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31 octubre, 2020 Comentarios desactivados en Sin operar, plantas compradas a sobreprecio por Lozoya a AHMSA México

Sin operar, plantas compradas a sobreprecio por Lozoya a AHMSA

La ASF constata que Pemex Fertilizantes “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables” en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados, que no han sido puestas en marcha por falta de insumos.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 31 de octubre del 2020.- Las plantas adquiridas a Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) a un sobreprecio por Petróleos Mexicanos, cuando el director general era Emilio Lozoya Austin, continúan sin entrar en operación en el estado de Veracruz, constató la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una auditoría de cumplimiento a inversiones físicas, realizada a Pemex Fertilizantes, a propósito de la Rehabilitación de las Plantas de Fertilizantes Nitrogenados, en el Estado de Veracruz, el organismo fiscalizador federal determinó el 16 de octubre del 2020 que la filial de la empresa productiva del Estado “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

Cabe recordar que en relación con la compra de las plantas de fertilizantes propiedad de las empresas Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Agro Inmuebles, S.A. de C.V. y Agro Administración, S.A. de C.V., la Auditoría Superior de la Federación presentó el 18 de julio de 2019 una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

En su dictamen, la ASF destacó que “continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerlas en operación, debido principalmente a la falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como materias primas para la producción de fertilizantes que dependen principalmente de lo que produce el Centro Nacional de Control del Gas Natural y el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque”.

“No se concluyó con la evaluación estructural, ya que la prestadora de servicios incumplió con lo estipulado en el contrato”, indicó.

Manifestó también que “con la revisión de los procedimientos de asignación de los contratos números PRO-AGRO-CTO-22-2019 y PRO-AGRO-CTO-09-2019, se constató que no se realizaron los estudios de mercado y el análisis de costo beneficio; no cuenta con la evidencia de haber verificado que las empresas concursantes se encontraban habilitadas para ejercer el comercio o su profesión ni comprobó que contaran con la invitación respectiva que señala los requisitos, plazos y la descripción general del objeto de la contratación, la forma en que deberían presentarse las propuestas y los criterios para la evaluación y adjudicación de los contratos, incluyendo criterios de desempate”.

“En el contrato abierto número PRO-AGRO-CTO-09-2019, para la venta de la chatarra, no se cumplieron todos los procedimientos para la disposición de los materiales de desecho, ya que no se entregaron los oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en condiciones de reincorporarse al servicio y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los oficios de baja de los equipos”, expuso.

“En el contrato número AGRO-DG-003/14, administrado bajo esquema de libro abierto, se verificó que no se cumplió durante la fase I el objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II, en virtud de que las contratistas continúan generando estimaciones y facturas con cargo a los contratos números AGRO-DG-003/14, AGRO-DG-005/16 y PRO-AGRO-DG-10/16 por 147.4 mil dólares, 57 millones 113.3 mil pesos y seis millones 525.5 mil dólares, respectivamente, por lo que se continúa incrementando el monto de los trabajos que debieron ser calculados al término de la fase I del contrato número AGRO-DG-003/14”, agregó.

“Los contratos formalizados por la entidad fiscalizada no cuentan con un número de identificación para un mejor control, con lo que se garantice que no existen duplicidades en los pagos con respecto de otro contrato”, apuntó.

Más del doble costó rehabilitación

La Auditoría resaltó que “del monto de 195 millones de dólares, considerados originalmente para la rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados, debe señalarse, que al 31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 332 millones 156.1 mil dólares y mil 738 millones 526.3 mil pesos, montos equivalentes a aproximadamente 422.5 millones de dólares y las plantas no han sido puestas en operación, por la falta de insumos como el bióxido de carbono, amoniaco y gas natural”.

“No se han generado los beneficios esperados para el Estado al adquirir los activos de esta planta, tales como, sustituir importaciones de fertilizantes, alcanzar la seguridad alimentaria y lo que señala el compromiso 59: “Se convertirá a Pemex en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes” del Pacto por México y en el Objetivo 6, Estrategia 6.3 “Asegurar la participación en el suministro de materias primas para fertilizantes” de los Principales Elementos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018”, abundó.

La falta de insumos, agregó, “ha impedido que se hayan realizado las pruebas operativas en la planta de Urea I y las pruebas “antisurge” en la planta de Urea II, servicios auxiliares y materias primas y el Área VI, no obstante que fueron reconocidas como entregadas mediante el acuerdo del 17 de octubre de 2018, no cuentan con el Certificado de Aceptación Definitiva, porque no cumplieron con todas las obligaciones previstas para la recepción definitiva”.

Recuento de irregularidades en 2015 y 2016

La ASF hizo un recuento de los señalamientos hechos por este caso y mencionó que “con la revisión de los trabajos de rehabilitación de la planta de fertilizantes durante la fiscalización de la cuenta pública 2015, se determinó que se hicieron pagos por 548 millones 290.6 mil pesos por trabajos realizados en la modalidad de administración, no obstante que se convino pagarlos a precios unitarios”.

Asimismo, citó que “con la revisión de los trabajos de rehabilitación efectuadas durante la fiscalización de la cuenta pública 2016, se determinaron los hallazgos siguientes: se incumplieron los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos se rebasaron de 195 millones a 443 millones de dólares, los tiempos se alargaron de 610 a 943 días calendario y a la fecha de esa auditoría (noviembre de 2017), no se habían generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto ya no era rentable”.

“Se señaló que se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, se careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde su proceso de adquisición”, aseveró.

“No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría subcontratar, ni se cumplió con verificar que la contratista demostrara sus capacidades técnicas, material y humana conforme a lo pactado en el contrato. Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin precisarse cuándo se realizarán, no obstante que eran relevantes para la operación de la planta

“Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas. No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor que el autorizado. La contratista no acreditó tener las capacidades técnicas, material y humana para la realización del objeto del contrato.

