Los representantes de las comunidades mayas exigen al Estado mexicano la reparación de los daños causados por la autorización del permiso de soya transgénica a Monsanto y se dé prioridad al apoyo de las semillas nativas y la apicultura en la región, y solicitan la suspensión e inejecución de las consultas indígenas.

CAMPECHE, Cam. 10 de diciembre del 2017.- Representantes de pueblos mayas de la Península de Yucatán se pronunciaron en contra de los megaproyectos que los gobiernos federal y estatales promueven en sus territorios ancestrales, sin consultarlos, como la construcción de centrales eólicas, la siembra masiva de transgénicos y el establecimiento de parques solares, entre muchos otros.

Las comunidades indígenas presentaron un frente unido en contra de las continuas violaciones a sus derechos humanos y la discriminación que viven sus mujeres y sus líderes de forma sistemática, que no les permite participar en las decisiones sobre sus territorios y comunidades, y demandaron la suspensión e inejecución de las consultas indígenas, que están plagadas de violaciones a sus derechos.

Los dirigentes de más de 30 pueblos mayas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se reunieron en la ciudad de Campeche para trazar una agenda conjunta y para proponer un plan de desarrollo apegado a sus formas de vida que sea sustentable y tome en cuenta a las generaciones futuras.

Confirmaron que el 17 de septiembre, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que emitió el permiso para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada a favor de la empresa Monsanto Comercial S. de R. L. de C.V. (evento MON-04032-6) en siete entidades del país, incluyendo los tres estados de la Península de Yucatán, determinó revocar dicho permiso.

“El Senasica argumentó que esa empresa ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada, puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla.” También establece que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible” atribuible a esa empresa transnacional”, indicaron.

“A cinco años de haber otorgado el permiso, este acto administrativo del Senasica es producto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos han realizado por la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la Península, a pesar de que el permiso se encontraba suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a raíz de las sentencias emitidas en diversos momentos”, apuntaron

Reiteraron que “tanto en la región Poniente de Bacalar, en Quintana Roo, como en la región de Los Chenes, en el municipio de Hopelchén, del estado de Campeche, se ha podido comprobar la presencia de soya transgénica sembrada durante 2016 y el 2017”.

“Se han detectado miles de hectáreas de soya genéticamente modificada, lo cual implica no sólo la violación a una sentencia judicial emitida por la Suprema Corte y al proceso de consulta mandatado por el máximo tribunal, sino también es clara evidencia de que en México no existen medidas adecuadas de bioseguridad que garanticen la siembra de transgénicos, sin que exista riesgo de contaminación y dispersión, y por lo tanto de “daños graves o irreversibles al medio ambiente, biodiversidad y salud humana”, expusieron.

Insistieron en que “cuando menos desde 2012, tanto la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), habían advertido de la falta de condiciones para implementar adecuadas medidas de bioseguridad en la región frente a la siembra de OGM, dado que ya se había documentado, en las fases experimental y piloto, siembra de soya transgénica de Monsanto fuera de los polígonos permitidos, incluyendo en áreas naturales protegidas de la Península de Yucatán”.

Resaltaron que dichas opiniones fueron desatendidas tanto por el Senasica, como por la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DGIRA), quienes a la postre avalaron el permiso a Monsanto que hoy, cinco años después, se le revoca.

“Insistimos también en que tampoco la Suprema Corte tomó en consideración esas opiniones durante el litigio constitucional, al convalidar la validez de la Ley de Bioseguridad con lo cual se exhibe la responsabilidad de estas instituciones al no hacer efectivo el principio precautorio”, aseveraron.

Mencionaron que las instituciones han omitido investigar otras consecuencias derivadas de la siembra ilegal de la soya transgénica, como la contaminación del agua, el uso masivo y descontrolado de agrotóxicos con su consecuente afectación a la apicultura y a la salud humana de las comunidades, así como la rampante deforestación de la zona.

“Si bien es cierto que la revocación del permiso es una medida de sanción administrativa a la empresa Monsanto, también lo es que la investigación de la siembra ilegal debe incluir a toda la cadena de distribución de la semilla, incluyendo las bodegas donde se almacena y distribuye el grano”, agregaron.

“Dichas investigaciones deben establecer no solo responsabilidades administrativas, sino también penales, dado que la distribución y siembra de organismos genéticamente modificados no autorizados es también un delito. Al respecto es preciso recordar que se encuentran abiertas dos carpetas de investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR), mismas que hasta la fecha no han sido determinadas”, recordaron.

Frente a esta decisión del Senasica, que aún no es definitiva, las comunidades mayas de la Península solicitaron la suspensión de los diversos procesos de consulta, hasta en tanto no se confirme en la última instancia la revocación del permiso y hasta que no se detengan las innumerables violaciones a los derechos de los pueblos que se han venido suscitando en el proceso iniciado en marzo de 2016 en Hopelchén, Campeche.

Denunciaron que aún y cuando el permiso ya no esté vigente, productores, centros de distribución y empresas procesadoras de oleaginosas continúan sembrando, vendiendo y comprando esta soya. La revocación en sí presenta un primer paso para detener el tráfico ilegal de esta semilla y las afectaciones a la biodiversidad de la selva maya y al patrimonio biocultural del pueblo maya.

“Queda pendiente todo el proceso de reparación por los daños causados al patrimonio biocultural de las comunidades mayas afectadas por la siembra de soya transgénica. Los daños ambientales al territorio son graves y requieren una acción coordinada del Estado mexicano para restituir toda la pérdida de biocultural que se ha generado por la acción de Monsanto y los productores soyeros, agudizada por la omisión de autoridades federales”, añadieron.

“Finalmente, las comunidades mayas exigimos el establecimiento inmediato de la Zona Libre de Transgénicos para toda la Península de Yucatán y al poder legislativo, que se ocupe de impulsar leyes que protejan al medio ambiente. También hacen un llamado a las instancias pertinentes de hacer efectivo el principio precautorio y reparar o vigilar la reparación de los daños ocasionados al pueblo maya tras el otorgamiento de dicho permiso a Monsanto”, concluyeron.