Involucrado en la Estafa Maestra, Miguel Ángel Lozada Aguilar fue destituido e inhabilitado por 10 años, luego de que la SFP comprobó inconsistencia en su evolución patrimonial, al no reportar dos cuentas bancarias y los beneficios de un bien inmueble.
Por Daniel Sánchez
CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 11 de diciembre del 2019.- Luego de haber sido exonerado por la Fiscalía General de la República (PGR), en junio pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que concluyó en destitución e inhabilitación el proceso administrativo que abrió en contra del director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien estuvo involucrado en la Estafa Maestra.
La dependencia federal manifestó que “a partir de la notificación, el actual director general de PEP deberá ser separado de su cargo” por el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza.
La SFP expuso que “el funcionario estuvo vinculado al esquema defraudatorio conocido como Estafa Maestra”, y anunció que “impuso la sanción de destitución e inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal a Lozada Aguilar”.
“La sanción se deriva de las acciones que, desde principios de año, fueron informadas por la propia (titular de la Secretaría) Irma Sandoval (Ballesteros), en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la Estafa Maestra”, indicó.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 23 de enero de 2019, afirmó: “si están involucrados (altos funcionarios de Pemex designados por la nueva administración) en eso de la Estafa Maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno; si los contrataron, hicieron mal… les adelanto que, si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”.
Asimismo, agregó, el presidente instruyó, tanto al director general de Pemex como a la secretaria de la Función Pública que separaran a los funcionarios vinculados a la Estafa Maestra, y “la secretaria Sandoval anunció diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos”.
“Además, en abril pasado, la Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició”, mencionó.
En ese marco, abundó, “se identificaron indicios a partir de los cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias resultado de posibles conductas irregulares”.
“Estos procedimientos arrojaron omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos”, puntualizó.
La Secretaría de la Función Pública aclaró que “en todo momento, se respetó el derecho de audiencia de la persona inhabilitada, sin que haya podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos producto de un bien inmueble”.
“El funcionario fue notificado hoy de la resolución, cuyo efecto implica que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando. En estricto apego a la ley, y para garantizar su cumplimiento, la Secretaría de la Función Pública vigilará la efectiva aplicación de la sanción y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias”, añadió.
La exoneración de la FGR
El 26 de junio del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la FGR hizo una investigación al cesado director general de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada, por estar involucrado en la Estafa Maestra y “no lo encontró responsable”.
“Tengo la información de hoy de que la Fiscalía General hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución”, alcanzó a informar López Obrador en la conferencia matutina de este miércoles.
El funcionario acusado de firmar en 2014 un convenio por 82.9 millones de pesos con la Universidad Popular de la Chontalpa, de Cárdenas, Tabasco, y esta institución subcontrató a siete empresas “fantasma” o irregulares, que no cumplieron con los servicios y desaparecieron los recursos públicos, fue reinstalado.
Lozada Aguilar estuvo cobrando hasta el 11 de abril, tres meses después del anuncio del jefe del Ejecutivo federal de que sería separado de la dirección general de PEP, empresa que debería tener sus oficinas centrales en Ciudad del Carmen.
El 17 de febrero del 2019, Página 66 publicó que el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que no ha sido ratificado Miguel Ángel Lozada como director de PEP, quien fue separado de su cargo por estar involucrado y bajo investigación en el magno desvío de recursos públicos bautizado como la Estafa Maestra.
En una primera reacción, en la conferencia matutina de ese día, el presidente López Obrador aseguró que “el señor Lozada no está ya en Pemex, está separado de Pemex”.
“El señor Lozada, desde hace ya varios días, a partir de la definición que hizo del caso el presidente de la República, solicitó un permiso sin goce de sueldo, durante el tiempo que dure la investigación, que en curso lleva la Secretaría de la Función Pública”, expresó Romero Oropeza.
“Y dependiendo del resultado de esta investigación, tal y como aquí el presidente lo manifestó en días pasados, va a definirse la situación en relación al resultado de la investigación. El señor Lozada no está en funciones en este momento”, reveló.
Antes, el 31 de enero del 2018, este medio electrónico manifestó que el cese del exfuncionario, quien habría llegado al puesto al calor de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, se registró a menos de dos meses de haber sido nombrado.
PEP es la compañía que acompañará al corporativo de Pemex en la instalación de las oficinas centrales en Ciudad del Carmen, como ofreció a mediados de diciembre el presidente López Obrador, en una visita a la Isla, para anunciar el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos.
Involucramiento en Estafa Maestra
En 2014, cuando fungía como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción, Lozada Aguilar signó el convenio 422082806, para entregar 82.9 millones de pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, con sede en Cárdenas, Tabasco, para recibir servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.
A su vez, la UPCH dio más de 80 millones de pesos a siete empresas que no cumplieron con los trabajos, y cobró una ‘comisión’ de un millón 982 mil pesos. Entre las compañías, está Maheca S.A. de C.V., cuyos socios accionistas son prestanombres, como el conserje Francisco N., de una escuela en una ranchería pobre de Tabasco.
Las otras dos presuntas accionistas, Ofelia del Rosario Arce y Alejandra Pinete, no fueron localizadas.
Las otras seis empresas, denominadas Logistic Peninsular S.A. de C.V.; Apa Investments S.A. de C.V.; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax; Pacific Asistence S.A. de C.V.; Pen Comerce S.A. de C.V.; y Global Baker Oil S.A. de C.V., fueron clasificadas como “fantasmas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En un comunicado, la SFP dio a conocer que los análisis de La Estafa Maestra confirman la participación de tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción en la firma de 25 convenios que presuntamente resultaron en desvíos de recursos.
Entre los principales hallazgos de la Secretaría, “se desprende que el modus operandi de los convenios celebrados dispersaba los recursos recibidos, a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que, a su vez, subcontrataban a otras empresas, lo que contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano”.
“El análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas “fantasmas” o que simularon la realización de trabajos”, apuntó.
Más información en:
https://www.pagina66.mx/exoneran-a-director-de-pep-de-estafa-maestra/
https://www.pagina66.mx/involucrado-en-la-estafa-maestra-cesan-a-director-de-pep/
https://www.pagina66.mx/aun-bajo-investigacion-ex-director-de-pep/
