La organización ambientalista da a conocer un posicionamiento sobre decreto presidencial sobre glifosato, en el que se involucra a la Semarnat, de Víctor Manuel Toledo, sin haberlo consultado.

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto del 2020.- La organización ambientalista Greenpeace México denunció que el decreto presidencial para establecer las acciones para programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que permitan determinar la seguridad del glifosato, publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  (Sader) en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), no ha sido producto del diálogo entre las instituciones involucradas, (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) Semarnat, Secretaría de Economía (SE), Sader y Secretaría de Salud (SS).

La agrupación ambientalista manifestó que el cuatro de agosto, la Semarnat publicó en su sitio la solicitud de una disculpa pública a la Sader, por haber utilizado, sin su consentimiento, el nombre de su titular, Víctor Manuel Toledo, en un anteproyecto de decreto presidencial sobre el herbicida glifosato que, en sus palabras, “no sólo no refleja, sino que contradice las instrucciones dadas por el presidente de la República”

Greenpeace México ha denunciado anteriormente la postura de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, representante de la Sader, debido a que se ha caracterizado por ser un arduo promotor de los agrotóxicos, los monocultivos y los transgénicos, favoreciendo a la agroindustria, representada por las compañías Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina que dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas.

“No sorprende que la postura del titular de la Sader lo lleve a plantear trabas institucionales a la transición agroecológica y al fortalecimiento de la soberanía alimentaria propuestas por la Semarnat, puesto que el posicionamiento de Villalobos es contrario a la visión de la 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró Viridiana Lazaro, especialista en Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace México.

Por lo tanto, para que la democratización de la política pública sea una realidad, debe existir un diálogo público que apele siempre al principio precautorio y a la ciencia, tal como lo ha expresado en repetidas ocasiones el titular de la Semarnat Víctor Manuel Toledo”, agregó Lazaro.

Recordó que en 2015, el glifosato fue clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en una amplia literatura científica.

“Con respecto a lo anterior, la monografía de lARC concluye que “hay evidencia limitada en humanos para carcinogenicidad del glifosato” y “hay evidencia suficiente en animales de experimentación para la carcinogenicidad del glifosato” (IARC 2015)”, agregó.

“La IARC basa su decisión en más de mil estudios científicos y como resultado, concluyó que hay fuerte evidencia de que la exposición al glifosato o formulaciones a base de glifosato es genotóxico y puede inducir estrés oxidativo, dos factores conocidos como precursores de cáncer en humanos. Este último mecanismo también se atribuyó al Ácido aminometilfosfónico o AMPA (el principal metabolito del glifosato, sustancia que se forma al degradarse el glifosato en el cuerpo humano)”, indicó.

En Greenpeace, puntualizó, estamos convencidos de que el glifosato y otros herbicidas y plaguicidas implican un cuantioso costo a los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad, violando los derechos humanos de la población.

Mencionó que el glifosato está lejos de ser un herbicida benigno, y se debe mantener la prohibición de su uso en México, tal como lo ha estipulado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para asegurar la salud humana y medio ambiental, además de estar en franco cumplimiento con la Recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en enero de 2019, promovida por Greenpeace junto con más de 40 personas,  que insta a diversas instancias, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Semarnat y  Sader, a atender la mala gestión y manejo de los plaguicidas en México, en particular aquellos altamente peligrosos (PAP), recomendación que las distintas instancias federales de este gobierno, han aceptado acatar en todos sus términos.

“Proyectos, como el modelo denominado Agricultura Campesina de Conocimientos Integrados (ACCI), combinado con Manejo Integrado de Cultivos Inducidos (MICI), implementado por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) nos demuestran que los agrotóxicos y transgénicos no son necesarios para acabar con el hambre en el mundo (como suelen publicitar las empresas) y que es posible producir alimentos más saludables y nutritivos sin utilizar productos químicos con prácticas agroecológicas8, modelo con el que se pueden mejorar los rendimientos, reducir los costos de producción y dar a las familias alternativas para dignificar su labor en el campo”, concluyó.