Presenta secretaria Sandoval Ballesteros inédito Informe de Fiscalización de la Función Pública/Más de 2 mil 500 auditorías fueron realizadas durante 2019 por la SFP/Se generaron más de 10 mil observaciones y más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero del 2020.- En un inédito Informe de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que realizó durante 2019, casi tres mil 400 actos de fiscalización, de los cuales, más de dos mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros subrayó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó.

Mencionó casos ejemplares de corrupción, como el desvío del trazado de una carretera en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz; y el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin), con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos que incluyen más de seis mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros seis mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.

Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.

En materia de obra pública, llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.

Como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.

“Hay otro caso muy conocido, relacionado con el Ex Director General de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló, operación con la que se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al ex funcionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3 mil 800 millones de pesos.

La secretaria Sandoval Ballesteros presentó hoy, por primera vez en la historia de esta institución, un informe de las auditorías realizadas en su primer año de gestión, las cuales, desde una visión estructural de la fiscalización, previenen y castigan la corrupción, y contribuyen a que las políticas y programas de gobierno federal logren sus objetivos en favor de la población.

Ante miembros del gabinete legal y ampliado, la funcionaria inscribió la presentación del Primer Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019 en su compromiso de fortalecer la transparencia democrático-expansiva y la rendición de cuentas en México para promover una nueva ética pública con austeridad republicana, probidad, eficacia y legalidad en la Administración Pública Federal (APF).

Advirtió que, hasta el inicio de este gobierno, había un control prácticamente nulo en la APF, “porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas, y nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción, propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional”.

Acompañada de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó que ya se revierte lo que administraciones pasadas hicieron para debilitar al Estado, institucionalizar el dominio de intereses privados y fomentar el imperio de la impunidad.

Expresó que hoy, el Estado reconstruye el bienestar y protege los derechos individuales y sociales, antes que a los mercados, a lo cual “contribuye la Función Pública con una fiscalización integral, pues a diferencia de otras entidades fiscalizadoras, puede incidir en todo el ciclo de política pública: desde la identificación del problema o el diseño de un programa, hasta su ejecución y evaluación”.

Explicó que, de manera inédita en México, la Función Pública concibe la fiscalización como un como un medio no sólo para vigilar el buen uso de los recursos públicos, sino para que los proyectos alcancen los objetivos planteados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, legalidad y honradez.

Por ello, “en 2019 nos propusimos que 40 por ciento de nuestras auditorías fueran de desempeño donde la cuestión central no es que se cumplió, sino cómo se cumplió”, advirtió.

En este sentido, en su Programa Anual de Auditorías, la Función Pública no sólo fiscalizó el uso correcto del erario público, sino que, al privilegiar las auditorías al desempeño gubernamental, buscó también mejorar la gestión pública.

Hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la APF, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.