Ante la emergencia económica en Campeche, la legisladora Sofía Taje Rosales propone ahorrar, al menos, 1,200 millones de pesos, para invertirlos en prioridades y sacar al estado del atolladero económico y social en que se encuentra.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 6 de noviembre del 2019.- La diputada por Morena, Sofía del Jesús Taje Rosales, demandó a Carlos Miguel Aysa González que declare emergencia económica en Campeche, luego de 15 años de decrecimiento, y adopte urgentes medidas de austeridad y ahorro para sacar al estado del atolladero económico y social.

La legisladora de Escárcega presentó en la sesión del Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana del Estado de Campeche, para reformar el artículo 121 de la Constitución Política estatal, la Ley de Seguridad Pública del Estado y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como para derogar el Decreto 343, aprobado por la LV Legislatura.

También entregó a la mesa directiva un punto de acuerdo, mientras se aprueba la iniciativa, para que el titular del Ejecutivo del Estado, el líder del Congreso y los alcaldes apliquen una serie de medidas que ahorren, al menos, mil 200 millones de pesos, y se inviertan en rubros prioritarios, como Salud, Educación, Seguridad, Procuración e Impartición de Justicia, Turismo y Desarrollo Económico, Social y Rural.

En su intervención, Taje Rosales manifestó que: “Durante décadas, los gobiernos de las entidades federativas han financiado intereses privados y de promoción personal, a costa de las necesidades ciudadanas”, dictamina el Instituto Mexicano para la Competitividad, y tiene mucha razón. Acabamos de vivirlo en Campeche con Alejandro Moreno Cárdenas.

“En el segundo trimestre del 2019, el estado volvió a decrecer económicamente, un 2.6 por ciento, y según el Coneval, 82.6 por ciento de los campechanos sobreviven en la pobreza y en la vulnerabilidad”, expresó.

“Están cerca los tiempos en que el Congreso del Estado recibe del titular del Poder Ejecutivo las Leyes de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el 2020, y es el momento de fijar postura, de apostar por la austeridad y el ahorro, con la convicción de que “Por el bien de todos…”, primero la Salud, la Educación, el Medio Ambiente, la Seguridad, el Turismo y el Desarrollo Económico, Social y Rural”, indicó.

“Es el momento de rechazar privilegios y fantocherías, como fondos de ahorro, sobresueldos, promoción de imagen y aparatos de seguridad personales, las pensiones de exgobernadores, exrectores y exmagistrados, y los onerosos vuelos en aeronaves oficiales”, agregó.

“Ya no son los tiempos en que la corrupción y la impunidad se paseaba por las calles de la mano de Alejandro Moreno, en que se hacía alarde de “obras monumentales”, que no lo son y que quedaron inconclusas; y de las mansiones con vigilancia fuertemente armada”, puntualizó.

La representante morenista dijo que “ahora, Carlos Miguel Aysa tiene que dar una “vuelta de tuerca” y desmarcarse de un régimen profundamente injusto para la sociedad campechana”.

“Es hora de que el gobierno cumpla con las expectativas del pueblo campechano, no se puede seguir incumpliendo una obligación inaplazable: Dejar de derrochar en lo superfluo y reactivar la economía maltrecha del estado”, insistió.

Las 13 medidas propuestas

Sofía Taje planteó 13 medidas urgentes de austeridad, ante la emergencia económica que vive la entidad campechana.

“PRIMERO: Propongo vender las aeronaves oficiales que no sean usadas en protección civil y seguridad pública. En específico, el jet Sabreliner, el avión Piper Seneca V y una de las avionetas Cessna 206.

“En caso de que ya no se logren comercializar, por su antigüedad, que se instalen en los aeródromos existentes, con propósitos educativos.

“El uso discrecional de la flota aérea estatal ya no puede sostenerse. Mucho menos si está al servicio de funcionarios, empresarios y familiares de los titulares del Ejecutivo. ¿De qué privilegios gozan?

“SEGUNDO: Eliminar el decreto que otorga una pensión mensual bruta de 84 mil 514 pesos al exgobernador Carlos Pérez Cámara y reducirla al 50 por ciento, al igual que las de los demás exgobernadores, exrectores de universidades e Instituto Campechano y ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“Que sean solidarios con la gran mayoría de los campechanos, que no pueden acceder a este tipo de pensiones privilegiadas.

