Al presentar la campaña de difusión en favor del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, la CNDH denuncia y señala que cuando se les agrede o desaparece, se atenta contra la dignidad colectiva, y subraya que el flagelo más lacerante es la impunidad.

CIUDAD DE MEXICO, 21 de noviembre del 2017.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, denunció la gran indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las agresiones y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos.

Al presentar la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensoras de derechos humanos”, el ombudsman nacional subrayó que desde la emisión de la Recomendación General 25, en febrero de 2016, se marcó una hoja de ruta para respaldar el trabajo de esas personas, a la que los gobiernos han hecho caso omiso, en tanto se incrementan los agravios en su contra.

González Pérez destacó los reiterados llamados a las autoridades para el esclarecimiento de los crímenes, al tiempo que subrayó que el flagelo más lacerante es la impunidad. “Cuando se agrede o desaparece a un defensor, se atenta contra la dignidad colectiva”, enfatizó.

Respecto de los homicidios del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo Fernando de la Toba Lucero, demandó justicia para que no haya impunidad.

Tras señalar que las acciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos han sido insuficientes, puntualizó que la indiferencia mostrada hasta ahora por las autoridades ha generado condiciones para que aumenten las agresiones contra los defensores civiles y públicos.

Al exigir una investigación efectiva y a fondo para conocer la verdad de los hechos, demandó que las autoridades no excluyan en sus líneas de investigación la relación de los crímenes con el desempeño profesional de los defensores de derechos humanos, y pidió coordinación entre las autoridades estatales y la Procuraduría General de la República para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Respecto de la campaña sobre personas defensoras de derechos humanos, el titular de la CNDH destacó que ante el incremento alarmante del nivel de violencia que se vive en distintas regiones del país, la respuesta fácil es responsabilizar a otros de la delicada situación, lo que debe combatirse con campañas de información de amplia cobertura.

Expuso que ante el hartazgo de la sociedad se deben exigir resultados a las autoridades para combatir la violencia y abatir la impunidad que impide que los responsables sean sancionados, no obstante, es obligación de los tres órdenes de gobierno que deben adoptar mejores prácticas policiales y de investigación, sin culpar a las personas defensoras de derechos humanos por el trabajo que realizan.

Recordó la Recomendación General 25 en que se presenta un análisis minucioso de las agresiones que enfrentan dichas personas defensoras y el incremento en el nivel de violencia contra ellas, y refirió que la CNDH y distintas organizaciones sociales asumieron impulsar una campaña en favor de la labor que desarrollan defensoras y defensores en temáticas como el derecho a la tierra y el medio ambiente, igualdad de género, combate a la discriminación, defensa de os derechos sexuales y reproductivos, defensa de los derechos de las personas LGBTTTI, tortura, desaparición de personas, protección de periodistas, en busca de mejorar las condiciones de amplias capas de la población en el país.

Previamente, al participar en el Foro de reflexión y diálogo: “El fenómeno de los linchamientos en México (2010-2017), incidencias, causas y alternativas”, Luis Raúl González puntualizó que combatir la inseguridad y la violencia con mayor violencia o con acciones al margen de la ley debilita nuestro Estado de derecho, la confianza en las instituciones y no garantiza que los responsables de un ilícito efectivamente respondan de sus actos y se haga justicia en favor de las víctimas. “La justicia sin leyes o al margen de la misma, no es verdadera justicia”, aseguró.

Tras expresar su solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas, “en tanto la verdad y la justicia llegan a este caso, subrayó que como sociedad no podemos permitir que la violencia forme parte de nuestra normalidad, pues México es un país de leyes e instituciones y son ellas las que deben lograr que estos hechos se investiguen, no queden impunes y los responsables se determinen y den cuenta de sus actos conforme a derecho.

Resaltó que la justicia por propia mano y al margen de la ley nunca será la opción para resolver y determinar responsabilidades por presuntos actos delictivos.

Luego de explicar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la CNDH elaborar un diagnóstico y presentar un Informe Especial sobre el problema de los linchamientos en el territorio nacional, dijo que este foro aportará ideas para encarar y resolver las conductas colectivas violentas fuera de la ley que afectan derechos humanos.

Ante la falta de información oficial precisa sobre linchamientos y condiciones en que ocurren, expresó que es claro y unánime el rechazo a esas manifestaciones sociales de violencia cuya solución es compleja, ya que se requieren políticas públicas que lleven el mayor conocimiento de las causas generadoras.

“Los linchamientos dentro del esquema de los derechos humanos –dijo— se ubican frene al quehacer de la autoridad como medio de presión, amenaza y negociación, valiéndose de vidas para la exigencia de sus demandas, o como mensaje para obligar al Estado a cumplir sus obligaciones respecto a la sociedad”. Y agregó: los linchamientos representan un desafío a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, así como un reto al Estado de derecho.