El contrato firmado por “Alito” con la empresa Interconecta -involucrada en el fraude del Programa Multimedia de Fox y Calderón-, filial del Grupo Altavista, propiedad de Ricardo Orrantia, vence en diciembre del 2021, por lo que seguirá pagando casi 2 millones de pesos mensuales.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 26 de septiembre del 2021.- La administración de Layda Sansores San Román tendrá que seguir pagando el arrendamiento de cámaras de videovigilancia en las principales ciudades del estado de Campeche, contratadas por Alejandro Moreno Cárdenas, a razón de casi dos millones de pesos mensuales, hasta diciembre del 2021.
De acuerdo con el contrato de arrendamiento con la empresa Interconecta -involucrada en el fraude del fracasado Programa Multimedia de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa-, filial del español Grupo Altavista, propiedad de Ricardo Orrantia, los 53 meses de plazo vencen hasta el último día de este año.
En siete de las 13 cabeceras municipales, la administración de Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González dejaron, según sus informes, mil 100 cámaras de videovigilancia en operación, la mayoría de la compañía del Grupo Altavista.
Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa apostaron todo a la videovigilancia contra la inseguridad pública creciente y “para la preservación del orden público”, pero esta estrategia no tuvo ningún resultado, como lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que colocan a Campeche con mayores índices de delincuencia.
El sistema de videovigilancia, según el último informe oficial, cuenta con una plataforma de gestión y grabación de video, un software de análisis de videos, que permite revisar horas de video en minutos y analizar cuantitativamente y reconocer placas, localizar personas y vehículos.
Desde marzo del año 2017, “Alito” firmó el contrato con la empresa Interconecta, y en todo este tiempo, han sido esporádicos los casos en que se ha utilizado en beneficio de la ciudadanía, pero sí fue usado por la administración de Aysa González para exhibir a políticos opositores en francachelas.
“Pusimos en servicio más cámaras de videovigilancia para prevenir delitos en Campeche. A través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, seguiremos invirtiendo en moderno equipamiento, que nos permita seguir siendo una entidad con los más bajos índices delictivos”, indicó Carlos Miguel Aysa, en sus redes sociales.
Generan “exclusión social”: Expertos
El uso indiscriminado de cámaras contra la delincuencia común ha sido criticado por generar “procesos de clasificación social y espacial que derivan, algunas veces, en forma de exclusión social”, y por poner “los datos personales que administra en un espacio de indeterminación jurídica”, como sostiene Nelson Arteaga Botello, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
También se ha señalado que “la pobre e inexistente regulación de las cámaras de vigilancia en México puede afectar el ejercicio de la ciudadanía”, definida como “la capacidad que tienen los individuos de construir espacios de autonomía y control frente a lógicas de estratificación y dominación”.
Más información en:
https://www.pagina66.mx/apuesta-aysa-a-mas-videovigilancia-contra-inseguridad-creciente/
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https://www.pagina66.mx/sin-explicacion-alito-acepta-modificar-contrato-de-videovigilancia/
https://www.pagina66.mx/alito-beneficia-con-otro-contrato-a-grupo-altavista/