Al participar en la presentación de la guía “Acceso Denegado”, este reportero detalló el mecanismo legal de EU, que se le aplicó para el retiro de información sobre Grupo Altavista y su dueño, Ricardo Orrantia, cuya filial Interconecta firmó contrato con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, para la renta del sistema de videovigilancia en Campeche.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 10 de noviembre del 2020.- En la presentación de la guía “Acceso Denegado. ¿Cómo pueden responder los y las periodistas y la sociedad civil a las notificaciones de eliminación de contenidos?”, de la organización Artículo 19 y la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, se expuso el caso de la censura inducida a Página 66.
Este reportero tuvo la oportunidad de participar como ponente y ahí va mi intervención completa:
El mecanismo legal de “notificación y retirada”, aplicado desde Estados Unidos de Norteamérica, es una especie de censura inducida y viola la libertad de expresión, dejando en estado de indefensión legal a los comunicadores que lo sufren fuera del vecino país del norte.
Este mecanismo, conocido como DMCA, está siendo mal utilizado por políticos, empresarios y empresas para retirar lo que ellos llaman “contenido negativo”, que más bien es contenido crítico que denuncia hechos de corrupción.
En enero del 2018, publiqué en Página 66 un artículo titulado “Malos antecedentes de empresa que contrató ‘Alito’ para videovigilancia”.
El artículo fue el seguimiento a otro en el que se reveló que la empresa Interconecta, subsidiaria del Grupo Altavista, había firmado un contrato por casi 2 millones de pesos mensuales para proveer de servicios de videovigilancia, con la administración de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche.
(Alejandro Moreno es el mismo actual dirigente nacional del PRI, también conocido como “Alito”, quien ejerció el poder autoritariamente, persiguió y encarceló periodistas e incluso mandó a tachar a sus críticos como “enemigos de Campeche” y a amenazarlos de muerte, como denunció en su momento Artículo 19 en 2 ocasiones. No dudo que ahora esté inmiscuido en la censura, persecución y hostigamiento a Página 66. Hoy lastimosamente es un actor nacional que busca limpiarse la cara de todas las tropelías cometidas en el estado que mal gobernó).
La investigación publicada desenterró, basándose en datos de la Auditoría Superior de la Federación, las anteriores acusaciones de corrupción y fraude fiscal de Interconecta en contratos similares bajo su director general, Ricardo Orrantia, principalmente con el programa Enciclomedia, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.
En agosto de 2018, aproximadamente ocho meses después de que se publicara el artículo, recibí diversos mensajes en los que se amenazaba con emprender acciones legales, si no retiraba el artículo de Internet.
En algunos de los mensajes se argumentó que, dado que el Grupo Altavista es una marca internacional registrada, el uso de su nombre, sin su consentimiento, era un “uso indebido”.
En octubre, Digital Ocean (a quien se le paga por albergar el sitio de Página 66) recibió una notificación en virtud del “procedimiento de notificación y eliminación” de la DMCA.
Digital Ocean notificó a Página 66 que tenía 3 días para retirar el artículo o arriesgarse a que todo su sitio fuera eliminado. Página 66 contactó a Artículo 19 para recibir asesoramiento.
Además, el equipo de Derechos Digitales de Artículo 19 envió un informe escrito a Digital Ocean. Con esta respuesta, Digital Ocean dio un paso atrás y conservó el acceso al sitio.
El 13 de diciembre de 2019, Página 66 recibió un correo electrónico de “Compliance Legal” con la dirección compliance@legal-abuse. eu. El correo electrónico era “en representación de Humberto Herrera Rincón Gallardo”. La notificación fue descrita como “extraoficial” y me pedía que retirara el artículo sobre Interconecta y que instalara el código “robots.txt” o “instrucciones noindex” en el sitio para que el nombre “Ricardo Orrantia” y “Grupo Altavista” no pudieran indexarse o encontrarse allí.
En el correo electrónico, se argumentaba que la publicación perjudicaba el “derecho al honor” de Grupo Altavista y Ricardo Orrantia, en virtud del artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, así como de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea (C-131/12), por lo que se invocaba el derecho a eliminar la “información privada”.
Página 66 se dirigió de nuevo a Artículo 19, que recomendó no tomar ninguna medida.
Dado que el sitio Página 66 está alojado en Estados Unidos y, como Estados Unidos no firmó el Convenio 108 de la Unión Europea (UE), no se aplican los reglamentos de la UE.
Artículo 19 investigó la dirección de correo electrónico y no la localizó en la UE, sino que estaba vinculada a una empresa en Aguascalientes, México.
El asunto se dejó como tal, y no se ha recibido ningún otro correo electrónico o comunicado oficial de “Compliance Legal”.
