La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género señalan que las instituciones responsables de hacer justicia a las féminas violentadas deben contar con servidores públicos con perspectiva en derechos humanos, interculturalidad y género.

CAMPECHE, Cam. 25 de noviembre del 2020.- La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (Remyh) expresó que en Campeche, los pactos de impunidad no están presentes de manera única en las instituciones responsables de investigar la violencia en contra de las mujeres, también en el Poder Judicial estatal o federal, responsable de sancionarla y repararla de manera integral.

En un comunicado, la Red manifestó que, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, se pronuncian ante la creciente violencia de género que viven las mujeres y niñas indígenas, quienes viven en comunidades rurales en el estado de Campeche, lo que se agudiza por la marginación y revictimización dentro las instituciones de procuración de justicia.

Precisó que les preocupa que dentro de las instituciones del Estado persistan prácticas discriminatorias, pese a los mandatos nacionales e internacionales que señalan la obligatoriedad de garantizar una atención integral a las mujeres y niñas, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia que viven.

“Por otro lado, la escasez de recursos con los que cuentan las instituciones municipales de prevención y atención de la violencia limitan el pleno ejercicio de su labor dejando en desprotección la vida de las niñas y mujeres en las comunidades, perpetuando así una cadena de prácticas de impunidad que impactará en los distintos niveles de atención, sanción y reparación del daño”, externó.

La organización civil manifestó que la desigualdad social y marginación que enfrentan las comunidades y territorios en el Estado, ponen en una situación de mayor riesgo a las mujeres y niñas, pues la escasez de fuentes de empleo digno para las mujeres, así como la carencia de los servicios de salud y educación integrales, permiten que se perpetúen prácticas patriarcales y machistas, como la dependencia económica, que a su vez se convierte en una de las causas por las cuales las mujeres viven violencia familiar.

Resaltó que el Poder Judicial, tanto federal, como local, siguen estado en deuda con las mujeres, ya que a pesar de tener resoluciones judiciales que obligan al cumplimiento inmediato de resoluciones que se obtuvieron para proteger la integridad de las mujeres víctimas, el dar trámite a recursos jurídicos de relleno, lo único que logran es el desobedecer el mandato de protección de los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, convirtiéndose en sus nuevos agresores, transgrediendo así su obligación constitucional a la protección de la vida de las mujeres y, en particular, al acceso a la justicia.

“Sumado a lo anterior, tenemos que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó al municipio de Candelaria, Campeche, en el lugar número 66, por la incidencia de feminicidios en lo que va de enero o septiembre de este año, evidencia un grave problema de violencia feminicida en la región, que demanda acciones urgentes e inmediatas para atender la problemática”, indicó.

La Redmyh señaló que no pueden omitir, que al ser acompañantes de niñas y mujeres víctimas de las violencias machistas, en su justo reclamo de reparación y justicia, es evidente la omisión de cumplir con la creación de un fondo de reparación a las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, que como establece la Ley General de Víctimas, debe existir en las entidades federativas para atender la obligación del estado en ese sentido.

Comentó que la violencia de género es un problema que debe ser atendido de manera integral y sistémica, donde los esfuerzos deben estar presentes en todos los ámbitos, sociales y comunitarios; que les permita construir formas de relacionarse de manera más igualitaria, basada en el respeto a las diferencias y en el reconocimiento de la diversidad.

“Es urgente contar con personas servidoras públicas que actúen con perspectiva en derechos humanos, interculturalidad y género de manera primordial en los territorios de mayor desigualdad y marginación social”, aseveró.

Señaló que este 25N se unen a la demanda al Estado mexicano en todos los niveles, de atender su responsabilidad primordial de garantizar la protección de la vida de las mujeres y las niñas ejerciendo de manera efectiva y eficaz los recursos destinados en la materia, la rendición de cuentas y actuar conforma las obligaciones y mandatos que la constitución, los tratados internacionales y sociedad le demandamos.