Ante el pleno de la Cámara de Diputados federal, comparece la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y asegura que “esta administración no ha protegido a nadie”. Informa que al cierre de 2019, se tenían 338 fideicomisos, con un monto de 740,000 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre del 2020.- La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que se han impuesto más de cinco mil sanciones a servidores públicos y se han recuperado alrededor de 10 mil millones de pesos en materia de recursos federales.

La funcionaria federal detalló que entre ellas, destacan más de mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, más de 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones.

“Todas ellas se han determinado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados; se han sancionado a los funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores y otrora miembros del gabinete de seguridad enfrentan ya procesos judiciales y administrativos”, explicó.

“Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido la sanción administrativa más alta posible; esta administración no ha protegido a nadie”, puntualizó, al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados federal con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho, le tomó protesta de decir verdad a la funcionaria, en términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política.

En su intervención inicial, Irma Eréndira Sandoval señaló que se han acelerado las acciones para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que verdaderamente contribuya al bienestar de las y los mexicanos.

Este gobierno, afirmó, será recordado por moralizar la política y por inaugurar una nueva ética pública.

Indicó que la impunidad ante violaciones a los derechos humanos también es historia. La Secretaría, añadió, ha aplicado todas las sanciones administrativas y ha promovido procesos judiciales; en sólo dos años “he presentado ante la Fiscalía General de la República más de 513 denuncias penales; dos veces más que en todo el sexenio pasado”.

Precisó que se han sancionado a 321 proveedores y contratistas; se han impuesto multas resarcitorias por un monto de más de mil 500 millones de pesos. A lo largo de la pandemia, se han realizado acompañamientos fiscalizadores y de asesoría, a más de tres mil 300 procesos de contratación en el sector salud, por más de nueve mil 500 millones de pesos.

“Estamos realizando una revisión escrupulosa de todas las contrataciones para asegurar que la emergencia no sea pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México; el gobierno auspicia el derecho a la salud y asegura que este prevalezca por encima de cualquier interés de lucro”, apuntó.

Refirió que desde septiembre 2019, se han recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción; en las últimas semanas, se han aplicado multas por más de 21 millones de pesos a más de una docena de proveedores.

Añadió que hoy “la Cuarta Transformación avanza con el apoyo del pueblo. El 65 por ciento de los mexicanos confía en la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente de la República; gracias al trabajo que se ha realizado se duplicó la confianza en el gobierno y se redujo en más del 23 por ciento la percepción de la corrupción”.

No se cancelan objetivos de fideicomisos

En respuesta a los comentarios de las y los diputados, la titular de la Función Pública expuso que se han recuperado alrededor de 10 mil millones de pesos en materia de recursos federales e iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa.

Sobre el tema de los fideicomisos, Sandoval Ballesteros manifestó que éstos son meros contratos e instrumentos financieros que involucran una disposición de dinero encomendada de buena fe a una institución financiera para su entrega final a una tercera persona o a una causa específica; sin embargo, tienen que estar sobre la base de la continua transparencia y rendición de cuentas.

Añadió que con la eliminación de 109 fideicomisos no se cancelan los objetivos de los mismos, sino se “cancelan los cheques en blanco, la fe depositada en bancos y en instituciones financieras, así como el descontrol de los operadores opacos políticos y privados de los fondos; no se van a cancelar las becas, los subsidios ni los proyectos, pero ahora habrá mecanismos presupuestales que garanticen transparencia y rendición de cuentas”.

Subrayó que al cierre de 2019, se tenían 338 fideicomisos sin estructura y con disponibilidades de 740 mil millones de pesos, lo que representa el 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.