Desafortunadamente, el Grupo Altavista y Ricardo Orrantia continuaron sus esfuerzos para suprimir el artículo. El 29 de enero de 2020, recibí una notificación de Digital Ocean de que mi sitio web estaba infringiendo los derechos de autor, lo cual exigía una respuesta en un plazo de 3 días. Se intercambiaron varios correos electrónicos entre Página 66, Digital Ocean y Artículo 19.
El aviso identificaba incorrectamente al autor del artículo como Humberto Herrera Rincón Gallardo, no como Daniel Sánchez, y se aclaró que el verdadero infractor de los derechos de autor era Herrera, por copiar el contenido. Se pidió desestimar la petición.
De nada sirvió. Página 66 no supo nada de su servidor web hasta finales de febrero, cuando Digital Ocean les escribió para informarles que su sitio había sido retirado.
Digital Ocean mantuvo durante tres días fuera de Internet el sitio web de Página 66 y le comunicó que para que fuera restaurado, tendría que borrar el contenido supuestamente infractor.
Dada la urgencia de la situación, pagina66.mx retiró el artículo y notificó a Digital Ocean que lo había hecho, a la vez que seguía protestando, porque el servidor web estaba aplicando una orden fraudulenta que tenía por objeto censurar la información, no proteger un derecho de autor válido.
A nueve meses de retirada, no he podido recuperar la publicación “Malos antecedentes de empresa que contrató ‘Alito’ para video vigilancia”, publicada originalmente en Página 66.
Lamentable es que haya compañías consultoras o despachos de abogados que se dedican a “lavar” las reputaciones de estas personas físicas y morales, y así se anuncian en las redes sociales.
Hago hincapié en que la información sobre el Grupo Altavista y su dueño Ricardo Orrantia fue retirada de pagina66.mx, de manera fraudulenta, por parte de una compañía y un despacho de abogados, que lo intentaron una y otra vez, de diferentes formas, hasta lograr su objetivo.
Una de las empresas que se dedica a limpiar de “contenidos negativos” la reputación de sus clientes es la que tiene como marca comercial eliminalia.com, y un despacho de abogados de España, donde tiene su sede el grupo empresarial.
Luego de haber logrado su objetivo de retirar la información publicada en Página 66, a finales de febrero, tres meses después me contactó, vía telefónica, Humberto Herrera Rincón Gallardo, solicitándome la retirada de las notas donde doy cuenta de su participación en la DMCA, argumentando que habían utilizado su nombre en mi caso.
De ahí siguieron otros tres meses de acoso telefónico, a través de su representante Rubén Ocaranza, para insistir en que se retirara la información sobre Herrera Rincón Gallardo, porque les afectaba en sus negocios.
Estas dos personas dijeron trabajar en una empresa dedicada precisamente a eliminar contenido negativo.
Incluso, me enviaron un escrito en el que señalan que Humberto Herrera “no ha tenido participación alguna en los intentos de censura de los que ha sido objeto el portal informativo Página 66”.
Identificaron al señor Herrera como “consultor de comunicación para diversos corporativos y personajes públicos”, y dijeron desconocer “las razones por las que hizo uso indebido de mi nombre para cometer el acto de censura”.
Desde hace tres meses, dejaron de molestarme con sus llamadas y mensajes por whatsapp, al decirles que estaba enfermo de Covid-19.
El ilegal retiro de contenidos deja secuelas, entre ellas, la inseguridad de que tu información circulará libremente por internet y te llegan a asaltar dudas sobre tu trabajo, se crea un ambiente de incertidumbre, más si estás en un medio cooptado, como el de Campeche.
Aquí, pese a varias publicaciones sobre el caso de DMCA en pagina66.mx, ninguno de los otros medios o comunicadores se solidarizaron.
Aquí, en este estado mexicano, existen más de 50 medios de comunicación tradicionales y de internet, a quienes el gobierno estatal ha destinado cerca de 2,500 millones de pesos en los últimos cinco años, para ejercer una “censura sutil” y coartar la libertad de expresión.
En México, se volverá más difícil mantener la información crítica en internet, con las modificaciones a la Ley de Derecho de Autor aprobadas por el Congreso de la Unión, que incluyen un mecanismo de “aviso de retirada”.
La censura ya no provendrá de Estados Unidos de Norteamérica, sino de las mismas autoridades mexicanas.
Desde la sociedad civil, debemos empujar las propuestas que hay actualmente en el Senado de la República y la Cámara de Diputados federal para dar marcha atrás a este despropósito que afectaría la libre circulación de las ideas en el país.
Consulta aquí el documento completo de Artículo 19:
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2020/11/DMCA-esp-digital_FINAL.pdf
Aquí puedes ver el video completo de la presentación del documento Acceso Denegado:
