitucional la atención de los agravios contra la libertad de expresión y los periodistas, lo que limita a disponer de una ley general en la materia, que fortalezca la coordinación y concurrencia de la federación, los gobiernos estatales y los municipales; además de que la ley federal vigente, no considera la concurrencia en el desarrollo de la prevención, protección, atención y procuración de justicia a los periodistas que realizan, lo que no asegura una protección integral a los periodistas agraviados”.

Mecanismo que desprotegió

Asimismo, citó que la Segob, en el marco del Mecanismo de Protección, firmó 25 convenios de cooperación con las entidades federativas, sin embargo, únicamente dos (8.0 por ciento), Chihuahua y Veracruz, cumplieron con dichos acuerdos.

“De 2012 a 2018, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección sesionó 81 veces, con lo que estableció dos mil 544 acuerdos, de los cuales el 89.2 por ciento (dos mil 271) estuvieron orientados a la protección de defensores y periodistas, y el 10.8 por ciento (273) a actividades administrativas, pero ninguno a acciones de prevención; en tanto que únicamente fueron cumplidos los dos mil 271 acuerdos de protección”, aseveró.

Además, abundó, “los miembros de la Junta de Gobierno carecieron de elementos para sustentar sus decisiones para la aprobación de los planes de protección, por lo que sus decisiones no fueron objetivas, ni se apegaron a los planes de protección propuestos en las Evaluaciones de Riesgo, en tanto que los servidores públicos de la Segob, CNDH y la PGR que asistieron a las sesiones, no fueron los requeridos por la normativa, lo que evidenció una omisión a su función”.

Igualmente, añadió, “se observó que el Estado Mexicano no ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección de periodistas, ya que, en 2018, las entidades fiscalizadas ejercieron, en conjunto, 736 millones 46.9 mil pesos, 35.5 por ciento (406 millones 99.1 mil pesos) menos que lo aprobado”.

Manifestó que “en materia de prevención, en 2018, la Segob monitoreó posibles riesgos de agravios a periodistas por medio de noticieros o redes sociales; sin embargo, no acreditó haber realizado el mapeo nacional de riesgos de los periodistas. Asimismo, de las 32 entidades federativas únicamente diseñó e implementó, en coordinación con los gobiernos estatales, los sistemas de alerta temprana de Chihuahua y Veracruz, y un Plan de Contingencia, correspondiente a Veracruz; por lo que las 30 entidades federativas restantes carecieron de dichos instrumentos”.

Mencionó que “de 2013 a 2018, la CNDH, la CEAV y la PGR, conforme a su mandato, diseñaron e impartieron cursos de capacitación para sensibilizar a 57 mil 110 servidores públicos y periodistas; en tanto que, la Segob diseñó una página web para difundir la operación del mecanismo y la CNDH reprodujo 54 mil 893 carteles, folletos, trípticos y libros, para dar a conocer la situación de los periodistas en México; no obstante, dichas acciones no se realizaron de manera coordinada, ya que la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección no estableció acuerdos en esta materia”.

En cuanto a la protección, comentó, “a partir de 2015, para determinar el nivel de riesgo de los periodistas, la Segob aplicó la metodología basada en el modelo Freedom House, pero no demostró que cumplieran con estándares internacionales, lo que no aseguró que las evaluaciones se realizaran con el mejor método disponible”.

En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4 por ciento (65) fueron aceptadas y el 76.6 por ciento (213) fueron rechazadas, sin que se justificaran las causas de los rechazos, debido a la falta de criterios para su determinación; además, en el 73.9 por ciento (17) de los casos se otorgaron con oportunidad las medidas urgentes de protección a los periodistas con un riesgo extraordinario, mientras que el 26.1 por ciento (6) se protegió fuera del tiempo establecido por la ley; el envío oportuno de los casos para ser evaluado su riesgo con oportunidad fue del 34.8 por ciento (24) de los casos y el 65.2 por ciento tardó en evaluarse un promedio de 23 días”.

