La administración del sustituto Carlos Miguel Aysa no ajusta el gasto público como mandata el artículo 34 de la Ley, que coloca en primer lugar el recorte a gastos de comunicación social y publicidad, y presume de apretarse el cinturón en combustible, viáticos y papelería.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 20 de septiembre del 2020.- La administración del sustituto Carlos Miguel Aysa González no está acatando el artículo 34 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche en el ajuste del gasto público, por presuntos recortes en las participaciones federales en 2020.

Aysa González, a través de su secretario de Planeación, Tirzo García Sandoval, ha declarado en varias ocasiones que este año, se aprieta el cinturón en su gasto corriente, principalmente combustible, viáticos y papelería, “para poder enfrentar los recortes y no sacrificar los programas sociales, de asistencia o de incentivo a la productividad, tampoco sacrificar la inversión en obra pública”.

El artículo 34 de la Ley estatal de Disciplina Financiera establece que “el gasto público deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales”.

“En el caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en las Leyes de Ingresos del Estado y de los municipios que se encuentre vigente, la Secretaría o la Tesorería Municipal, según corresponda, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes a los montos de sus Presupuestos de Egresos aprobados en los rubros de gasto en el siguiente orden:

“I. Gastos de comunicación social;

“II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción VII de la presente Ley, y

“III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias”.

El derroche imparable en publicidad

Sin embargo, el gasto en los Servicios de Comunicación Social y Publicidad no ha disminuido en la administración estatal. En el primer semestre del 2020, alcanzó los 114 millones 364 mil pesos, en plena pandemia del Covid-19.

Ahora, se prepara para seguir derrochando recursos en mantener bajo control a los medios de comunicación y secuestrada la libertad de expresión en Campeche, puesto que ya amplió el presupuesto de 234 millones 137 mil pesos, aprobado para este año por el Congreso del Estado, a 245 millones 447 mil pesos.

Por si fuera poco, el gasto en publicidad oficial es mayor al presupuesto ejercido en Desarrollo Social, Económico, Rural, Energético, Turismo, Pesca y Medio Ambiente, en un estado declarado en recesión económica desde hace 15 años.

La austeridad dudosa de Aysa

Respecto a lo declarado por García Sandoval sobre la austeridad presuntamente aplicada por la administración de Carlos Miguel Aysa, el informe denominado “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto), del 1 de enero al 30 de junio del 2020”, lo pone en duda.

En el concepto de Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, que incluye la papelería de oficina, el gasto en el primer semestre del 2020 ascendió a 78 millones 788 mil pesos, 20 millones 180 mil más que los 58 millones 598 mil pesos erogados en el mismo periodo del 2019

Además, este rubro tiene proyectados para todo el año 130 millones al cierre de junio, 16 millones 240 mil más que lo autorizado por el Congreso del Estado.

En el concepto de Combustibles, lubricantes y aditivos, el gobierno estatal ya pagó 50 millones 367 mil pesos, 27 millones menos que el mismo periodo del año pasado.

En Servicios de traslado y viáticos, seis millones 516 mil pesos, cinco millones 681 mil menos que entre enero y junio del 2019.

Estas dos reducciones en el gasto es explicable por la pandemia del Covid-19, que paralizó casi totalmente las actividades de la burocracia estatal.

En tanto, la administración estatal mantiene el derroche en los servicios de arrendamiento, con 69 millones 537 mil pesos, y los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (asesorías), con 86 millones 220 mil pesos.

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