La SFP informa que entre 2007 y 2018, se detectaron anomalías en contrataciones por 12,000 millones en ISSSTE y 14,000 millones no comprobados y ejercidos indebidamente en el Seguro Popular, que están bajo investigación y algunos casos ya están judicializándose penalmente.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero del 2020.- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que entre 2007 y 2018, se detectaron irregularidades en 26 mil millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Seguro Popular y en unidades médicas no acreditadas del mismo Seguro Popular.
“En una dependencia -no lo tengo señalado, pero es el ISSSTE- tenemos investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos. Esto es un ejemplo de sólo en una dependencia en términos de la seguridad social”, expresó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pero más adelante, vemos el tema del Seguro Popular, como dice el presidente, en donde el dato llamativo aquí es que estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016, más de siete mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular”, indicó.
“Aquí ya estamos trabajando con los órganos internos de control (OIC) de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte que fueron estos siete mil 800 millones de pesos”, agregó.
“También descubrimos que en 2008, el último año de gobierno del anterior sexenio, se utilizaron indebidamente más de seis mil 200 millones de pesos en unidades médicas no acreditadas dentro de esta figura jurídica del Seguro Popular”, puntualizó.
La funcionaria federal dijo que también “este proceso, este procedimiento de investigación administrativa tiene su arista penal y ya estamos en proceso de judicializarlo, bueno, ya está judicializado, de hecho, pero nosotros en lo administrativo, ya estamos también deslindando las responsabilidades en particular”.
Investigación por desabasto de medicamentos
Sandoval Ballesteros manifestó que la Función Pública investiga a directivos de distintos hospitales y a empresas farmacéuticas que, presumiblemente, habrían ocasionado un falso desabasto de medicamentos para atender a la población.
Destacó que la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control en esa institución, inició un expediente de investigación desde el 20 de agosto de 2019, en la jefatura de Hemato-oncología del Hospital Infantil de México, desde donde se habría generado el supuesto desabasto de medicamentos para atender a niñas y niños con cáncer.
Subrayó que las investigaciones son también al Grupo Pisa, sobre la cual se prevé una posible inhabilitación.
La secretaria lamentó que, pese a este proceso, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil de México ampliaron el contrato de distribución para dicha empresa en un 20 por ciento.
Advirtió que, no obstante, el contrato tiene una fecha de término y, debido a la investigación que realiza la Función Pública, podría rescindirse esa asignación.
Refirió que, en este mismo sentido, la dependencia avanza en la inhabilitación de cuatro empresas de distribución de medicamentos en las instituciones de salud pública.
Abordó el caso de Grupo Fármacos Especializados, sancionado con una inhabilitación de dos años y una multa resarcitoria de caso de un millón de pesos.
Afirmó que la Función Pública también sancionó a Clínicas Periféricas y Ambulatorias con una inhabilitación de tres años y una multa de más de un millón de pesos; a Octeo Sen con inhabilitación de dos años y multa por 999 mil 440 pesos; a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, con inhabilitación de dos años tres meses y multa por un millón 88 mil 100 pesos, y a Aviso Medical, inhabilitada por dos años y multada con 876 mil 480 pesos.
Además, agregó, la Función Pública tiene seis expedientes abiertos a Laboratorios Pisa; cuatro de Dimesa; seis de Grufesa; cinco de Maypo y uno de Lomedic, todos ellos por violaciones a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Puntualizó que todas estas empresas “son parte de las corporaciones que han monopolizado la distribución de medicamentos y han participado en el entramado de complicidades para la asignación de contratos”.
El caso Lomelí
En este sentido, refirió que hay siete líneas de investigación de empresas vinculadas al exdelegado federal de Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí, de las cuales se culminaron dos, concernientes a contrataciones públicas y se inhabilitó a las empresas Lomedic y laboratorios Solfran. Expuso que, en este caso, como en todos los que investiga la Función Pública, se ha actuado con absoluto respeto al debido proceso ya los derechos de defensa de los implicados.
La secretaria Sandoval Ballesteros inscribió estas investigaciones en la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de México a través de la Función Pública y que dio a nuestro país un punto más en los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, de Transparencia Internacional, en el que México sube del lugar 138, en el que estaba en 2018, al lugar 130 en 2019.