También, afirmó, “para llevar a cabo la evaluación de riesgos el 13.0 por ciento (9) fueron evaluados conforme a los 10 días que establece la ley, mientras que el 87.0 por ciento tardó en promedio 73 días para contar con una propuesta de medidas de protección”.

Aseguró que “en el periodo 2013-2018, la demanda de atención de los periodistas al Mecanismo de Protección y su permanencia en el mismo, se incrementó, en el primer caso de 80 periodistas incorporados en 2013 a 110 en 2018, en tanto que los periodistas que se mantuvieron protegidos pasaron de 80 en 2013 a 382 en 2018.

Durante dicho periodo, de acuerdo con la Segob, debieron salir del mecanismo 220 (40.1 por ciento) periodistas, de los 549 que se incorporaron al mecanismo; sin embargo, el Mecanismo de Protección no contó con criterios ni un procedimiento aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un comunicador se encuentra en condiciones de abandonarlo.

Fallaron también CNDH, CEAV y FEADLE

En cuanto a la atención, de 2013 a 2018, la CNDH, en el ámbito de sus atribuciones, recibió 586 quejas por violaciones a derechos humanos de periodistas, de las que la comisión determinó presuntas violaciones en 274 casos; de las que derivaron seis recomendaciones, ya que en el 82.8 por ciento (227) no se acreditó la violación de los derechos de los periodistas.

Asimismo, en el periodo 2013-2018, la CEAV atendió 312 periodistas a los que se les otorgaron 451 servicios; en tanto que, únicamente le fue reparado el daño a un periodista, el 0.3 por ciento, respecto de los 312 comunicadores atendidos y el 2.8 por ciento respecto de los 35 canalizados por el Mecanismo de Protección, al cual se le otorgó un monto de dos millones 189.9 mil pesos, el 0.5 por ciento respecto de los 397 millones 563.2 mil pesos destinados en ese año a la reparación del daño.

Por lo que corresponde a la procuración de justicia, a 2018, se registraron 118 averiguaciones previas para trámite en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión de periodistas, de las cuales se determinó el 30.5 por ciento (36), de ellas 18 fueron consignadas ante los órganos jurisdiccionales; en tanto que el 69.5 por ciento (82) quedaron pendientes; por lo que, de cada 10 averiguaciones, en siete, los MPF no determinaron si existió o no delito que perseguir.

Durante el periodo 2013-2018, se registraron mil 430 averiguaciones previas, de las cuales su determinación disminuyó en 21.8 puntos porcentuales, al pasar de 52.3 a 30.5; por lo anterior, se observó una contribución marginal de la FEADLE en la procuración de justicia a las víctimas y en la disminución de la incidencia del delito contra la libertad de expresión de periodistas.

Respecto de las carpetas de investigación, a 2018, la FEADLE acumuló 263 carpetas de investigación, de las cuales se determinó el 41.4 por ciento (109), y quedó pendiente el 58.6 por ciento (154). De las 109 carpetas determinadas, el 4.6 por ciento (12) se vinculó a proceso, por lo que una de cada 21 carpetas de investigación de los delitos en esa materia fue vinculada a proceso por el MPF ante los órganos jurisdiccionales; en tanto que, de 2016 a 2018, de las 588 carpetas, el 69.6 por ciento (409) quedó pendiente y sólo se determinó el 30.4 por ciento (179), lo que no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de ese delito, ni a disminuir la incidencia de ese delito.

En cuanto a las resoluciones judiciales, se identificó que, de las 36 averiguaciones previas, a 2018, la FEADLE determinó el 50.0 por ciento (18) que fueron consignadas ante los órganos jurisdiccionales para el ejercicio de la acción penal. Asimismo, se emitieron 4 (11.0 por ciento) sentencias condenatorias. En tanto que, de las 109 carpetas de investigación, vinculó a proceso el 11.0 por ciento (12), y 2.0 por ciento (2) fueron sentenciadas por el juez, las cuales fueron condenatorias y corresponden a las carpetas de investigación del año 2018.

Consulta aquí el informe completo de la ASF:

2018_1762_a

 

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