Instituciones nacionales de derechos humanos solicitar acompañamiento a la CIDH para que los gobiernos de la región reconozcan y legislen sobre el tema, y se apoyen propuestas para la protección de personas desplazadas.

BOGOTÁ, Colombia. 3 de marzo del 2018.- El ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en nombre de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de Latinoamérica, el acompañamiento de esa instancia internacional para demandar a los gobiernos de la región que reconozcan la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno, que legislen sobre el mismo y acepten un decálogo de propuestas que presentó para mejorar los niveles de protección de personas desplazadas en países del continente americano.

En un hecho sin precedente, en que por primera vez las INDH comparecen ante la CIDH de manera conjunta para exponer y proponer sobre dicho tema que se ha tornado muy complejo para su resolución, debido a que el fenómeno ha aumentado en los últimos años en la región como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, violencia, desastres relacionados con fenómenos naturales y proyectos de desarrollo. Este encuentro se dio en el marco de la audiencia temática denominada “Desplazamiento interno y derechos humanos en América”, dentro del 167° Periodo de Sesiones de la CIDH.

Gonzáles Pérez manifestó que la falta de reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado interno es un problema que aún persiste, lo que ocasiona déficit institucional y normativo para la protección y garantía de ese grupo de personas, aseguró. Aunque el reconocimiento es un avance, dijo que la falta de regulación impide determinar los actores e instituciones responsables para atender el problema.

“La falta de regulación secundaria –explicó— genera vacíos normativos para la actuación de las autoridades y limita la exigibilidad de los derechos por parte de las víctimas, aumenta sus niveles de desprotección y vulnerabilidad”.

Tras detallar que en México, Guatemala y Chile no hay reconocimiento oficial sobre el tema, el presidente de la CNDH apuntó que Honduras cuenta con un proyecto de Ley, pero falta regulación para atenderlo, además de la necesidad de documentar los casos de desplazamiento, como ya se hace en Colombia, Honduras y Ecuador, para lo cual se requiere homologación de criterios para la documentación y el registro de víctimas de desplazamiento.

“En tanto existan fuentes públicas de registro, la comprensión del grado de actuación que deben atender los gobiernos se verá traducida en un mayor nivel de focalización y especialización para la protección y garantía de ese grupo de personas”, expresó.

Ante la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta y Relatora para México de la CIDH; Luis Ernesto Vargas, Segundo Vicepresidente y Relator sobre los Derechos de Migrantes de la CIDH, y Flavia Piovesan, Encargada de la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH, así como ante Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Desplazadas Internas, el Ombudsman mexicano planteó 10 propuestas para mejorar los niveles de protección de las personas desplazadas en los países del continente americano, entre ellas la aprobación de legislación de desplazamiento interno en aquellos Estados donde hay desplazados internos.

También, la creación de un observatorio sobre desplazamiento forzado interno en que se documenten la evolución y manifestaciones del desplazamiento forzado en Latinoamérica; protección en los desplazamientos transfronterizos e intercambio periódico entre las INDH de sus experiencias exitosas de protección de personas y comunidades desplazadas.

Luis Raúl González habló en nombre de todas las INDH convocantes, y se pronunció en favor de fomentar una cultura de convivencia transfronteriza que implique la trasferencia de conocimientos y experiencias de poblaciones desplazadas internas, con el fin de combatir la estigmatización de que es víctima ese grupo poblacional.

Destacó que, como botón de muestra, en el levantamiento preliminar elaborado por la CNDH, incluido en el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, diferentes personas reportaron la existencia de más de 35 mil personas desplazadas en nuestro país. Puso, además especial énfasis en los casos actuales de Chalchihuitán y Chenalhó. En el caso de Colombia, de acuerdo con cifras oficiales, el número de personas que han dejado su lugar habitual de vivienda asciende a siete millones 338 mil 916; en Ecuador, desde 2006 se ha registrado gran cantidad de casos de desplazamientos forzados en el país; en Honduras, el organismo de derechos humanos de ese país, CONADEH, manifestó haber recibido 750 denuncias por desplazamiento interno en 2016, y por lo que toca a Guatemala, existen más de 150 mil refugiados en México, a consecuencia de un desplazamiento forzado masivo que inició en 1960.

Los representantes de INDH presentes, como Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Chile, así como de la Secretaría General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, del colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil “Convergencia por los Derechos Humanos” y del Bufete Jurídico de Derechos Humanos –estos últimos de Guatemala— apoyaron las propuestas del cambio de percepción del desplazamiento interno y de políticas públicas encaminadas a disminuir el desplazamiento forzado y elaborar Protocolos de atención de esas poblaciones, así como en cuanto a la percepción de falta de reconocimiento del fenómeno y la necesidad de legislar sobre el mismo.