La Secretaría de la Función Pública revisó 62 convenios, entre ellos los 11 de la Unacar con Pemex Exploración y Producción y Sagarpa, y halló “hechos constitutivos de delitos”, con una afectación patrimonial al erario federal por hasta 4,558 millones de pesos.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 5 de septiembre del 2020.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que presentó 44 denuncias penales, entre las que resaltan cinco contra Pemex Exploración y Producción (PEP) y dos contra la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa) por hechos constitutivos de delito, relacionados con la Estafa Maestra.

Entre los 62 convenios de 27 entes de la Administración Pública Federal con instituciones de educación pública superior denunciados, con una afectación patrimonial al erario federal del orden de hasta cuatro mil 528 millones de pesos, estarían los 11 firmados por PEP y Sagarpa con la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) en 2013.

En su Segundo Informe de Labores, la SFP dio a conocer que “se revisaron convenios celebrados por 27 entes de la Administración Pública Federal con instituciones de educación pública superior, para detectar hechos constitutivos de delito (Estafa Maestra)”.

“De la revisión realizada a la fecha, resultó la presentación de 44 denuncias penales, las cuales se desglosan de la manera siguiente: cinco relacionadas con Pemex Exploración y Producción, seis con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dos con la Comisión Federal de Electricidad, dos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocho con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 11 con la Secretaría de Bienestar, dos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y uno cada uno con la Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Pronósticos, Seguridad Alimentaria Mexicana, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Instituto Mexicano de la Juventud, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional”, detalló.

Estos casos denunciados, precisó, están “relacionados con un total de 62 convenios, en los que posiblemente estuvieron involucrados servidores públicos en la forma de operar conocida como la Estafa Maestra, que podría representar una afectación patrimonial al erario del orden de hasta cuatro mil 528 millones 870 mil 469.87 pesos, aún no determinado”.

La Unacar, la que más cobró

Cabe recordar que la Universidad Autónoma del Carmen fue la institución educativa que más recursos obtuvo por los 11 convenios con Pemex y Sagarpa, con el cobro de una “comisión” de 331 millones de pesos. Para cumplir con los servicios, subcontrató ilegalmente a 19 empresas y una persona física.

El cinco de septiembre del 2017, se publicó, según investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que de los mil 157 millones de pesos cobrados por la Unacar, supuestamente pagó 826 millones 438 mil 300 pesos a 20 subcontratistas, entre ellos el Grupo Industrial Ahcof México, S.A. de C.V. y Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, S.A.P.I. de C.V. (ESEAT), que representó el 71.4 por ciento de los recursos, y el resto, 331 millones 241 mil 100 pesos, se lo quedó como “comisión”. Fue la que cobró la más alta cantidad de las ocho universidades involucradas en este desfalco.

A detalle, la estafa de la universidad

Como reportó en febrero del 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ni la Universidad Autónoma del Carmen, ni las empresas “proporcionaron la información y documentación que acredite que los servicios que presuntamente prestaron están vinculados con los objetos de los convenios”.

La universidad carmelita también señaló a la ASF que “incurrió en gastos por pagos realizados a personal dependiente de la universidad, para dar cumplimiento a los convenios suscritos con PEP y Sagarpa-Senasica por un importe de 116 millones 558 mil 700 pesos, de los cuales tampoco proporcionó la documentación e información que acredite el pago a este personal”.

“De los recursos federales restantes, por un importe de 214 millones 682 mil 300 pesos, la Unacar no presentó documentación comprobatoria de su ejercicio para la ejecución de los servicios convenidos con PEP y Sagarpa-Senasica”, puntualizó el organismo fiscalizador federal.

También determinó que “los importes contratados por la Unacar, como parte de sus costos y gastos incurridos, superaron el 49 por ciento del recurso total recibido por los servicios prestados a Pemex–PEP y Sagarpa-Senasica, por lo que la contratación de dichas empresas debió ajustarse a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

“No obstante, la Unacar no proporcionó información y documentación, tanto justificativa, como comprobatoria, referente al procedimiento de adjudicación que fue utilizado para sus contrataciones”, apuntó.

Sobre los convenios de alianza para el intercambio de desarrollo tecnológico e investigación científica que signó con varias empresas, con lo que pretendió enmarcar la subcontratación, la Auditoría manifestó que la institución educativa pretende fundamentar la facultad de celebrar dichos convenios basándose en el artículo 7, inciso n, de la Ley Orgánica de la Universidad.

“Como puede advertirse, la facultad que se otorga a la universidad se limita única y exclusivamente para el efecto de que ofrezca los servicios de capacitación, educación continua, asesoría, asistencia técnica, estudios y análisis especializados e ingeniería en general, desarrollo de investigación, desarrollo de tecnología aplicada y servicios diversos; pero de ninguna manera para llevar a cabo la adquisición, contratación o subcontratación de dichos servicios, por lo que la interpretación que de tal disposición normativa realiza la Unacar, se considera desacertada, es decir, no se colman los extremos para poder celebrar convenios en los que las empresas sean las que le proporcionen servicios a la universidad”, explicó.

Multas al rector por retrasar entrega de información

La Auditoría Superior reveló también que “inició el procedimiento para la imposición de una multa al rector de la Universidad Autónoma del Carmen (José Antonio Ruz Hernández), por no haber atendido en el plazo y términos solicitados los requerimientos de documentación e información, realizados mediante el oficio número AECF/0297/2015, de fecha siete de mayo de 2015”, y otra “por no haber atendido en el plazo y términos solicitados los requerimientos de documentación e información, realizados mediante el oficio número DGAF/0427/2015, de fecha 27 de abril de 2015”.

También se inició el procedimiento de sanción económica a Ruz Hernández por no proporcionar información sobre una solicitud fechada el uno de julio del 2015.

La ASF revisó los contratos, convenios de colaboración y acuerdos específicos suscritos con la administración pública federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, a través de la auditoría forense: 14-4-99032-12-0206, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos, “al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.

El organismo fiscalizador expresó que la Unacar recibió recursos federales por la celebración de convenios con Pemex-PEP y la Sagarpa-Senasica para realizar diversos servicios, “donde la universidad no garantizó que se llevaran a cabo bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, que aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Adjudicaciones, sin licitación pública

Aquella vez, la Auditoría manifestó que durante cuatro años consecutivos, “ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios, sin realizar licitación pública, al amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.

“No obstante que la ASF ha presentado diversas denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones, a pesar de que se ha recomendado a todas las instancias responsables de la vigilancia del ejercicio y la correcta aplicación de recursos, que incorporen al Sistema CompraNet estos convenios y contratos que simulan adquisiciones, lo cual no ha sido atendido. Por lo anterior, en seguimiento a los resultados y en atención a los hallazgos de la cuenta pública 2013, se determinó llevar a cabo esta auditoría forense”, justificó.