“En los subcontratos de suministro de personal por administración directa no se establecieron las cantidades de horas hombre por ejecutar en cada uno de ellos. Se realizaron pagos sin el soporte documental que acredite los trabajos realizados. No se justifican las diferencias en los pagos de equipos que necesitaban la misma rehabilitación, según los estudios previos realizados a éstos. Se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto.

“En los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos no se justificaron el procedimiento, los análisis, estudios y la integración detallada para la determinación del periodo de concesión, ni para el establecimiento de la tarifa que se cobrará. No se justificaron las causas de la exclusión, el diferimiento de su ejecución y la fecha de conclusión de los trabajos relacionados con la rehabilitación y pruebas de los carbonoductos”.

Hallazgos de 2017 y 2018

Además, el organismo fiscalizador evocó que “con la revisión de los trabajos de rehabilitación efectuada durante la fiscalización de la cuenta pública 2017, se determinaron los hallazgos siguientes: no se proporcionó evidencia documental de las razones o causas por las que se excluyeron trabajos que se habían considerado originalmente; falta de registros y de control de los materiales producto de desmantelamiento de tuberías y equipos para su venta como chatarra; falta de evidencia documental del costo real de los trabajos que se excluyeron en la orden de cambio núm. 2; se recuperaron pagos indebidos por 135.4 mil pesos (equivalentes a 7.1 mil dólares conforme al tipo de cambio de 19.0704 pesos por dólar) por la falta de documentación que justifique la obligación de realizarlos”.

También comentó que con la revisión de los trabajos de rehabilitación de la planta de fertilizantes durante la fiscalización de la cuenta pública 2018, se determinaron los hallazgos siguientes:

“No se consideró la disponibilidad de materias primas de la cadena gas natural-amoniaco-bióxido de carbono-urea que inciden directamente, tanto en la puesta en marcha, el funcionamiento y la producción de los fertilizantes nitrogenados.

“Se reconoció una pérdida de 212 millones 600 mil dólares por efectos de deterioro correspondientes al valor de las tres plantas en que se omitió su proceso de rehabilitación, sin que se previera reanudarlo en el corto y mediano plazo. La entidad fiscalizada incurrió en falta de liquidez y endeudamiento, debido a una deficiente planeación.

“Costos adicionales por 22 millones 700 mil pesos en el “suministro de agua tratada”, ya que se pagaron durante cinco meses cuotas de tres millones 243 mil pesos y un millón 297 mil pesos por los servicios de “flujo mínimo obligatorio de agua tratada 1” y de “flujo mínimo obligatorio de tratamiento químico”, sin que se hallaran aún en funcionamiento las plantas de Urea 1 y 2; y de un millón 54.7 mil pesos en el “suministro de nitrógeno”, por los servicios “mínimo a tomar o pagar de nitrógeno líquido” y “renta de tanques de nitrógeno”, sin que se encontraran aún en funcionamiento las plantas de Urea 1 y 2.

“Se formalizó la entrega-recepción provisional de las plantas de Urea 1 y 2, del área de servicios auxiliares y materias primas y del área VI sin que la empresa hubiera realizado las pruebas de confiabilidad de las dos plantas, ejecutado la prueba “antisurge” 09-K-002 del turbocompresor de bióxido de carbono de la planta de Urea 2, ni entregado el aviso de terminación de los trabajos, el certificado de aceptación provisional y el certificado emitido y firmado por el contratista, en el que se señalara y certificara que las obras se ejecutaron y culminaron en los términos del contrato.

“Se reconocieron adeudos a la contratista por 44 millones 593.5 mil dólares y 183 millones 481 mil pesos, sin que se integraran en alguna estimación generada por conceptos de obra debidamente concluidos, acompañada de la documentación que acreditara la procedencia de realizar su pago.

“La entidad fiscalizada no contó con el personal que debía tener contratado y capacitado para encargarse de los trabajos previos que se debieron realizar para ejecutar las pruebas de arranque, la operación y el mantenimiento de las plantas de Urea 1 y 2.

“El contrato número AGRO-DG-003/14, administrado conforme al esquema de libro abierto, no cumplió durante la fase I su objetivo principal de determinar el estimado de costos en la versión final para la fase II y de eliminar la incertidumbre y el riesgo de costos, tiempo y variaciones del proyecto.

“En el apartado “Situación actual” del “Informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes” de diciembre de 2013 no se tomaron en cuenta los riesgos asociados al proyecto de inversión en su etapa de ejecución y operación, específicamente los relativos a depender de un solo proveedor y no tener un mercado alternativo.

“Se entregaron las órdenes de trabajo extraordinarias que forman parte de la orden de cambio núm. 3 sin las firmas de autorización del administrador del contrato que las revisó, ni del personal de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., que las aprobó y de la contratista que las aceptó; asimismo, se detectó que en el acta circunstanciada de fecha 10 de septiembre de 2018 también faltaron las firmas del apoderado de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., y del apoderado legal y del superintendente de construcción de la contratista.

“La entidad fiscalizada omitió elaborar, controlar y dar seguimiento a los trabajos mediante el uso de la bitácora en el periodo de junio a octubre de 2018. En los contratos de compraventa de materiales formalizados con dos empresas no se obtuvieron ni presentaron los comprobantes de salida de la chatarra.

“En la venta de la chatarra no se entregaron los oficios en los que se señalara que el material ya no estaba en condiciones de reincorporarse al servicio y que sería desmantelado para su venta como chatarra, ni los oficios de baja de los equipos”.

Consulta aquí el informe individual de la ASF:

2019_0404_aNIT

 

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