“TERCERO: Eliminar los Fondos de Ahorro, los gastos de servicios médicos mayores y de gestión social que persistan en los tres Poderes del Estado.

“CUARTO: Acabar con los fideicomisos que ejerzan recursos públicos estatales y federales, como los constituidos con la banca privada para el Nuevo Puente de la Unidad, que han manejado, al menos, dos mil 200 millones de pesos, sin rendir cuentas al pueblo campechano.

“QUINTO: Eliminar las direcciones adjuntas, de existir, en las dependencias estatales y municipales.

“SEXTO: Eliminar escoltas y camionetas blindadas a gobernadores y exgobernadores, fiscales y exfiscales, secretarios de Gobierno y exsecretarios de Gobierno, secretarios y exsecretarios de Seguridad Pública, presidentes municipales y expresidentes municipales, y directores y ex directores de Seguridad Pública municipales.

“La protección a costa del erario no se justifica en el “estado más seguro”, como difunde la publicidad oficial y reconoce el mismo presidente López Obrador.

“SÉPTIMO: Eliminar el gasto en Servicios de Arrendamientos, que ascendieron en 2018 a 240.4 millones, y hasta septiembre del 2019, a 126 millones de pesos, ya que el estado cuenta entre su patrimonio, con terrenos e inmuebles que podrían servir para construir y habilitar oficinas, como la Casa de los Gobernadores y la segunda planta de la Biblioteca estatal.

“OCTAVO: Eliminar los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos. En la administración estatal, se cuenta con especialistas que pueden hacer el trabajo contratado. En 2018, representaron un gasto de 524.2 millones y hasta ahora, 214.2 millones de pesos.

“NOVENO: Reducir en un 90 por ciento los Servicios de Comunicación Social y Publicidad, que incluya la eliminación de voceros y personal de comunicación social en las secretarías y dependencias estatales. En 2018, se derrocharon 571.5 millones por este concepto y en nueve meses del 2019, ya van 226 millones de pesos.

“DÉCIMO: Reformar la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y los Municipios del Estado de Campeche, para que los ingresos excedentes no sean destinados al gasto corriente, sino a pagar la deuda y a la inversión en obras públicas y proyectos productivos, con la supervisión y autorización del Congreso.

“DÉCIMO PRIMERO: Reducir en un 50 por ciento el salario de los altos funcionarios, que sea un privilegio servir a los campechanos, y reducir la nómina estatal, a través de la real cancelación de plazas, pues el 7.6 por ciento de la población está ocupada en el gobierno y la meta es de 3.8 por ciento, según la agrupación México ¿Cómo Vamos?

“DÉCIMO SEGUNDO: Reducir en un 50 por ciento el pago a los regidores y síndicos, presidente municipal, secretario y directores de los Ayuntamientos del Estado de Campeche, porque sus remuneraciones se han vuelto verdaderamente insultantes para un pueblo empobrecido.

“Y para dar el ejemplo: DÉCIMO TERCERO: Consolidar las remuneraciones a los diputados locales en 20 veces el salario mínimo, sin ingresos adicionales, como los fondos de ahorro, los privilegios a los coordinadores de fracciones parlamentarias, los bonos por pertenecer a la mesa directiva o a la presidencia de las comisiones legislativas principales”.

“NO más gobierno rico…”

“Todos debemos sumarnos a este periodo de emergencia económica en Campeche”, resaltó la diputada Taje.

“Estas medidas de austeridad representarían el ahorro de más de mil 200 millones de pesos anuales, que podrían destinarse al pago adelantado de la deuda pública estatal, a impulsar la economía estatal y a la obra pública necesaria socialmente”, abundó.

“El Imco lo dice bien: El estado de Campeche subestima sus ingresos, gasta más de lo presupuestado, principalmente en publicidad oficial, gasto burocrático, servicios básicos y ceremonias oficiales, y se endeuda más de lo planeado”, añadió.

“En su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018, asegura que falta planeación, hay simulación y discrecionalidad en la aplicación del presupuesto de egresos y poca vigilancia del Congreso local”, mencionó.

“Es tiempo de que el Congreso sea un verdadero contrapeso para el Poder Ejecutivo y no convalide el despilfarro del erario estatal. NO más “gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.