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Enésima despedida de “Alito” con discurso de viejas promesas

15 mayo, 2019 Comentarios Desactivados en Con “Alito”, al menos 38 “aviadores” del SNTE siguen en nómina Campeche

Con “Alito”, al menos 38 “aviadores” del SNTE siguen en nómina

El estudio La impunidad en la nómina magisterial, revela que Alejandro Moreno sigue pagando al menos a 38 comisionados sindicales, y que la administración estatal tiene 3 denuncias por desvío de más de 20 millones entre 2008 y 2015.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 15 de mayo del 2019.- Bajo la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, entre 2015 y 2107, al menos 38 comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) siguen cobrando en la nómina magisterial.

Como publicó Página 66 en febrero del 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de 21 millones 684 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en 2017.

La ASF encontró que Moreno Cárdenas generó un daño a la Hacienda Pública Federal, al no localizar a 97 trabajadores, realizar dos mil 318 pagos posteriores a la fecha de la baja a 225 trabajadores, los cuales contaron con 378 plazas adscritos en 163 centros de trabajo, y por realizar 148 pagos indebidos por comisión a 54 trabajadores, que contaron con 79 plazas, adscritos en 49 centros de trabajo.

De acuerdo con el estudio La impunidad en la nómina magisterial. Uso y abuso del Fone, de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, las irregularidades en el manejo de la nómina magisterial son propias también de las últimas dos administraciones priístas, pues Campeche tiene tres denuncias por un monto de más de 20 millones de pesos, establecidas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2008 y 2015.

La organización civil y la institución académica señalaron que en 2013, bajo el gobierno de Fernando Ortega Bernés, se detectaron irregularidades equivalentes al 14.9 por ciento de la nómina educativa.

Con la centralización del manejo de la nómina magisterial, se mejoró el uso de los recursos, pero prevalecen irregularidades, como “el pago indebido de salarios y prestaciones a comisionados sindicales y trabajadores irregulares”.

En 4 años, se desperdiciaron 1,066 millones

El estudio señaló que “entre enero de 2015 y diciembre de 2018, se destinaron más de mil 66 millones de pesos para el pago de nueve mil comisionados sindicales. Este monto podría haberse usado, por ejemplo, para disminuir las desigualdades del 25 por ciento de los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en localidades de alta marginación en educación básica”.

Citó que entre las debilidades de la centralización de la nómina educativa se cuentan “las responsabilidades administrativas de las autoridades federal y estatal se han diluido; no se han corregido (o nivelado) las diferencias presupuestales educativas entre los estados; la asignación del Fone es inercial y no se guía por criterios que incentiven la inversión de las entidades federativas”.

También mencionó que “no hay mecanismos efectivos para sancionar a los responsables del uso irregular de los recursos públicos educativos; la autoridad educativa federal no ha cumplido con el mandato de ley relativo a que la Secretaría de Educación Pública elabore reportes de las irregularidades observadas en la nómina financiada con el Fone para ser entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados. Sin embargo, ninguna de las autoridades que debían recibir esa información actuó legalmente como consecuencia de la omisión, es decir, no se han fincado responsabilidades administrativas y legales”.

“Ante la promesa por parte del gobierno federal de que la centralización de la nómina generaría ahorros sustantivos para el país, y ante la especulación de que éstos alcanzaron los 90 mil millones de pesos en los primeros tres meses de operación del fondo –según el dicho del entonces presidente del Senado, Miguel Barbosa– o los 30 mil millones –en la versión de legisladores de Nueva Alianza–, el Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo para solicitar el informe de “economías” (ahorros) generadas por el Fone”, recordó.

“La SHCP aseguró que no hubo economías, y el Senado no encontró en sus archivos información alguna enviada como respuesta de la autoridad hacendaria ante la petición legislativa. Nada de esto derivó en acciones adicionales para satisfacer el requerimiento de información”, agregó.

“En respuesta a una petición de información sobre el estado que guardaba tal requerimiento, el órgano de Transparencia del Senado argumentó: “De acuerdo con el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, se reconoce expresamente que un punto de acuerdo constituye una petición o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles, sin carácter vinculante, expresión que libera de obligación a cargo del destinatario de la misma, en la especie, la SHCP, para generar la respuesta correspondiente y, en consecuencia, legitima la carencia de facultades, competencias o funciones del Senado como sujeto obligado en materia de acceso a la información, así como de sus órganos o unidades administrativas que lo conforman”, abundó.

“Podemos asumir, ante esta falta de respuesta a la petición de información –y su justificación a la letra del reglamento–, que el trabajo legislativo que se centra en la formulación y aprobación de exhortos y/o puntos de acuerdo es inocuo. Esto es, se reconoce y documenta que esta función parlamentaria no es vinculante, en demérito de un sistema de pesos y contrapesos que debería caracterizar a todo régimen democrático”, puntualizó.

Gobiernos colocan a comisionados en puestos administrativos

El documento La impunidad en la nómina magisterial, dado a conocer hoy, afirmó también que “hay una práctica preocupante que sugiere que las autoridades en los estados buscaron estrategias para tratar de evadir las restricciones legales que prohíben el pago de personal comisionado al sindicato”.

“Llama la atención que una proporción importante de comisionados sindicales (centros de trabajo con las claves AGS, AGD y FGD), fueron reubicados en centros de trabajo administrativo (clave ADG). Una muestra: Un mil 833 personas reportadas como comisionados sindicales en las bases del Fone en el primer trimestre de 2015, se reubicaron en puestos administrativos al primer trimestre de 2017”, reveló.

Ante esto, recomendó “discutir la pertinencia del financiamiento con recursos federales de las diferentes categorías adscritas a los centros de trabajo con clave ADG –los del personal administrativo-operativo–“.

“Antes de ceder a las presiones de los gobiernos estatales o de las delegaciones sindicales que demandan mayor cantidad de recursos, resulta fundamental precisar las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno en el sector educativo. La aparente inequidad con la que se han manejado las sanciones contra los gobiernos estatales que han incurrido en un uso indebido de los recursos genera el ambiente propicio para que la corrupción se perpetúe, erosionando cualquier propósito por mejorar la educación en México”, advirtió.

“Al trasladar la administración del pago de la nómina federalizada a la SEP-SHCP, los gobiernos de los estados encuentran pocos incentivos para co-responsabilizarse de manera efectiva en la solución de los problemas en sus sistemas educativos; es decir, los endosan a las autoridades federales”, indicó.

“Queda claro que, dados los abusos que se han observado en distintos gobiernos estatales y la opacidad en torno a sus presupuestos educativos, el federalismo no tiene una buena reputación en nuestro país”, aseveró.

Consulta aquí el estudio completo de México Evalúa y Tecnológico de Monterrey:

https://www.mexicoevalua.org/2019/05/14/la-impunidad-en-la-nomina-magisterial/

file:///C:/Users/Daniel%20S%C3%A1nchez/Downloads/Brief_Fone_web.pdf

Más información en:

https://www.pagina66.mx/alito-pago-indebidamente-21-7-millones-de-la-nomina-educativa/

 

 

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